Siendo realistas, los únicos que seriamente pueden aspirar a ocupar esta posición son: el actual edil capitalino, Pepe Chedraui, o la actual secretaria del Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

Las definiciones se darán hasta el mes de noviembre y es que, como lo señalé en mi columna de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha podido imponer a sus candidatos en las diferentes entidades en donde habrá elecciones el próximo año.

El choque con el grupo Tabasco, cuyas cabezas visibles son el senador Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, ha resultado ser más desgastante tanto para Morena como para la presidenta de lo que se esperaba.

Esto ha atrasado el proceso de definición de las coordinaciones estatales, en entidades clave, en donde también lo que está en juego es la unidad.

Una y otra vez lo hemos señalado en este espacio, la presidenta goza de una amplia popularidad, con una aprobación superior al 62%; sin embargo, el control y la toma de decisiones en temas importantes, parece todavía estar sujeto al visto bueno de Palenque.

En este contexto, la definición de las candidaturas a las alcaldías de las 60 ciudades prioritarias del país que van a estar en juego también el próximo año es un tema por demás complicado para la inquilina de Palacio Nacional, quien tiene que lidiar con varias pistas y al mismo tiempo.

Algo se ve claro: la presidenta carece de un operador (a) político de alto nivel, que le aligere la carga en este tipo de decisiones o que muestre la mano firme cuando sea necesario para meter en orden al grupo Tabasco y al resto de los que quieren desafiar al “águila”.

Tanto Citlalli Hernández como la propia presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, carecen de esa fuerza y de esa personalidad, aunque Citlalli parece ser la encargada de meter orden y también de poner la mano firme entre grupos de interés y gobernadores.

Es un hecho que los gobernadores, como ocurrió durante los gobiernos del PRI y del PAN, quieren también su parte del “pastel” que estará en juego en el 2027.

Es su responsabilidad sacar adelante la elección federal en sus respectivas entidades, tomando en cuenta que Morena busca mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, para ello, es necesario que los gobernadores del oficialismo se metan de lleno al proceso.

La popularidad de la presidenta no alcanza para sacar adelante la elección y menos porque, aunque querían meterla, ella no aparece en la boleta electoral, como sí ocurrió en el 2024, por eso es necesario que los gobernadores del “oficialismo” metan las manos, no en el proceso de selección de candidatos, pero sí en sacarlos adelante en sus respectivas entidades y, para ello, se les necesita dar un aliciente. ¿Cuál? ¿Sus cuentas públicas? Está visto que en Morena nadie va a la cárcel, ni por estar relacionado con el crimen organizado. ¿Entonces cuál?

Es un hecho que el mejor aliciente que pueden tener los gobernadores es que les dejen poner a sus candidatos en las diferentes alcaldías, las más importantes en sus entidades, y garantizar la mayoría en sus congresos locales.

Y es ahí en donde el gobernador Armenta, quien mañana dará el grito en el balcón del palacio municipal, lleva la mano.

Tal vez no pueda nombrar, pero sí puede vetar y es un hecho que ejercerá su facultad de veto.

Quedan pues dos factores por ver, si el factor género se inclina por una mujer como quiere el mandatario o si el gobernador ejerce su facultad de veto en caso de que la decisión recaiga en un hombre.

Como dijera el clásico. O al menos así me lo parece.

riva_leo@hotmail.com

El cargo Un 15 de septiembre con intenso olor a 2027 apareció primero en Reto Diario.

Exactamente hace un año el partido de la derecha perdió a su cuadro más notable que era la empresaria María del Carmen Culebro, quien gozaba de altos índices de popularidad y una notable presencia entre la militancia panista.

Todo el mundo la veía como la futura candidata del PAN a la Presidencia Municipal de Tehuacán y era la esperanza de empresarios y familias conservadoras, de que el partido derechista pudiera recuperar la plaza, luego de que ha fracasado en los últimos 12 años en la disputa del gobierno local.

Culebro renunció al PAN –en septiembre de 2025– tras advertir que el partido perdió su esencia como fuerza política de oposición y mostrar un hartazgo por las divisiones e intrigas que privan al interior del blanquiazul.

Ahora esta mujer se ha convertido en la promesa del partido Movimiento Ciudadano de poder pelearle a Morena la Presidencia Municipal de Tehuacán, sobre todo porque varios liderazgos panistas la han seguido al “partido naranja”.

La salida de Culebro generó un fuerte vacío en el PAN, que en los últimos 12 meses no ha podido ser revertido. Nadie ha podido posicionarse con la fuerza necesaria para competir por la Presidencia Municipal.

Como diría el clásico priista: en Tehuacán “la caballada del PAN está flaca y triste”, pues no tiene a nadie que le ofrezca a dicho instituto político regresar a la competencia electoral.

En el presente hay tres aspirantes a la candidatura panista, ellos son: Verónica Sobrado Rodríguez, quien ya fue diputada local y es la presidenta del Comité Municipal del PAN. A ella se la adjudica mucho el ambiente de divisiones y confrontaciones que existe hacia al interior de dicha fuerza política.

Victoria Ruth Sonia López Macías ya fue diputada federal y ha sido dirigente del partido en Tehuacán. Aunque tiene mucha cercanía con grupos empresariales de la ciudad, su popularidad fuera del albiazul es muy reducida.

Jesús Negrete Villanueva es dueño de una empresa de camiones de carga y no tiene experiencia en la política partidista o compitiendo por un cargo de elección popular.

Todo apunta a que Jesús “Chucho” Negrete, que es como le gusta ser nombrado, será el candidato del PAN a la alcaldía de Tehuacán. Tal parece que nadie le compite por la postulación.

La apuesta del PAN es que Negrete es “un rostro fresco” dentro del albiazul, situación que le permitiría construir una candidatura de corte “ciudadano”, es decir que sea ajena a los grupos de interés de dicha fuerza política. Ese es el razonamiento que se ha expresado desde la dirigencia estatal de Acción Nacional.

Dicho optimismo no es compartido por varios liderazgos panistas de Tehuacán que ven a Negrete como un personaje sin talento e idea para ganarse el apoyo del electorado y, sobre todo, que logre una identidad con las bases del partido.

Es un personaje tan lejano de la militancia panista que, el próximo 18 de septiembre participará en una actividad llamada “Café Político”, que es una mesa de diálogo y análisis que dirigentes y líderes del partido tienen con los militantes.

El objetivo de la reunión es que empiecen a conocer, a escuchar, a valorar, los integrantes de las fuerzas vivas del PAN. No es una mala idea llevarlo a ese “Café Político”. El problema es que eso tendría que haber ocurrido, por lo menos, hace un año. No ahora que ya se tienen encima los plazos para elegir a los candidatos a alcaldes.

El cargo Débil y dividido, el PAN en Tehuacán apareció primero en Reto Diario.

Para entender por qué existe esa preocupación no basta revisar el expediente familiar. Hay que reconstruir la ruta que llevó a Juan Daniel desde una constructora de Tehuacán hasta la Secretaría de Infraestructura del gobierno de Miguel Barbosa.

Antes de convertirse en funcionario estatal, Juan Daniel trabajó en la constructora Alanjo, empresa con la que se encuentra relacionado el empresario tehuacanero Alfonso Fernández Santiago. Su llegada al gobierno no se explicaría únicamente por su experiencia profesional: a su favor habría pesado la amistad de su padre con Miguel Barbosa y la influencia de Alfonso Fernández, uno de sus antiguos jefes y personaje cercano a los círculos empresariales y políticos de Tehuacán.

Juan Daniel no llegó solo.

Durante su paso por Infraestructura aparecieron en su entorno nombres como Jesús Mejía, Ricardo Flores y Alberto Arango, señalado como uno de sus principales operadores. Todos tenían origen o relaciones en Tehuacán, y todos eran integrantes de un grupo que consiguió posiciones dentro de una de las áreas con mayor presupuesto y capacidad de contratación del gobierno estatal. El discurso era que Tehuacán finalmente tendría presencia en el gobierno, pero una cosa es incorporar perfiles de una región y otra muy distinta utilizar la administración pública para concentrar cargos, contratos y oportunidades alrededor de un mismo grupo.

Por eso resulta indispensable revisar qué ocurrió durante el paso de Juan Daniel Gámez por Infraestructura. ¿Qué contratos recibió Alanjo mientras uno de sus antiguos colaboradores ocupaba una posición estratégica? ¿Fueron beneficiadas empresas relacionadas con sus socios, representantes o allegados? ¿Existieron adjudicaciones, ampliaciones o invitaciones restringidas? ¿Cómo evolucionó el patrimonio de quienes formaron parte de aquel círculo?

Las preguntas no equivalen a una condena. Trabajar en una empresa antes de ingresar al gobierno tampoco constituye una irregularidad. Pero la trayectoria exige mayor explicación cuando, después de abandonar el servicio público, el funcionario regresa inmediatamente al mismo espacio empresarial del que salió.

Juan Daniel Gámez pasó de Alanjo al gobierno y del gobierno nuevamente a Alanjo. En medio quedaron los cargos, las obras, las relaciones y una estructura construida durante el barbosismo.

También quedó Alfonso Fernández.

El empresario aparece como una figura constante: relacionado con la constructora, cercano a la trayectoria de Juan Daniel y vinculado con personajes que adquirieron influencia durante el gobierno de Miguel Barbosa. Y, como ocurre con demasiada frecuencia cuando se revisan los asuntos delicados de Tehuacán, el nombre de Olga Romero Garci-Crespo comienza a aparecer cerca, no porque su presencia demuestre por sí misma una operación ilegal, sino porque la dirigente –de papel– de Morena comparte con Alfonso Fernández cercanía política, intereses y un entorno jurídico que también empieza a coincidir con el de Juan Daniel.

Emma Martínez Alvízar y Alicia Macías Bonilla, abogadas relacionadas con los asuntos legales de Olga Romero, aparecen ahora representando a Juan Daniel en su conflicto familiar. Cualquier profesionista tiene derecho a representar a los clientes que decida; compartir abogadas no acredita tráfico de influencias ni control sobre las decisiones judiciales.

Pero las coincidencias comienzan a acumularse: Juan Daniel Gámez y Olga Romero comparten origen político en el barbosismo, ambos se encuentran relacionados con Alfonso Fernández, y sus intereses convergen en Tehuacán, donde ahora aparecen acompañados por el mismo entorno jurídico.

¿Es solamente una coincidencia profesional o estamos observando la estructura legal de un mismo grupo político y empresarial? La respuesta exige revisar los expedientes, las designaciones y, especialmente, quién aparece detrás de las dos abogadas como abogado patrono.

Ese será el siguiente capítulo.

Porque esta historia comenzó con una disputa de custodia, pero ya nos condujo a una constructora, a la Secretaría de Infraestructura, a Alfonso Fernández y nuevamente a Olga Romero. En Tehuacán, cuando aparece un expediente incómodo, una obra cuestionada o una disputa de poder, su nombre nunca parece estar demasiado lejos.

Continuará…

El cargo Capítulo Dos: Juan Daniel Gámez, de Alanjo al poder y de regreso apareció primero en Reto Diario.

Ahora, como se dice actualmente: “ni modo que el alcalde no supiera”, ¿verdad?

VER en Instagram: Encuentran más equipo de criptomonedas en Tlaola

Este fin de semana, la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor, reveló que cinco alcaldes más son investigados por autoridades federales por diferentes delitos. Entre ellos está su participación con el crimen organizado.

A ver, tampoco es que mis fuentes judiciales necesiten decírmelo, pero es más que obvio que el alcalde de Tlaola, Simón Garrido, está en la lista.

La Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevan al menos 15 días dentro de su municipio trabajando para encontrar los dos laboratorios que ya decomisaron.

No es una estructura menor, son enormes y además se alimentaban de una fuente de electricidad clandestina.

Ahora, Simón Garrido llegó al poder cobijado por las siglas de Acción Nacional. Es uno de los poquitos alcaldes que tiene este partido.

Lo que ha cometido no es menor, porque este laboratorio, seguramente, trabajaba para una organización criminal importante de la zona.

Y todo esto sucede en medio de las declaraciones que hizo apenas esta semana el PAN, en las que acusó a Morena por los alcaldes detenidos de su partido y hasta salió a hablar de nepotismo.

Eso sí, sobre su alcalde de Tlaola y el laboratorio de criptomonedas no han dicho nadita.

Foto: Instagram / @ambas_manos

VER en Instagram: Marina encuentra más equipos de criptomoneda en Tlaola

El cargo El alcalde panista de Tlaola, en la mira por los laboratorios de criptomoneda apareció primero en Reto Diario.

O mejor dicho, que el dinero de procedencia ilegal vuelva a inundar las campañas proselitistas de los aspirantes a un cargo de elección popular, tal como se sospecha que pasa desde hace ya varios años.

Por enésima vez los gobernantes, los dirigentes partidistas y los directivos de los órganos electorales se han llenado de discursos de que, ahora sí, habrá un freno a la presencia de grupos criminales en la lucha por las alcaldías, gubernaturas y diputaciones. Pero en realidad nadie hace nada para cambiar esa realidad, porque no conviene a las propias fuerzas políticas.

En Puebla, la caída de casi dos decenas de alcaldes y jefes policiacos, en los dos últimos años, desnuda una realidad angustiante: el crimen organizado está instalado en muchos gobiernos municipales para desde ahí proteger, operar e incrementar sus actividades ilícitas, que van desde actos de corrupción, pasando por el robo de hidrocarburos, redes de narcomenudeo, asaltos carreteros y hasta llegar a los secuestros y la extorsión.

Frente a esa realidad solo hay demagogia, pues en los últimos 17 meses en Puebla, en un par de ocasiones, se ha debatido y se han anunciado proyectos legislativos para evitar que personajes oscuros logren ganar las postulaciones a alcaldes, que son las posiciones más lucrativa para el hampa, y al final no pasa de ser buenas intenciones.

Si realmente hubiera voluntad y determinación de sacudir esa perversa relación entre política y delincuencia, se tendría que atacar algo fundamental: frenar los actos adelantados de campaña y establecer controles estrictos a los gastos de las contiendas, que incluye el uso de propaganda excesiva, la compra de votos y el pago de equipos masivos de promoción de los aspirantes a ediles.

Para nadie es un secreto que, una manera de los grupos delictivos de ganarse la protección de políticos y gobiernos, es financiar las campañas electorales, con mecanismos que escapan de cualquier proceso de fiscalización de la autoridad electoral.

Otra manera es la corrupción galopante que hay en los partidos políticos, en donde “es un secreto a gritos” que muchas candidaturas se venden al mejor postor y que se pagan con dinero en efectivo, para evadir cualquier revisión de ingresos económicos.

En los municipios más pobres, con menos población y alejados de centros urbanos, las candidaturas se comercializan entre 800 mil y hasta millón y medio de pesos.

En las demarcaciones medianas, las cantidades pueden ser de dos y hasta 5 millones de pesos.

Mientras que en las plazas más importantes esas cifras pueden llegar hasta los 20 o 30 millones de pesos.

En Puebla hay campañas adelantadas, de los que quieren ser candidatos desde hace un año, en unos casos, y en otros ya rebasan el año y medio, cuando se supone que ningún partido ha abierto sus procesos de selección de abanderados.

Frente a esa realidad nadie hace nada. El Instituto Electoral del Estado de Puebla es un organismo de “brazos cruzados” que no mueve “un dedo” contra las campañas que están fuera de los plazos oficiales.

Eso lleva a que nadie investigue de dónde sale el dinero para mantener todas esas actividades de los políticos “adelantados”, que se justifican con argumentos que rayan en la banalidad.

Ejemplos hay muchos: la panista Genoveva Huerta Villegas ha dicho que las docenas de bardas con propaganda a su favor las mandó a pintar “un enamorado”, que por eso le pone las frases de: “Te amo Genoveva”.

El diputado y dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Miguel Márquez, lleva un año recorriendo el municipio de Huauchinango como si ya fuera el candidato oficial de Morena a la alcaldía. Se justifica diciendo que es su labor legislativa. Un argumento no válido, pues si así fuera, tendría que hacer lo mismo en todo el distrito que representa, no solamente en la localidad en la que tiene interés.

Ignacio Mier Velazco desplegó a lo largo de 2023 una monumental campaña de promoción, que en su momento, se calculó que costó unos 500 millones de pesos tan solo en la contratación de espectaculares. Dijo que esa propaganda la colocaban los que querían que fuera candidato de Morena a gobernador, el cual es un propósito que no logró y es la fecha que nadie sabe quiénes fueron esos supuestos “amigos que pusieron la lana”.

En 2010, la autoridad electoral fijó un tope de gastos de campaña para los candidatos al Gobierno del estado de Puebla de 61 millones 462 mil 676 pesos con cuarenta centavos. Los conocedores del tema calculan que el entonces aspirante de la oposición, el panista Rafael Moreno Valle Rosas, se gastó unos 2 mil 500 millones de pesos. Mucho del dinero que circuló en ese proyecto olía a huachicol.

La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en su artículo 526, establece que habrá topes de gasto de campaña para cada candidato y que se vigilará que no haya erogaciones no autorizadas, de instituciones públicas o particulares, a los candidatos.

También tiene normado que se puede revisar la información fiscal, los depósitos bancarios, ahorros e inversiones de los aspirantes a cargos de elección popular que, durante la contienda, evolucionen su situación patrimonial, incluyendo los ingresos económicos de parientes e incluso de concubinas o concubinos.

Esos mecanismos son insuficientes para frenar todo el financiamiento “que hay por fuera” de las campañas electorales, pues se han creado estrategias financieras para no rastrear “el dinero sucio”.

El Instituto Nacional Electoral ha dispuesto que en 2027 va a estrenar un mecanismo para evitar “la infiltración del crimen organizado” en las candidaturas.

Va a consistir que los partidos políticos tengan la posibilidad de solicitar una revisión de sus aspirantes a ser candidatos, cuando tengan “dudas razonables” sobre ellos. Entonces, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las fiscalías estatales, verificarán que los susodichos no estén involucrados en actividades ilícitas.

El problema es que, esa revisión, no es obligatoria. Solo si hay interés del partido político. Y el resultado de esa investigación será confidencial. Es decir, si se quiere no tendrá ningún efecto, aunque se haya descubierto que algún interesado en ser candidato ande “en malos pasos”.

Otras medidas que están proponiendo los partidos políticos rayan en el absurdo. Por ejemplo en Puebla se está impulsando la idea de que se aplique el examen antidoping a los que quieren ser candidatos.

Esa medida no resuelve nada. Es discriminatoria. El que una persona tenga un problema de adicción, leve o fuerte, no quiere decir que sea delincuente o corrupto.

Al revés, hay líderes del crimen organizado que se destacan por ser abstemios y nunca tocar las drogas que comercian.

Ahí estuvo el caso de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien en su calidad de líder del Cartel de Juárez, se destacaba porque nunca probó las drogas. Incluso, poco antes de que lo mataran, intentó llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Ernesto Zedillo de que le dieran impunidad, a cambio de que su organización criminal impidiera que en México creciera el narcomenudeo.

El cargo Nada evita que delincuentes se conviertan en candidatos a alcaldes apareció primero en Reto Diario.

A lo largo de tres décadas, Gaby y Sergio Salomón han consolidado no solo una relación muy estable, sino construido juntos una familia muy sólida, aspecto que estuvo presente en esta importante conmemoración. Aunque ciertamente acudieron algunos personajes de la política local y nacional, el encuentro no tuvo carácter de cónclave político, sino que se mantuvo como una celebración personal y familiar, muy íntima.

Entre los invitados al festejo del ex gobernador poblano y comisionado del Instituto Nacional de Migración, estuvieron los alcaldes de Puebla, José Chedraui Budib, y Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero, así como el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien solamente los acompañó durante la misa. La ceremonia religiosa, por cierto, estuvo a cargo del arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien les dedicó un emotivo mensaje.

De bajo perfil y ajeno a los protagonismos –bien dicen que tan importante es ser gobernador como ser ex gobernador–, Sergio Salomón quiso que su fiesta no rompiera con los principios de austeridad y justa medianía asociados a la cuarta transformación. Ya se sabe lo que pasa con las pachangas donde corren la mejor champagne y las más onerosas viandas, esas en las que se hace alarde de riqueza y frivolidad, y si no, que le pregunten a César Yáñez.

El de Sergio Salomón y Gaby Bonilla fue un festejo muy, muy diferente, sin otra intención que celebrar la vida, la vida compartida, y el amor. Acompañados de sus seres queridos, la feliz pareja recibió felicitaciones por estas tres décadas de matrimonio y los mejores deseos para los años que están por venir.

El cargo Sergio Salomón: una celebración austera apareció primero en Reto Diario.

La especie no ha sido confirmada por la embajada de Estados Unidos ni por el gobierno mexicano, pero tampoco desmentida por el gobernador poblano.

Una fuente cercana al mandatario estatal me asegura que la visa de Alejandro Armenta sigue vigente y que incluso en los próximos días viajará al país para participar en las celebraciones de la Independencia y el desfile que la comunidad migrante mexicana lleva a cabo en la ciudad de Passaic, Nueva Jersey.

Sin embargo distintos medios fronterizos –como El Imparcial– dan cuenta que tales festejos están suspendidos ante la preocupación de los organizadores por la seguridad de los asistentes, en un contexto marcado por el temor a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El desfile por la Independencia de México se había realizado durante más de 35 años en la ciudad de Passaic de manera ininterrumpida.

Por la tarde el Gobierno del estado emitió un posicionamiento donde asegura que el gobernador poblano no ha recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa, pero aclarando que el otorgamiento o cancelación de este documento es una decisión que solo compete a las autoridades estadounidenses.

En el mismo comunicado se precisa que “cualquier determinación en este rubro, no impacta el trabajo permanente que el Gobierno del Estado de Puebla lleva a cabo a favor de la comunidad migrante ni de sus familias”, dejando abierta la posibilidad que la visa del gobernador haya sido cancelada.

Hay que destacar que el posicionamiento del gobierno poblano no desmiente la versión de Simón Levy, solo aclara que hasta el momento no han recibido notificación alguna al respecto.

Cualquiera que sea la verdad, pronto la sabremos, ya sea por el mandatario estatal que efectivamente viaje a la ciudad de Passaic, o porque el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lo haga oficial, como ha ocurrido con otros políticos y gobernadores mexicanos.

#POSICIONAMIENTO

El Gobierno del Estado de Puebla desmiente que el gobernador, @armentapuebla_, haya recibido alguna notificación sobre el retiro de su visa de los Estados Unidos.

El otorgamiento o el retiro de este documento corresponde únicamente a la política interna de las… pic.twitter.com/K4jGh5R7q7

— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) September 13, 2026

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Daniel Mendoza sustituye a Guillermo Valdez como administrador de jueces de oralidad penal

Ya hay nuevo administrador general de los Juzgados Penales de Puebla. Se trata de Daniel Mendoza Medel, quien sustituye en el cargo a José Guillermo Valdez Luna.

Daniel Mendoza llega con el visto bueno del presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández.

Quien ya también renunció como secretaria Administrativa del Consejo de la Judicatura es Virgina Aburto Rodríguez, por serios desacuerdos con su jefe en temas presupuestales y administrativos del Poder Judicial.

Virgina relevó a Guadalupe Flores Santos.

Su separación obedece a que no quiere ser cómplice de irregularidades, razón por la que también antes había dejado la Secretaría de Salud del estado.

La renuncia de José Guillermo Valdez está antecedida de denuncias de acoso y de corrupción, en complicidad con el juez de Oralidad Penal, Salvador Hernández Martínez.

El cambio del administrador en los juzgados penales es todavía peor, pues los jueces se quejan de que ahora son presionados a fallar en cierto sentido, por pagos de 30 mil, 50 mil y hasta 150 mil pesos que se negocian en las altas esferas.

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Correo electrónico: periodistasoy@hotmail.com

El cargo ¿El gobierno de EE. UU. le quitó su visa al gobernador Alejandro Armenta? apareció primero en Reto Diario.

Al inicio de la presente administración estatal, “La Maestra”, como también se le conoce, estuvo al frente de la Legislatura local y sus resultados están a la vista, un primer año legislativo en donde prevalecieron los resultados y el orden dentro de las diferentes bancadas, con un respeto total y absoluto hacia la oposición.

No hubo encomienda que Laura Artemisa no cumpliera, lo cual dio paso a su traslado a las oficinas ubicadas en el Ex Rancho de la Rosa, para hacerse cargo del programa “estrella” del gobernador Armenta, la obra comunitaria, la cual tiene un importante impacto social en el estado.

En ningún momento la maestra ha demeritado en la encomienda planteada, siempre disciplinada, siempre ordenada, siempre con estructura propia y dando resultados, mismos que están a la vista.

En 2025 se realizaron un total de 4 mil 192 asambleas en los 217 municipios del estado (entre 160 y 180 en zonas de atención prioritarias), con lo que se conformaron igual números de comités con 20 mil 960 integrantes, repartidos en los 217 municipios de la entidad.

La derrama económica de recursos ascendió a la cifra de más de mil millones de pesos, sin que hubiera un solo escándalo de desvío de recursos o que se haya favorecido a algún empresario o amigo de la titular del área o de sus allegados.

En 2025, del total de obras ejecutadas, el 48.33% se enfocaron a obras de electrificación y de urbanización (548 millones de pesos); para trabajos de infraestructura básica el 27.98%, con más de mil 100 escuelas intervenidas y una inversión de más de 193 millones de pesos (aulas, sanitarios, techados e inmobiliario escolar).

De la misma forma, para obras de asistencia social se aplicaron el 9.8% y para servicios comunitarios, se aplicaron 141.6 millones de pesos. Para obras de drenaje, agua potable y alcantarillado se invirtieron 77.7 millones, lo que equivale al 7.3% del total del presupuesto. Para trabajos de salud, vivienda y productividad se repartieron 87.3 millones de pesos para atender a 201 casas de salud, 31 centros de salud y siete hospitales comunitarios. También se instalaron mil 500 alarmas vecinales en Puebla, Cuautlancingo y San Pedro Cholula.

Pero 2026 ha sido todavía más productivo ya bajo la conducción total de “La Maestra”, porque tan solo en Puebla capital se han entregado hasta el momento recursos por más de 118 millones de pesos, para apoyar 508 proyectos.

La educación es un rubro que Artemisa conoce mejor que nadie y en eso se han invertido 189 millones de pesos en mil 136 proyectos y en este 2026 van 458 apoyados con una derrama de más de 100 millones. No podía ser de otra manera.

Laura Artemisa es ante todo leal al amigo, pero sobre todo al jefe político que le dio la oportunidad de ser parte de su proyecto. Para ella el tema del protagonismo o de hacer “grilla barata” no va con sus formas, ni mucho menos con su estilo de hacer política.

“La Maestra” es mujer de lealtades y de resultados y está lista para la encomienda para la cual sea requerida. Cuando llegue el momento, ella ya hizo la tarea y su jefe lo sabe.

Caminar, hacer territorio y generar estructura es algo que se le da de manera natural, pero siempre, reitero, al servicio de quien le dio la oportunidad de estar en el servicio público y la política, como parte de un equipo.

La maestra va a cerrar el 2026 como lo sabe hacer ella, con resultados, y por supuesto sabe que su trabajo es el que habla por ella. Es cuanto.

riva_leo@hotmail.com

El cargo Laura Artemisa, lealtad y resultados apareció primero en Reto Diario.

Una característica que hubo durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas es que se dio plena impunidad a los alcaldes que se plegaban a los intereses del titular del Poder Ejecutivo. Una situación que aprovechó el crimen organizado.

La forma en que se lograba esa “lealtad” es que a los alcaldes se les hacía ceder al grupo morenovallista la mayor parte de sus presupuestos de obra pública, su operación político-electoral y una ración grande de sus “ganancias” por cobros ilegales a los llamados “giros negros”.

A cambio de ello, se les ofrecía a los ediles una fiscalización simulada o “leve” de sus cuentas públicas.

Y, entonces, los líderes del crimen organizado –desde esa época– entendieron que controlar o tener de aliados a los alcaldes les daba protección frente a la acción de los cuerpos policiacos o del Ejército.

Quienes saben del tema dicen que todo inició en la campaña electoral de 2010, pero no del lado del oficialismo, que en ese entonces lo representaba el PRI, sino en el frente opositor que Moreno Valle creó con el PAN a la cabeza.

Había algo muy evidente: en la disputa por la gubernatura de Puebla de hace 16 años, en la campaña electoral del PAN y sus aliados el gasto operativo, la propaganda, el tamaño de los mítines, la capacidad de movilizar gente y hasta el uso de aparatos de espionaje era muy superior a lo que usaba el PRI, que se supone tenía el respaldo del entonces gobierno de Mario Marín.

¿A qué se debía esta disparidad? Se dice que grupos criminales de Veracruz, Jalisco y Michoacán, por medio de empresarios que lavan dinero, habrían aterrizado importantes cantidades de fondos en el frente opositor.

Una vez que el morenovallismo ganó el Poder Ejecutivo, los grupos criminales obtuvieron grandes beneficios en pago al financiamiento aportado.

Cuentan que el grupo de Veracruz exigía a cambio de sus aportes que se les dejara seguir “ordeñando” ductos de Pemex, la cual era una actividad que en ese momento no era tan visible y pasaba desapercibida.

Las otras organizaciones pidieron que se les permitiera entrar al negocio del “huachicol”, pues el estado es una plaza apetitosa por la cantidad de tuberías que atraviesan el territorio poblano y que alimentan de hidrocarburos a zonas industriales de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.

Quienes habrían dado más dinero en la campaña fueron los de Jalisco, razón por la cual en el segundo año del gobierno del morenovallismo se “les abrió la puerta al mundo del huachicol”, mediante un esquema en que los jaliscienses contrataban a agrupaciones locales de Puebla para hacer el trabajo de robo del combustible.

A los veracruzanos, que principalmente eran del cartel de Los Zetas, se le expulsó del hurto de hidrocarburo –pues al principio se les cedió todo a los de Jalisco– y, a cambio, se les dejó incursionar en otros “oficios” delictivos como eran las extorsiones, los asaltos carreteros y las redes de trata de personas.

Con el paso del tiempo, en particular en el año 2014, hubo una disputa violenta entre ambos mandos, que llevó a que se repartieran el territorio poblano, tomando como punto de partida, el llamado “Triángulo Rojo”, que es la zona donde floreció el robo de hidrocarburos.

Todas esas organizaciones tenían una característica común: eran enemigos del poderoso Cartel de Sinaloa, protegido por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Por esa razón, tenían al secretario de Seguridad Pública del caldenorismo, Genaro García Luna, “pisándoles los talones”.

La manera en que estas bandas encontraron la vía para sobrevivir es que dejaran el trasiego de drogas, en grandes volúmenes, para que no se metieran en el terreno de intereses del cartel sinaloense que en esa época era controlado por Ismael “El Mayo” Zambada, Juan José Esparragoza “El Azul” y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Y encontraron en Puebla y en el periodo morenovallista el terreno fértil para diversificar sus ocupaciones ilícitas.

Aunque el morenovallismo se extinguió hace ocho años, se quedaron funcionando las estructuras criminales que llegaron a Puebla desde la campaña electoral de 2010, junto con nuevos actores que surgieron en periodos recientes, como son las facciones de La Barredora y Los Rojos.

Todas estas agrupaciones han buscado coludirse con algunos alcaldes o, de plano, ganar ciertas presidencias municipales.

Eso explica la larga lista de ediles y jefes policiacos que han sido cooptados por el crimen organizado.

O, de plano, algunos líderes de esas mafias han optado por convertirse en alcaldes.

El cargo Redes criminales en las que estaban involucrados alcaldes empezaron desde el morenovallismo apareció primero en Reto Diario.

Estados Unidos estaba bajo ataque terrorista. Un hecho histórico que cambió al mundo.

Entre los miles de trabajadores atrapados en aquellas torres había migrantes mexicanos. Y entre ellos, hombres y mujeres que habían salido de Puebla buscando trabajo y una vida mejor.

La historia oficial reconoce a siete poblanos muertos o desaparecidos en aquella enorme tragedia: Alicia Acevedo Carranza, Antonio Javier Álvarez, Antonio Meléndez, Juan Romero Orozco, Leobardo López Pascual, Max Gómez y Víctor Antonio Martínez Pastrana.

Sus nombres aparecen en registros periodísticos, consulares y de organizaciones que documentaron la presencia de mexicanos en el World Trade Center.

Pero hay una segunda historia, menos conocida: no todos fueron reconocidos por Estados Unidos de la misma manera.

Los que trabajaban en las alturas

Tres nombres poblanos están oficialmente inscritos en los muros de bronce del 9/11 Memorial: Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez y Leobardo López Pascual. Los tres trabajaban en el restaurante Windows on the World, situado en el piso 107 de la Torre Norte.

Antonio Meléndez era cocinero. Antonio Javier Álvarez, de apenas 21 años, trabajaba como parrillero. Leobardo López Pascual se desempeñaba en la cocina del restaurante. Los tres quedaron atrapados en la Torre Norte después de que el primer avión impactara entre los pisos 93 y 99, cortando las rutas de escape de quienes se encontraban por encima del impacto.

Leobardo tenía una historia que se parece a la de miles de migrantes poblanos. Originario de una comunidad de la Mixteca, hijo de campesinos, había emigrado siendo joven y terminó estableciéndose en Nueva York. En 1993 comenzó una nueva etapa de su vida en la ciudad y terminó trabajando en Windows on the World.

Su familia jamás tuvo un cuerpo que sepultar. De acuerdo con testimonios publicados años después, recibió una urna con restos de escombros y una bandera estadounidense.

Antonio Meléndez también dejó una familia en Puebla. Rosalía Rojas Villa, originaria del estado, fue identificada años después como su suegra. Meléndez había formado una vida familiar mientras trabajaba en Nueva York.

Pero hubo otros nombres que quedaron fuera del muro memorial de lo que se conoce como Zona Cero y que es punto de visita obligado en Nueva York: Alicia, Víctor, Juan y Max.

Y sí. La tragedia se vuelve todavía más dolorosa cuando se revisa qué ocurrió con estos otros cuatro poblanos.

Alicia Acevedo Carranza, originaria de Teziutlán, fue reportada entre los mexicanos desaparecidos después de los atentados. Un obituario publicado en noviembre de 2001 confirma su origen poblano, pero durante años la información pública sobre su vida fue escasa.

Víctor Antonio Martínez Pastrana, originario de Tlachichuca, dejó esposa e hijos. Un reportaje de La Jornada publicado en 2002 describe a su esposa Rosario y a sus hijos Carlos y Nayeli, quienes tenían entonces 16 y 13 años. La familia tuvo que enfrentar no solamente la ausencia sino también un largo proceso de duelo y atención psicológica.

Juan Romero Orozco, originario de Acatlán de Osorio, también fue reportado como desaparecido después de los ataques.

Y Max Gómez, identificado como originario de Puebla capital, forma parte igualmente de la relación de siete poblanos que las autoridades y organizaciones mexicanas vincularon con la tragedia.

Y es que el problema fue la identificación.

En aquellos primeros meses posteriores al derrumbe, cientos de familias esperaron noticias mientras los equipos de rescate buscaban restos humanos entre toneladas de acero, concreto, polvo y cenizas. En algunos casos nunca fue posible obtener evidencia genética suficiente para que las autoridades estadounidenses incorporaran oficialmente a determinadas personas en la lista de víctimas.

Eso explica una de las grandes paradojas del 11-S mexicano: algunos nombres fueron reconocidos por México, pero no quedaron inscritos en el Memorial de Nueva York.

Ahí solo encontraron espacio tres:

Antonio Javier Alvarez — panel N-70

Antonio Melendez — panel N-70

Leobardo Lopez Pascual — panel N-70

El propio sitio oficial del 9/11 Memorial registra los nombres y la ubicación de cada víctima en los paneles de bronce que rodean las dos enormes piscinas construidas donde estuvieron las Torres Gemelas.

No aparecen en el listado oficial del Memorial los otros cuatro poblanos: Alicia Acevedo Carranza, Víctor Antonio Martínez Pastrana, Juan Romero Orozco y Max Gómez.

No significa que sus historias sean consideradas inexistentes por México o por sus familias. Significa que no fueron incorporados a la lista oficial estadounidense de víctimas del 9/11 bajo los criterios de identificación utilizados para el Memorial.

En 2011, el entonces cónsul general de México en Nueva York, Carlos Sada, explicó que solamente cinco mexicanos habían sido incluidos en el Memorial –tres poblanos, un morelense y un tlaxcalteca– debido a que eran los casos en los que existía evidencia considerada suficiente por las autoridades estadounidenses.

Pero la tragedia –que justo cumple 25 años– también fue una tragedia migratoria

El 11-S no solamente destruyó dos edificios emblemáticos del poder económico y político estadounidense. También rompió familias.

Miles de mexicanos trabajaban alrededor del World Trade Center en restaurantes, servicios de limpieza, construcción, seguridad y reparto. La Asociación Tepeyac documentó desde los primeros días la existencia de trabajadores mexicanos que no aparecían en las listas oficiales, en buena medida porque algunos eran indocumentados, utilizaban nombres distintos o carecían de registros laborales formales.

Por eso, durante años, organizaciones de migrantes sostuvieron que la cifra oficial de mexicanos muertos podía ser superior a la reconocida formalmente.

En el caso de los cinco mexicanos incorporados al Memorial –los tres poblanos, el morelense Juan Ortega Campos y el tlaxcalteca Martín Morales Zempoaltécatl– sus familias pudieron acceder al Fondo Federal de Compensación de Víctimas. De acuerdo con información consular citada por distintos medios, los pagos oscilaron aproximadamente entre 1.1 y 1.5 millones de dólares por familia.

Para las familias de otros mexicanos, el reconocimiento y la ayuda económica fueron mucho más complicados.

Puebla también perdió a sus hijos aquel martes

Veinticinco años después, la historia de los siete poblanos sigue teniendo una característica brutal: sabemos sus nombres, conocemos algunos fragmentos de sus vidas, pero en varios casos seguimos sin conocer con precisión cómo fueron sus últimos minutos ni qué ocurrió con todos sus restos.

Y quizá esa sea la parte más humana de esta triste historia.

No eran estadísticas.

Eran migrantes que habían salido de Teziutlán, Acatlán, Tlachichuca, San Pablo Anicano y Puebla buscando trabajo. Algunos cocinaban. Otros limpiaban. Otros construían. Otros intentaban simplemente abrirse camino en Nueva York.

Todos soñaban con una vida mejor.

Tres de ellos tienen hoy su nombre grabado en bronce en la Zona Cero.

Los otros cuatro no.

Pero para Puebla, los siete forman parte de la misma memoria.

Del mismo dolor.

Porque aquella mañana Nueva York perdió miles de vidas.

Y Puebla perdió también a siete de sus hijos.

***

Desde el 11 de septiembre de 2001, en lo personal siempre me ha extrañado que ninguna autoridad los recuerde, ya no se diga les dedique una ceremonia oficial.

Al menos para justificar que cuentan con una agenda migratoria.

Para gobernadores, alcaldes, legisladores, regidores, etcétera, sencillamente no existieron.

El cargo Los siete poblanos del 11-S: una tragedia que Puebla nunca olvidó apareció primero en Reto Diario.

Y es que apenas el viernes se había ido a sentar, casual, al Royalty en el Centro Histórico, para provocar entrevistas de los medios.

Ahí sí declaró que para nada iría como candidato a la alcaldía de Puebla capital. Pero Gali es un político muy experimentado y atiende al muy conocido dicho de que “político que no aspira, no respira”.

Así, esta vez, en la entrevista que ofreció para El Café de Mediodía, no descartó nada.

Lo que explicó tiene bastante lógica. Gali dice que lo primero que llega a hacer a Movimiento Ciudadano, en donde opera desde hace cuatro meses, es crear estructura.

Gali dice que, para el 2027, planean que Movimiento Ciudadano sea la segunda fuerza política en el estado. No parece una promesa al aire.

No dijo cuál es su meta, pero sí explicó que es bastante ambiciosa en cuanto a los nuevos afiliados que conseguirá en cuestión de semanas, antes del arranque oficial del proceso electoral del 2027.

Una vez que esto suceda, dice, “si su partido se lo pide” decidirá si contiende o no en el proceso electoral.

Ahora, él sabe que llega a un partido hundido en escándalos en Puebla. Cuatro de los 10 alcaldes están detenidos. No será fácil hacer una limpia tan rápido.

Sobre ello, solo dice que hay que escoger no a los más adinerados, sino a los que tengan mayor arraigo.

Y, bueno, Gali Fayad justifica su llegada a Movimiento Ciudadano porque dice que Dante Delgado y el partido fue el único que lo buscó.

Dice que del PAN nunca supo nada desde que dejó la gubernatura. También tiene un reclamo, que cuando fue víctima de la persecución de Barbosa tampoco le tendieron la mano.

¿Se arrepentirá el PAN de no haberlo buscado para que se sumara a ellos en esta elección?

Jamás lo admitirían.

El cargo Tony Gali ¿va o no al 2027? apareció primero en Reto Diario.

No es algo menor, desde que Godos Luna llegó al poder –en octubre de 2021– el municipio se convirtió en el epicentro de los asaltos carreteros entre los dos puntos estratégicos más importantes del país: el Puerto de Veracruz y la Ciudad de México.

A lo largo de los dos últimos años casi no hubo sesiones de Cabildo, los regidores fueron “bien tratados” en lo económico y constantemente les pedían que firmaran documentos de los que nunca conocieron su contenido o propósito.

Ahora, esa situación tiene a los regidores en una crisis nerviosa, pues hasta antes del viernes creían que Godos Luna era “intocable”.

Efectivamente, a lo largo del último lustro –que abarca dos periodos de gobierno– el edil de Tepeyahualco gozó de impunidad. Alguien le dio protección en las altas esferas oficiales.

Su notoriedad empezó a crecer, primero, porque le gustaba fotografiarse al estilo del narco.

Solo hay que ver la imagen que acompaña esta columna: Godos posa con una pistola automática que tiene la culata bañada en plata y la lleva metida al frente, a la altura de la cintura, para que estuviera a la vista de todos. Porta una chaqueta tejana blanca, camisa de marca floreada, sombrero del mismo color y tiene una mirada amenazante. En la foto todavía no llegaba a los 30 años.

En segundo lugar, por la forma en que llegó al poder. En el primer domingo de junio de 2021, al cierre de las casillas electorales el ganador de la votación era Eyerim Espinosa Sosa, quien era el alcalde y buscaba reelegirse. Sin embargo, poco antes de la medianoche llegaron unas 40 camionetas con gente armada que tomaron por asalto  las oficinas del Comité Municipal Electoral y al cabo de unas horas, se había revertido el resultado: el nuevo ganador era el candidato de Movimiento Ciudadano, es decir, Said Godos.

Tres meses más tarde, a un ingeniero llamado Luis Miguel Espinosa Sosa, que laboraba en la construcción del Parque Fotovoltaico Itzoteno Pachamama, cuando se encontraba comiendo en una fonda –de la comunidad de Itzoteno– llegaron dos sicarios en una moto y lo ejecutaron. La víctima era el hermano del todavía alcalde Eyerim Espinosa.

Oficialmente se dijo que el homicidio habría tenido relación con la disputa entre sindicatos por la obra del parque fotovoltaico. Para muchos actores políticos de Tepeyahualco esa versión no es creíble, pues tienen la percepción de que habría sido “un mensaje tétrico” para que el alcalde se desistiera de pelear hasta las últimas consecuencias a favor de anular la elección, como tenía que haber ocurrido.

Resulta sorprendente que, desde entonces, en el ámbito de las autoridades electorales, estatales y del ámbito federal, nadie se percatara de que el triunfo de Godos Luna tenía tufo de que algo grave estaba pasando en esa región.

En los años que siguieron, esa región que colinda con Veracruz, se convirtió en una de las zonas más peligrosas del país, por la alta actividad de los asaltos carreteros.

No se sabe si Said Godos era parte de esa actividad ilícita o solo era omiso frente a ese fenómeno delictivo.

Lo cierto es que en los últimos cinco años, Tepeyahualco, que es un municipio pobre con población dedicada al campo, también se convirtió en una zona de tráfico de camiones y autos robados.

Hace unas semanas, en este espacio periodístico se narró cómo, en un acto de cinismo o ironía, el grupo político de Said Godos Luna, utilizando la infraestructura del Ayuntamiento, se puso a rifar un tráiler con un valor de un millón y medio de pesos. Nadie supo cuál era el origen del tractocamión.

Godos Luna se reeligió en 2024 en unos comicios en los que no tuvo rivales fuertes. A partir de entonces se disparó el miedo hacia el edil. La gente prefería evitar el trato con el alcalde y sus seguidores.
Su gobierno era totalmente intrascendente. Este columnista consultó la página oficial del Ayuntamiento de Tepeyahualco y resultó que está vacía. No hay ni siquiera una foto del edil. Mientras que en un sitio de Facebook solo se presume la pavimentación de un par de calles y no hay nada más que exhibir a lo largo de un par de años de gestión, correspondiente a su segundo mandato.

Por eso cuando el viernes se supo que a Godos lo detuvieron por abuso de autoridad, cohecho y uso ilegal de sus funciones públicas, mucha gente en Tepeyahualco celebró que se habían liberado de su sombra.

Mientras que sus seguidores, entre ellos los regidores, primero decían que era algo menor, que lo iban a liberar en unas horas. Luego hubo llanto cuando se enteraron que lo van a vincular a un proceso penal. Ahora “tiemblan de miedo” de que los arrastre al proceso legal que enfrenta.

El cargo Tiemblan de miedo los regidores de Tepeyahualco apareció primero en Reto Diario.

En el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Miguel Ángel Pérez Lugo aparece como jefe de Oficina de la fiscal General. El cargo supone cercanía, coordinación y acceso privilegiado a quien formalmente encabeza la institución: Idamis Pastor Betancourt.

Pero dentro de la Fiscalía aseguran que su poder rebasa por mucho lo que puede leerse en un simple nombramiento.

Pérez Lugo no solamente transmitiría instrucciones. De acuerdo con las versiones que recorren los pasillos, ordena, presiona, exige resultados y advierte consecuencias a ministerios públicos, diligenciarios e incluso fiscales especializados.

La amenaza también tendría distintas intensidades: desde una sanción administrativa hasta la pérdida del empleo.

Todo, aparentemente, en nombre de la fiscal general.

La primera pregunta resulta inevitable: ¿Miguel Ángel Pérez Lugo transmite las decisiones de su jefa o utiliza su cercanía con ella para construir una línea propia?

La duda ha comenzado a crecer porque, aun cuando dentro de la institución se habría intentado colocar algunos contrapesos –entre ellos Freddy Erazo–, Pérez Lugo continúa apareciendo como el hombre que comunica lo que debe hacerse y lo que puede ocurrirle a quien se resista.

Las quejas, según se comenta internamente, ya habrían llegado al Órgano Interno de Control. Corresponderá a esa instancia determinar si existen elementos, identificar posibles abusos y establecer si las órdenes atribuidas a Pérez Lugo, otro de los tantos exportados del Estado de México, tienen sustento institucional.

El problema es que las pifias también dejan huellas.

Uno de los episodios que más ruido produjo fue el aparatoso, innecesario y prepotente operativo realizado en Tehuacán para detener a Estela Romero, una mujer de la tercera edad en silla de ruedas. Dentro de la Fiscalía se atribuye a Pérez Lugo la instrucción que terminó exponiendo a la fiscal de Investigación Regional de la FGE, Sandra González de Ita, mediante un despliegue de dimensiones difíciles de justificar.

El operativo no solamente terminó bajo cuestionamiento. También dejó la sospecha de que la maquinaria ministerial pudo ser utilizada para beneficiar a Olga Romero en su prolongada disputa por la herencia de Socorro Romero.

Y cuando una institución encargada de perseguir delitos parece inclinarse dentro de un conflicto familiar, la explicación no puede reducirse a un simple “así lo ordenaron”.

Hay más preguntas.

¿Por qué Miguel Ángel Pérez Lugo presuntamente se reúne con Olga Romero? ¿Por qué recibiría documentos relacionados con sus asuntos? ¿Qué intervención tiene en la apertura o impulso de nuevas carpetas? ¿Esas reuniones forman parte de procedimientos institucionales debidamente registrados o representan una gestión privilegiada?

Olga Romero tiene derecho a denunciar, presentar documentos y defender sus intereses. Lo que no puede tener es una ventanilla privada dentro de la Fiscalía ni un operador que convierta sus peticiones personales en órdenes ministeriales.

La fiscal general también tendrá que aclarar si conoce estas actuaciones, si las autorizó o si alguien está utilizando su nombre para intimidar servidores públicos y mover expedientes.

Porque cualquiera de las respuestas sería delicada.

Si Pérez Lugo –el mismo que a finales de 2025 se convirtió en el centro de una controversia pública tras la filtración de un audio donde justificaba presuntos cobros ilegales por parte de agentes ministeriales por la liberación de vehículos asegurados– cumple instrucciones, debe saberse quién las emite y bajo qué fundamento. Si opera por cuenta propia, alguien tendrá que explicar por qué se le permitió acumular semejante poder.

¿En cuántos otros casos inclina la balanza a favor de sus amigos?

Debería saberse, por salud de todos.

Porque mientras son peras o manzanas, en la Fiscalía ya no preguntan qué ordenó la fiscal.

Preguntan qué ordenó Miguel.

Y esa sola diferencia revelaría quién parece mandar realmente en el edificio del bulevar Héroes del 5 de Mayo.

El cargo ¿El jefe de la jefa? apareció primero en Reto Diario.

La administración de Bárcenas, hay que decirlo, cayó cuando empezó su relación con un subordinado, su secretario de Seguridad Pública, con quien hasta terminó casada.

Dice Michael Davis, filósofo especializado en ética profesional:

“Un conflicto de interés vuelve poco confiable el juicio precisamente cuando más se necesita que sea confiable”.

Por eso hasta las organizaciones mas importantes prohíben tajantemente las relaciones entre empleados.

Pero, bueno.

Bárcenas perdió el control de la seguridad, la gobernabilidad y todo se fue desmoronando. Aunado al abuso de autoridad que ella y su ahora esposo cometieron durante meses.

Sobra decir que sepultó también su carrera política, dudo muchísimo que la volvamos a ver en algún cargo de elección popular, sin contar que pesa sobre ella una auditoría para la revisión del ejercicio de los recursos.

El caso es que este lunes 7 de septiembre, Bárcenas estuvo en el programa de la periodista Adela Micha a nivel nacional y terminó por aceptar su destino.

En entrevista con @Adela_Micha, la alcaldesa Lupita Bárcenas aceptó que lo que mejor para la gobernabilidad en Acatlán es que se le revoque el mandato y el @CongresoPue designe a un Concejo Municipal.#AmbasManos @LaloGarcia08_ #Puebla #Noticias https://t.co/wABDDtRjyh pic.twitter.com/QFHHeKel9P

— Ambas Manos (@Ambas_Manos) September 8, 2026

Al menos dijo que su mamá no asumirá como suplente, y quiso justificar que la inscribió a ella para impedir el espacio a otros grupos políticos.

El consuelo de la aún alcaldesa, por así decirlo, está en que los regidores también se van: “llegamos todos y nos vamos todos”, dijo.

Según ella, la querían destituir para quedarse con el poder, pero no será así.

Y, bueno, ningún grupo político gana y pierden los ciudadanos de Acatlán.

Antes del 13 de septiembre, habrá Concejo.

El cargo Bárcenas acepta que se va apareció primero en Reto Diario.

La semana pasada, en Lomas de Angelópolis, como parte de un operativo conjunto desarrollado por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad federal, la Marina Armada de México y las fiscalías de Puebla y de Guerrero, se llevó a cabo la detención de Govén Ulises Chávez Ruiz, también conocido como “El Amarillo”, jefe de plaza de “Los Rusos” en Acapulco, Guerrero.

“Los Rusos” son una facción de “Los Chapitos” del Cartel de Sinaloa y vivían en Puebla; su célula delictiva se dedicaba a la extorsión, al secuestro, privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y tenía una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado.

Tras su captura, se llevaron a cabo sendos operativos en la zona de Puebla y de San Andrés Cholula, siendo clausurada la agencia de autos de lujo Dimont, ubicada sobre la Vía Atlixcayotl, en donde se aseguraron 39 vehículos de alta gama (Ferrari, Bentley, McLaren, Mercedes, Lamborghini, Urus y otros).

Esta última empresa se deslindó inmediatamente de este personaje. También fue clausurado el taller mecánico “Persa Motors”, ubicado en la zona mayor de Angelópolis.

Detienen también a “Los Millonarios”

Otro hecho sumamente relevante y que no debe de pasar desapercibido es la detención, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de la banda denominada “Los Millonarios”, esto ocurrió en San Pablo Xochimehuacan.

Lo más grave del asunto es que entre los seis detenidos, se logró la captura de su líder, José Pablo N., de 27 años de edad, quien de acuerdo con Periódico Central y el periodista Jesús Razo, se trata de un elemento en funciones de la Guardia Nacional, lo que debe de activar las “alarmas” sobre esta corporación y sus integrantes.

Pero no es el único; de acuerdo con esta misma publicación, otro de los detenidos, Israel, de 36 años de edad, era parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, lo que, reitero, debe de activar las “alertas” sobre la forma en que el crimen organizado ha logrado penetrar entre nuestras instituciones.

La banda se dedicaba al robo de vehículos y al robo a casas habitación. Una de sus más recientes víctimas había sido un muy destacado empresario poblano. Debemos de evitar que la “puerta giratoria”, pueda dejar en libertad a estos peligrosos delincuentes. Mucho ojo, Fiscalía de Puebla.

También detuvieron al alcalde de Tepeyahualco y al de Esperanza

El pasado viernes 4 de septiembre también fue detenido el alcalde en funciones de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, acusado de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.

El sujeto fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y, con esto, ya son cuatro ediles de extracción de Movimiento Ciudadano que han sido detenidos y se encuentran en prisión durante la administración de Alejandro Armenta.

A estos cuatro se les deben sumar también otros cuatro ediles detenidos durante esta gestión, que son: Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan, de extracción petista; Juan Pérez Moral, exedil de Tianguismanalco, detenido por abuso sexual, y Alfredo Ramírez, de Ahuazotepec, quien se encuentra prófugo de la justicia y era también de extracción petista. A los ya mencionados se les suma el alcalde morenista de Esperanza, Puebla, detenido este lunes por el Operativo Enjambre, desarrollado por el Gobierno federal.

El alcalde de Esperanza, José Issac Rodríguez, fue detenido durante la madrugada de ayer, como parte de un operativo en el que se realizaron 23 cateos por toda la población. Se le señala de ser parte de una red de robo de autotransporte en la región, entre otras cosas.

Mandos policiacos coludidos con el crimen

A esto también se le debe sumar la detención de al menos 13 mandos de seguridad durante esta administración, entre directores y secretarios; el más reciente, Antonio H., exsecretario de Seguridad de Atlixco, lo que derivó en que alrededor de 12 integrantes de la actual administración municipal, empezando por la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo, recurrieran al amparo de la justicia federal.

Las minas de criptomonedas

Finalmente, la Sierra Norte se ha convertido en “campo fresco” para el minado de criptomonedas.

El domingo, fuerzas federales encontraron en Tlaola una “granja de minería” de criptomonedas, entre lo encontrado estaban 300 equipos especializados, un transformador de pedestal, 80 terminales de media tensión y ocho antenas de Internet satelital. Cabe señalar que en julio de este año había sido detenido el director de Seguridad de este municipio.

Se presume que en este lugar se llevaba a cabo “lavado de dinero”, altamente tecnificado, y en 2025 se desactivó otro centro similar en el municipio de Juan Galindo, Nuevo Necaxa, también en la Sierra Norte de Puebla.

Cabe mencionar que en los límites de Jopala y Tlapacoya, en este año también, se desmanteló un narcolaboratorio, capaz de producir más de 360 kilos de metanfetamina.

Algo raro pasa en Puebla.

riva_leo@hotmail.com

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