Pedro Antonio Martínez Hernández llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura con una promesa tan necesaria como delicada: combatir la corrupción, reducir el rezago y poner orden en un Poder Judicial de Puebla acostumbrado a vivir entre silencios, sospechas y decisiones difíciles de entender y más de explicar.
El diagnóstico no parecía equivocado. El propio presidente reconoció públicamente que había más de 15 servidores judiciales bajo investigación por posibles actos de corrupción, abuso de funciones y tráfico de influencias. Después vino la sacudida: más de 120 cambios de adscripción, incluidos alrededor de 60 jueces, presentados como parte de una estrategia para prevenir irregularidades y desmontar redes internas.
La intención pudo ser poner orden.
El resultado, hasta ahora, también ha generado incertidumbre.
Porque cambiar nombres de oficina no necesariamente cambia prácticas. Y porque una limpia solamente puede considerarse exitosa cuando sus criterios son transparentes, sus resultados son verificables y los juzgadores enviados a regiones sensibles llegan sin antecedentes capaces de despertar nuevas dudas.
Tehuacán es el ejemplo.
Al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la región Sur-Oriente llegó Venustiano Islas López. Su adscripción aparece actualmente en el directorio oficial del Poder Judicial, pero su trayectoria carga episodios públicos que el Consejo no debería ignorar. En 2019 se determinó una suspensión de 15 días sin goce de sueldo por irregularidades relacionadas con la concesión de libertad bajo caución en un delito considerado grave. En 2022 también fue objeto de quejas de trabajadores del juzgado de Ciudad Serdán, las cuales motivaron una evaluación institucional.
Entonces, la pregunta resulta inevitable:
¿Por qué enviarlo precisamente a Tehuacán?
En los círculos políticos y jurídicos de la región se relaciona su llegada con los intereses de Olga Romero Garci-Crespo y con el conflicto judicial derivado de la herencia de Socorro Romero. Hasta ahora todo queda en suspicacia que permite cuestionar que ese haya sido el propósito de su adscripción. Pero justamente por eso el Consejo de la Judicatura tendría que transparentar los criterios que motivaron el movimiento y despejar cualquier sospecha.
Porque cuando una designación sensible no se explica, el vacío lo llenan las versiones.
Y en la justicia, hasta la apariencia de parcialidad es corrosiva.
El ruido no termina ahí. José Guillermo Valdez Luna, identificado públicamente como juez comisionado en funciones administrativas dentro de los juzgados de oralidad penal, quedó señalado en la controversia judicial contra el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez. La defensa cuestionó que hubiera desarrollado actuaciones jurisdiccionales mientras ejercía una responsabilidad administrativa, e incluso se presentaron denuncias para que su conducta fuera investigada. Eso no equivale a una declaración de culpabilidad, pero sí constituye un episodio que demanda una explicación institucional clara.
Después apareció el caso de Manuel Forcelledo Nader.
Una secretaria de acuerdos habría autorizado modificar la medida cautelar del sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert durante la licencia del juez Enrique Romero Razo, en una audiencia presuntamente realizada sin registro audiovisual y sin notificación a la familia de la víctima. El Consejo tuvo que intervenir, frenar los efectos de la determinación y abrir una investigación. Romero Razo negó posteriormente haber ordenado o participado en la resolución.
El problema, por tanto, ya no es un juez ni un expediente.
Es el sistema.
Pedro Antonio Martínez fue elegido presidente del Consejo el 13 de noviembre de 2025. Todavía no cumple un año al frente, pero nueve meses son suficientes para advertir que la rotación masiva, las investigaciones y los discursos de depuración no han conseguido devolverle certidumbre al Poder Judicial.
Debe reconocerse que se han abierto procedimientos y aplicado sanciones. Durante 2026, el Consejo reportó siete funcionarios sancionados por distintas irregularidades. Sin embargo, combatir la corrupción no consiste únicamente en mover jueces, anunciar investigaciones o reaccionar cuando un escándalo ya llegó a los medios.
Poner orden significa explicar quién llega, por qué llega, qué antecedentes se revisaron y qué controles impedirán que una adscripción termine sirviendo –o pareciendo servir– a intereses políticos, económicos o familiares.
La justicia no puede administrarse mediante rumores, cuotas ni acomodos.
Tampoco puede convertirse en un tablero donde los jueces se mueven sin que nadie conozca la lógica de cada jugada.
Pedro Antonio Martínez quiso sacudir al Poder Judicial. Lo sacudió.
Ahora falta saber si realmente lo está limpiando o simplemente está cambiando de lugar las mismas dudas. Las mismas decisiones difíciles de entender y más de explicar.
Porque cuando los movimientos generan más sospechas que confianza, alguien debe poner orden.
Y hacerlo pronto.
La justicia no es a modo.
¿O sí?
