Mucho se cuestiona –y con muchos argumentos– la reforma judicial empujada a nivel federal por la 4T; sin embargo, hay casos locales que no solo dan la razón a sus simpatizantes, sino que confirman la imperiosa necesidad de emprender una limpia total y absoluta de las corruptas cañerías en que se mueven muchos jueces y magistrados en los estados.
Uno de esos casos es el del juicio por el despojo de 400 hectáreas de la ex hacienda de San José Zetina, en San Andrés Azumiatla, que por obvias y burdas prácticas dilatorias de los abogados de los acusados, sospechosamente toleradas por al menos cuatro juzgadores, ya lleva más de un año sin un solo avance. Prácticas dilatorias, por cierto, que cumplen un patrón similar al del caso Cecilia Monzón.
La defensa de los ocho acusados –entre ellos una mujer llamada María Félix– ha recurrido constantemente a una serie de artimañas para aplazar la Audiencia Intermedia del proceso penal con el consentimiento del juez en turno, que ha sido completamente permisivo.
Así, se ha impedido que se concluya la etapa de aportación y valoración de pruebas aportadas por los denunciantes y la parte acusada, afectando sensiblemente a uno de los proyectos de inversión y desarrollo inmobiliario más importantes del estado.
Algunas de las tácticas dilatorias toleradas por los jueces son:
1. Supuestas enfermedades de los abogados defensores.
2. Constantes solicitudes de cambio de abogados defensores.
3. Interposición de quejas y denuncias en contra de los jueces en turno para que estos se recusen.
Es evidente que estas maniobras exhiben el temor de los acusados de ser declarados culpables, ante la falta de escrituras que acrediten la propiedad del terreno invadido, luego que los jueces en turno han emitido acuerdos y fallos en favor de los legítimos propietarios.
En el fondo se trata de la impunidad (en Puebla cualquiera puede invadir un predio o terreno sin que pase nada) y de la complicidad de no pocos integrantes del sistema judicial.
Para los dueños de la ex hacienda de San José Zetina ha sido un verdadero viacrucis defender lo que por ley les pertenece.
Desde el 23 de noviembre de 2022, fecha en que inició el litigio, poco o nada ha sucedido.
La carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM7CHAPULCO-1/0022089/2022 está judicializada en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, quedando a cargo del desahogo de esta primera parte del procedimiento el juez Celestino Martínez Bones.
Sin embargo, ha sido inútil, pues la justicia no termina de llegar.
El 27 de septiembre del año 2023 se llevó a cabo la Audiencia de Tutela de Derechos.
En octubre del año 2023 se realizó la Audiencia Inicial, misma que presidió el juez Enrique López Criollo. El resultado de esta etapa fue que se decretó que los imputados deben acudir a firmar una vez al mes, no pueden salir del estado sin avisar a la autoridad competente, no pueden reunirse para causar actos de molestia a la empresa y a sus testigos, y tienen prohibido causar actos de molestia a los representantes de la empresa y a los testigos que la misma ofreció.
El 16 de noviembre del año 2023 se desahogó la Audiencia de Vinculación a proceso, de la cual se obtuvo la vinculación a proceso de los nueve denunciados (actualmente solo ocho porque Isaac Escalona Rojas firmó un Acuerdo Reparatorio con la inmobiliaria VASUR S. A. de C. V., devolvió el terreno invadido y se le retiraron los cargos penales por despojo) y se ordenó la restitución del bien como medida provisional.
El 2 de octubre del presente año se tenía ordenado el desahogo de la Audiencia Intermedia ante el juez Renato Rojas Hidalgo; sin embargo, esta no pudo desahogarse debido a que los abogados defensores de los Imputados presentaron una denuncia en contra del agente de Ministerio Público Miguel Ángel Martínez López, así como en contra del juez López Hidalgo, por el delito cometido en la Administración de Justicia.
Ante ello, Rojas Hidalgo se recusó de manera voluntaria, dejando así de llevar el proceso penal.
Pero no acaba ahí la tortuosa historia.
Posterior a la denuncia, se nombró como juez para desahogar el proceso penal a Aarón Hernández Chino, quien ordenó a la FGE cumplir con la restitución provisional del terreno invadido a sus legítimos propietarios (tras un año de no cumplirse la orden).
El 8 de noviembre del año 2024, se llevó a cabo la apertura de la Audiencia Intermedia, en la cual se logró un mecanismo alterno de solución de controversias entre VASUR y uno de los procesados (Isaac Escalona Rojas, quien reconoció ser invasor y firmó un Acuerdo Reparatorio con los legítimos propietarios ante el agente del Ministerio Público).
Posterior a ello, los abogados defensores iniciaron un recurso para obtener el sobreseimiento del proceso penal, mismo que fue desechado por el juez Aarón Hernández Chino.
Acto seguido los procesados despidieron a sus abogados, generando así la suspensión del procedimiento.
El pasado 9 de diciembre, la defensa de los ocho acusados de nueva cuenta interpuso denuncia en contra del juez a cargo del juicio (en este caso Aarón Hernández Chino) y pidieron que se recuse, lo cual ocurrió otra vez, de manera voluntaria, el 11 de diciembre. En su lugar fue designado el juez Salvador Hernández Martínez, quien ha citado a Audiencia Intermedia hasta en tres ocasiones este 2025.
Sin embargo, no ha podido llevarse a cabo por las siguientes razones:
El 3 de enero se suspendió la Audiencia Intermedia por fallas en el sistema del juzgado del TSJ.
El 13 de febrero se suspendió porque no se presentaron los abogados defensores, argumentando problemas de salud de una de las abogadas.
Y el 28 de febrero tampoco pudo desahogarse la Audiencia Intermedia porque dos de los ocho acusados solicitaron –previo al inicio de la Audiencia– el cambio de sus abogados particulares, por defensores de oficio.
Finalmente –y hasta el momento– el juez Salvador Hernández convocó a Audiencia Intermedia para este jueves 15 de mayo y, adicionalmente, emitió un oficio de notificación de advertencia de multas (de 250 UMAS, equivalente a más de 28 mil pesos) si se vuelve a generar con nuevas prácticas dilatorias el aplazamiento de la Audiencia.
¿Será que ahora sí se podrá avanzar en el juicio de la ex hacienda de San José Zetina?
¡Prendan sus veladoras!
