Jhovani Oliver Gallo llega sin legitimidad a la dirigencia del Sindicato de Burócratas por haber obtenido el cargo mediante una cuestionada elección y un tortuoso conflicto jurídico, de 25 meses de duración, que provoca un fuerte repudio de un sector importante –tal vez mayoritario— de los trabajadores de los poderes públicos del estado de Puebla.
El problema se acrecienta por la actitud negativa que el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyopd) ha asumido frente al legitimo reclamo de muchos de los agremiados a que se les regrese las cuotas sindicales de los dos últimos años, que se supone no se podían cobrar debido a que no había una representación laboral legalmente reconocida.
Todo se origina porque en noviembre de 2021 el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla declaró invalido el proceso de selección del Comité Electoral del sindicato, lo que llevó a que no se reconociera la validez de las votaciones –que se realizaron en diciembre de ese año— y que ganó Jhovani Oliver Gallo, en la cuales no se dejó participar a la disidencia del gremio encabezada por Martha Rodríguez Salinas, la líder del Movimiento por la Democracia.
Meses más tarde el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta definió que no se podía negociar un incremento salarial para los 3 mil 400 burócratas del estado al no existir una representación laboral de los trabajadores, ya que de acuerdo a la ley solamente se podía pactar una revisión contractual con una dirigencia sindical que tuviera el reconocimiento legal.
Y de igual manera el finado Barbosa Huerta, en esa ocasión, advirtió que tampoco se podía descontar las cuotas sindicales a los trabajadores, por encontrarse acéfalo el sindicato en cuestión.
Una versión que ha corrido entre los burócratas estatales es que hace unos días, cuando se supo de la decisión oficial de reconocer a Oliver Gallo como secretario general, brotó el cuestionamiento de cuál ha sido el destino de las cuotas sindicales que se les descontaron a los burócratas lo largo de los años 2022 y 2023 en que no se resolvía el conflicto del gremio.
Se dice que un grupo de trabajadores se habría acercado al nuevo dirigente para demandar que les regresen las aportaciones de los últimos dos años, bajo el argumento –muy valido—de que en ese periodo no hubo una dirigencia sindical con autoridad para cobrar ese dinero y sobre todo, para utilizarlo en el funcionamiento del Stspepyopd.
La respuesta del nuevo dirigente fue totalmente desafortunada, pues les habría contestado, palabras más, palabras menos: “Con todo gusto se las regreso, pero los expulso del sindicato”.
Ante esta respuesta prepotente, el secretario general se habría querido justificar argumentando que los estatutos del sindicato permiten dar de baja de la organización a quien demande el reembolso de las cuotas que mensualmente se les descuenta a los afiliados.
Los quejosos le habrían exigido a Oliver Gallo que les fundamentara en qué parte del estatuto sindical se marca esa norma de suspender de los derechos gremiales a los trabajadores que piden el retorno de sus aportaciones.
Según esa versión, Jhovani Oliver Gallo enmudeció, no supo responder en que basaba su respuesta y dio por concluida a conversación con sus representados.
Un muy mal inicio para un dirigente que le urge legitimarse pues ante los ojos de muchos de los trabajadores que representa llegó al cargo mediante un fraude electoral y es una continuidad del grupo político de la anterior líder gremial, Virginia Meza Cruz, quien fue impuesta en el cargo por el morenovallismo.
