El acceso a una vivienda adecuada representa uno de los principales retos urbanos de México ante el crecimiento de las ciudades y las diferencias en el acceso al suelo, los servicios y las oportunidades. El problema no se limita al precio de una casa o de una renta, sino que también involucra las condiciones de habitabilidad, la ubicación y el acceso a infraestructura.
La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue diseñada para conocer las características de las viviendas, su situación de tenencia, las necesidades y demanda habitacional, así como la satisfacción de los hogares con su vivienda y entorno.
El rezago habitacional persiste en México
La información más reciente de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), elaborada con datos de la ENIGH 2024, muestra que el rezago habitacional continúa presente en las entidades del país, aunque con diferencias importantes.
En Puebla, 21.6 por ciento de las viviendas se encontraba en condición de rezago habitacional en 2024, de acuerdo con la estimación de Conavi. La proporción fue mayor en entidades como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
La propia Conavi señala que la estimación del rezago habitacional se actualiza a nivel estatal con la ENIGH y permite identificar las necesidades de atención de las viviendas.
La ENIGH 2024, publicada por INEGI, también permite conocer los ingresos y gastos de los hogares, además de las características de la infraestructura de las viviendas. El ingreso corriente promedio trimestral por hogar fue de 77 mil 864 pesos en 2024, aunque esta cifra corresponde al promedio nacional y no refleja por sí misma las diferencias entre grupos de ingreso o regiones.
El derecho a la vivienda también implica ubicación y servicios
El artículo 4º de la Constitución establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, mientras que la legislación debe establecer los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar ese objetivo.
Además, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que todas las personas tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y asentamientos humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivas, equitativas, justas, incluyentes, democráticas y seguras. La legislación también contempla como asuntos de interés público el ordenamiento de los usos del suelo, la infraestructura, los servicios urbanos, la movilidad y el espacio público.
Por ello, el acceso a una vivienda no depende únicamente de contar con un inmueble. La vivienda adecuada también está relacionada con servicios, habitabilidad, accesibilidad, asequibilidad y ubicación, elementos considerados dentro de los criterios internacionales utilizados para evaluar este derecho.
Gentrificación y presión sobre las zonas urbanas
El encarecimiento de determinadas zonas puede modificar la composición de los barrios y dificultar la permanencia de quienes ya habitaban en ellos. Este fenómeno suele analizarse bajo el concepto de gentrificación, aunque sus causas y efectos pueden variar de una ciudad a otra.
La presión sobre el suelo urbano también plantea desafíos para la planeación territorial. La legislación mexicana establece mecanismos para ordenar los usos del suelo y contempla como causas de utilidad pública la creación de reservas territoriales, la ejecución de infraestructura y servicios urbanos, así como la creación y recuperación del espacio público.
En este contexto, el reto para las políticas de vivienda consiste en ampliar el acceso a hogares adecuados sin desvincularlos de los servicios, el empleo, la movilidad y el equipamiento urbano.
La Nueva Agenda Urbana, adoptada en la conferencia Hábitat III en 2016, plantea un marco internacional para orientar los procesos de urbanización hacia ciudades más sostenibles e incluyentes.
La discusión sobre vivienda, por tanto, no se reduce a construir más inmuebles: también implica definir dónde se construye, quién puede acceder a ellos y bajo qué condiciones, dentro de una política urbana que considere el derecho a la vivienda y el desarrollo equilibrado de las ciudades.
