Con 79 a favor, 0 en contra y sin abstinencias, el Senado de la República aprobó en lo general este martes 5 de marzo el dictamen de la Ley de Igualdad en el Deportes, el cual busca que las personas deportistas profesionales tengan un salario base igualitario sin importan si son hombres o mujeres.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), será la instancia encargada de fijar el salario base que deberán recibir los deportistas. Esto se realizará a través de un diálogo social con federaciones y agrupaciones deportivas.
Entre los cambios que se aprobaron para su análisis en lo particular dentro de la Cámara de Diputados, el Senado destacó las aportaciones al fono de vivienda para deportistas profesionales, así como la obligación de establecer reglamentos y protocolos para evitar la discriminación por razones de genero y atención de casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social explicó que esta iniciativa de la Ley de Igualdad en Deportes contempla a las atletas que han sido relegadas de algunos beneficios laborales.
La reforma aplica para todas las personas deportistas sujetas a “una relación de trabajo obteniendo una remuneración económica por su práctica”, esto significa que los clubes de la Liga MX o la Liga Mexicana de Softbol son algunos de los empleadores que deben cumplir con la nueva medida.
Puntos que se planteó:
- Establecer un salario base para deportistas hombres y mujeres
- Considerar violatorio cualquier disposición que no permita la fijación de sueldos base igualitarios para trabajos iguales
- Permitir que el salario base cuente con aportaciones adicionales derivadas de la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional
- Inscripción y aportación a la seguridad social de los deportistas
- Derecho a un día de descanso por semana remunerado
- Acceso a servicio médico privado a cargo del empleador
- Obligación a los equipos, ligas y federaciones deportivas de contar con reglamentos y protocolos que atiendan la discriminación de género y violencia en el trabajo
- Garantizar el ejercicio de los derechos laborales individuales y colectivos por parte de los empleadores
