La administración de Donald Trump intensificó esta semana su política migratoria con nuevas medidas que dificultan la obtención de visas y el ingreso a Estados Unidos, al tiempo que amplía las revisiones y cancelaciones de permisos que ya habían sido concedidos.
El endurecimiento alcanza distintos frentes: Estados Unidos pausó las citas para visas de inmigrante a nivel mundial, mantiene restricciones de entrada para ciudadanos de decenas de países, exige fianzas de hasta 15 mil dólares a determinados visitantes y prepara una revocación masiva de visas de turismo y negocios.
Todo esto ocurre mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registra sus niveles más altos de detenciones y deportaciones durante el segundo mandato de Trump.
Pausa mundial para las visas de inmigrante
Una de las medidas más recientes fue anunciada el 26 de agosto, cuando el Departamento de Estado comunicó una pausa temporal de las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados estadounidenses de todo el mundo.
La dependencia explicó que el objetivo es capacitar a los funcionarios consulares para aplicar de manera más estricta y uniforme el criterio de “carga pública”, mediante el cual se evalúa si un solicitante podría depender de beneficios públicos estadounidenses.
La pausa afecta a personas que se encontraban en distintas etapas del proceso para obtener la residencia permanente y ha obligado a posponer entrevistas que ya estaban programadas. El Gobierno sostiene que la capacitación busca mejorar la evaluación de la capacidad económica de los solicitantes.
El criterio de carga pública no es nuevo en la legislación estadounidense, pero la administración Trump ha reforzado su aplicación como parte de una estrategia más amplia para limitar la inmigración legal.
El Departamento de Estado señala que los patrocinadores de inmigrantes deben cumplir determinados requisitos económicos y demostrar que cuentan con ingresos suficientes para respaldar al solicitante.
Hasta 200 mil visas podrían ser revocadas
A esta medida se suma una de las acciones más amplias anunciadas en las últimas semanas: el Gobierno estadounidense prepara la revocación de hasta 200 mil visas B1 y B2 de personas que ingresaron al país con permisos de negocios o turismo y posteriormente solicitaron asilo.
La medida, todavía sujeta al proceso de revisión, podría convertirse en la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos.
El Departamento de Estado sostiene que la revisión busca impedir que las visas de visitante sean utilizadas como una vía para ingresar al país y posteriormente solicitar protección mediante el sistema de asilo. Las personas afectadas pasarían a ser consideradas dentro de sus respectivos procesos migratorios, por lo que la cancelación de la visa no significa automáticamente una deportación.
La iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los migrantes, que cuestionan que personas que ingresaron legalmente puedan perder sus permisos como consecuencia de haber solicitado posteriormente asilo.
Fianzas de hasta 15 mil dólares para algunos viajeros
El Gobierno también ha ampliado el uso de fianzas para determinadas visas de turismo y negocios.
Actualmente, ciudadanos de varios países considerados de alto riesgo migratorio pueden ser obligados a entregar una garantía de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares para obtener una visa B1/B2. El monto se determina durante la entrevista consular y el pago debe realizarse mediante los mecanismos oficiales del Gobierno estadounidense.
La medida busca reducir los casos de personas que permanecen en Estados Unidos más allá del periodo autorizado, de acuerdo con la justificación de las autoridades.
No se trata, sin embargo, de un requisito universal para todos los extranjeros que solicitan una visa de visitante: la obligación depende de la nacionalidad y de las condiciones establecidas por el Departamento de Estado.
También se endurecen las visas de trabajo
La ofensiva migratoria no se limita a visitantes e inmigrantes.
Desde septiembre de 2025, la administración Trump estableció una restricción para determinados trabajadores extranjeros que buscan ingresar con visas H-1B, utilizadas principalmente por profesionales especializados. Para las solicitudes alcanzadas por esa medida se estableció un pago adicional de 100 mil dólares, salvo las excepciones contempladas por la administración.
En agosto de 2026, el Gobierno volvió a elevar la presión sobre esta categoría de trabajadores mediante nuevas medidas y costos, en un contexto de revisión general de los mecanismos de inmigración laboral.
El impacto es especialmente relevante para sectores tecnológicos, universidades y empresas que dependen de trabajadores especializados provenientes del extranjero.
Más de 175 mil visas revocadas durante el gobierno de Trump
El endurecimiento no se limita a nuevas solicitudes.
El Departamento de Estado informó este mes que más de 175 mil visas habían sido revocadas durante la administración Trump, después de que las autoridades intensificaran las revisiones sobre extranjeros que ya contaban con permisos.
Entre las razones citadas se encuentran violaciones a las condiciones de las visas, determinados delitos, riesgos de seguridad y presuntos abusos del sistema migratorio. Las autoridades también han incrementado la revisión de antecedentes y de la actividad de los solicitantes en redes sociales.
La cifra refleja un cambio significativo respecto de la política migratoria de años anteriores y amplía el alcance de las medidas: ya no se trata únicamente de impedir nuevas entradas, sino también de revisar los permisos de personas que ya fueron autorizadas para viajar o permanecer en Estados Unidos.
Las restricciones de entrada también se ampliaron
La administración Trump comenzó desde 2025 a establecer prohibiciones y restricciones de entrada para ciudadanos de determinados países, argumentando motivos relacionados con seguridad nacional, terrorismo, control migratorio y cooperación de gobiernos extranjeros.
La Casa Blanca ha ampliado posteriormente estas restricciones y mantiene limitaciones para nacionales de diversos países, aunque existen excepciones para determinadas categorías de personas, incluidos algunos residentes permanentes y titulares de visas previamente emitidas.
El propio Gobierno presenta estas políticas como parte de una estrategia para “asegurar la frontera” y reducir la inmigración irregular, mientras sus críticos sostienen que el alcance de las medidas está afectando también a personas que buscan ingresar o permanecer legalmente en el país.
El endurecimiento ocurre mientras ICE eleva las deportaciones
Las nuevas barreras para obtener visas coinciden con un fuerte aumento de la aplicación de las leyes migratorias dentro de Estados Unidos.
Datos de ICE analizados por el Deportation Data Project muestran que la agencia arrestó a 49 mil 571 personas en julio de 2026, el nivel mensual más alto durante el segundo mandato de Trump. La cifra representa un aumento de 15% frente a junio y de aproximadamente 70% respecto a febrero.
En julio también se registraron cerca de 34 mil deportaciones, de acuerdo con datos gubernamentales reportados por medios estadounidenses. Más de la mitad de las personas detenidas ese mes no tenían condenas penales ni cargos pendientes, según el análisis de los datos.
El Gobierno de Trump ha defendido la intensificación de los operativos como una herramienta para hacer cumplir las leyes migratorias y retirar del país a personas que se encuentran sin autorización.
Desde el inicio de su segundo mandato, la Casa Blanca ha planteado como una de sus prioridades incrementar las deportaciones y reforzar la capacidad de ICE. Documentos presupuestarios de la administración han contemplado incluso una meta de hasta un millón de deportaciones anuales.
Una política que alcanza a la inmigración legal
El cambio más significativo de esta nueva etapa es que las medidas ya no se concentran exclusivamente en quienes cruzan la frontera de manera irregular.
Solicitantes de residencia, turistas, trabajadores especializados, estudiantes y personas que ya cuentan con una visa enfrentan ahora mayores controles, costos, revisiones y posibilidades de cancelación.
La administración argumenta que estas acciones buscan proteger los recursos públicos, reforzar la seguridad nacional y evitar abusos del sistema migratorio.
Organizaciones de derechos de los migrantes y algunos sectores empresariales, en cambio, advierten que las restricciones pueden afectar la reunificación familiar, la contratación de trabajadores especializados y a personas que utilizan vías migratorias legales.
Además, varias de las medidas han enfrentado desafíos judiciales, lo que significa que algunas podrían modificarse, suspenderse o quedar sujetas a nuevas decisiones de los tribunales.
Por ahora, la tendencia es clara: el Gobierno de Donald Trump está elevando las barreras tanto para entrar a Estados Unidos como para obtener y conservar una autorización migratoria, mientras acelera simultáneamente las detenciones y deportaciones dentro del país.
