El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, afirmó que existen funcionarios de alto nivel en México que trabajan directamente con organizaciones criminales, un señalamiento que vuelve a colocar la corrupción institucional y los vínculos entre autoridades y narcotráfico en el centro de la relación entre ambos países.
La declaración fue realizada durante una entrevista con la periodista Ilia Calderón para el programa Esta Semana, de Univisión N+; ocurrió en el marco de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), celebrada la semana pasada en Buenos Aires. Cole no identificó públicamente a todos los funcionarios a los que se refirió.
La acusación de la DEA
Cole vinculó sus declaraciones con la acusación presentada en abril por fiscales estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de ese estado.
“En la acusación que se acaba de hacer pública, se ve la corrupción gubernamental en México con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles”, sostuvo el director de la DEA.
El funcionario estadounidense agregó que su agencia había advertido recientemente a funcionarios que, según sus investigaciones, estarían colaborando con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La acusación de abril, presentada ante una corte federal de Nueva York, señala a Rocha y a otros funcionarios por presuntamente colaborar con integrantes de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos.
Es importante precisar que se trata de acusaciones de autoridades estadounidenses y no de una condena judicial contra los señalados.
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¿Qué funcionarios fueron señalados en el caso Sinaloa?
El expediente estadounidense incluyó al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el entonces secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez.
La DEA sostiene que los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de protección, apoyo político y sobornos.
El gobierno de Sinaloa rechazó las acusaciones. Rocha Moya negó categóricamente los señalamientos y afirmó que carecían de sustento.
La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó las imputaciones estadounidenses y sostuvo que México no aceptaría injerencias extranjeras. El gobierno mexicano señaló además que Estados Unidos no había presentado elementos suficientes para justificar una extradición inmediata.
Rocha vuelve al cargo y vuelve a pedir licencia
El caso cobró fuerza nuevamente en agosto.
Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, después de más de tres meses de licencia. Su regreso provocó críticas dentro de Morena y una respuesta distante de la administración federal.
Un día después, el gobernador solicitó nuevamente licencia. Reuters reportó que la decisión ocurrió en medio de una creciente presión política y después de que Sheinbaum publicara un mensaje en el que afirmó que ningún interés personal puede estar por encima del pueblo o de la nación.
El episodio convierte el caso Sinaloa en uno de los ejemplos más visibles del choque entre las acusaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos y la postura de México sobre soberanía, debido proceso y falta de pruebas suficientes.
DEA reconoce cooperación con México
Aunque Cole lanzó fuertes acusaciones sobre corrupción, también destacó que la cooperación con las autoridades mexicanas continúa.
El director de la DEA aseguró que mantiene comunicación diaria con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien intercambia información e inteligencia sobre objetivos criminales.
Cole dijo que la colaboración también incluye apoyo a operaciones realizadas en México.
La relación entre ambos funcionarios ha mostrado una particular cercanía. Durante la conferencia internacional de Buenos Aires, Cole calificó a Harfuch como un socio confiable y destacó los resultados de la coordinación bilateral.
Además, en agosto la DEA informó de nuevas acusaciones contra integrantes de alto rango del CJNG y anunció recompensas por más de 100 millones de dólares para obtener información que permita capturarlos o conseguir condenas.
La DEA ya había acusado al gobierno mexicano de corrupción
Las declaraciones de agosto no son un señalamiento aislado.
El 5 de agosto, durante una conferencia relacionada con el CJNG, Cole afirmó oficialmente que las redes del grupo criminal tienen influencia dentro del gobierno mexicano y acusó a funcionarios de proteger a líderes del cártel y facilitar actividades como tráfico de drogas y lavado de dinero.
Un mes antes, en julio, Cole había hablado de una “conexión mortal” entre los cárteles y el gobierno mexicano, provocando una respuesta del gobierno de Sheinbaum, que rechazó los señalamientos por considerar que no estaban sustentados en resultados públicos y verificables.
¿Qué dice esto sobre la relación México-Estados Unidos?
El nuevo señalamiento ocurre mientras ambos países mantienen una cooperación intensa contra el narcotráfico, pero también atraviesan una etapa de tensión por las acusaciones de corrupción, la soberanía mexicana y la posibilidad de acciones estadounidenses en territorio nacional.
En la entrevista, Cole fue cuestionado sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones unilaterales en México. El jefe de la DEA respondió que la agencia recibe órdenes del presidente estadounidense y que ejecutaría las instrucciones que recibiera. Al mismo tiempo, insistió en que actualmente el trabajo se realiza mediante cooperación con las autoridades mexicanas.
Por ahora, la principal evidencia pública que sustenta el argumento de la DEA sobre funcionarios mexicanos involucrados con cárteles son expedientes y acusaciones judiciales estadounidenses, particularmente el caso contra funcionarios de Sinaloa. En el caso de los supuestos vínculos con el CJNG, las autoridades estadounidenses han dicho que identificaron a funcionarios, pero no han hecho públicos todos sus nombres.
El señalamiento de Terry Cole, por tanto, amplía una disputa que ya no se limita a la persecución de los grupos criminales: también coloca bajo escrutinio la posible penetración del narcotráfico en estructuras políticas y de seguridad de México, mientras ambos gobiernos intentan mantener abierta la cooperación bilateral.
