Hay una pregunta que México se niega a responder con honestidad: ¿quién gobierna realmente un estado? La Constitución dirá que existen tres poderes, organismos autónomos, fiscalías independientes, comisiones de derechos humanos y congresos y auditorías libres. La realidad, sin embargo, suele ofrecer una respuesta mucho más sencilla y preocupante: una sola persona. El gobernador, que concentra absolutamente todo el poder, todo el tiempo, durante seis años.
Esa es, quizá, la falla estructural más profunda del sistema político mexicano. No se trata únicamente de los excesos de un mandatario en particular, sino de un diseño institucional que, en los hechos, permite que el titular del Poder Ejecutivo extienda su influencia sobre prácticamente todas las instancias encargadas de vigilarlo. Es el regreso del viejo presidencialismo, pero en versión estatal: pequeños virreinatos con autonomía política y escasos contrapesos reales.
El problema, que se repite de estado en estado sin importante la filiación política, comienza con una ficción democrática. Formalmente existe división de poderes; materialmente, muchas veces existe subordinación. Los congresos locales, dominados por mayorías oficialistas o por legisladores cuya carrera política depende del gobernador, difícilmente funcionan como órganos de control. En lugar de fiscalizar, aprueban presupuestos, nombramientos, reformas constitucionales y cuentas públicas con una disciplina que recuerda más a una oficialía de partes que a un parlamento.
El Poder Judicial tampoco escapa a esa lógica. Aunque las constituciones hablan de independencia, los mecanismos de designación de jueces y magistrados, las negociaciones políticas y el control presupuestal terminan generando tribunales que rara vez confrontan al Ejecutivo. La justicia deja de ser un límite al poder para convertirse, en demasiadas ocasiones, en un instrumento de estabilidad política.
Pero la concentración va todavía más lejos. Los organismos que nacieron precisamente para ser incómodos también terminan capturados. Las comisiones estatales de derechos humanos suelen emitir recomendaciones prudentes cuando deberían incomodar al gobierno. Las auditorías superiores, responsables de revisar miles de millones de pesos del gasto público, frecuentemente encuentran anomalías en municipios adversarios y una sorprendente pulcritud en las dependencias estatales. La autonomía existe en el papel; la dependencia aparece en los nombramientos.
¿Por qué ocurre? Porque casi todos los caminos institucionales conducen al mismo sitio. El gobernador influye en las ternas, negocia las mayorías legislativas, controla buena parte del presupuesto público y posee el capital político para impulsar o bloquear carreras. Cuando una misma figura participa directa o indirectamente en la integración de quienes deben supervisarla, el sistema deja de producir contrapesos y comienza a fabricar lealtades.
La desaparición práctica de una oposición competitiva agrava el fenómeno. No basta con que existan partidos registrados; se necesita que existan fuerzas políticas capaces de investigar, denunciar, litigar y disputar el poder. Hoy, en numerosos estados como Puebla, la oposición sobrevive electoralmente, pero ha perdido capacidad institucional. Algunos partidos (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano) negocian su supervivencia; otros (PVEM, PT, Fuerza por México) funcionan como satélites; varios más (PSI, Nueva Alianza) carecen de liderazgo o representación suficiente para equilibrar al oficialismo. El resultado es un ecosistema donde el debate político se reduce y la rendición de cuentas se vuelve excepcional.
El riesgo no es ideológico. Da igual si gobierna Morena, el PAN, el PRI o cualquier otra fuerza. El problema es estructural: el sistema ofrece a cualquier gobernador las herramientas para convertirse en el eje de todos los poderes. Cambian los colores, permanece la arquitectura de la concentración.
La democracia no fracasa únicamente cuando hay autoritarismo abierto. También se erosiona cuando las instituciones conservan su nombre, pero pierden su función. Un Congreso que no controla, un tribunal que no limita, una comisión que no defiende y una auditoría que no fiscaliza son edificios con fachada democrática y funcionamiento monárquico.
Por eso, soy de los que piensan que México necesita una segunda transición democrática, pero esta vez hacia los estados. La verdadera reforma pendiente no consiste en crear más organismos, sino en impedir que una sola persona pueda capturarlos todos. Porque ningún gobernador, por popular que sea, debería ser al mismo tiempo jefe del Ejecutivo, líder del Legislativo, árbitro del Judicial, tutor de los autónomos y vigilante de sí mismo. Ese no es un gobierno fuerte. Es un sistema peligrosamente débil frente al poder.
