Hace unos días, luego de una larga espera de 15 meses, por fin se iba a realizar una audiencia judicial para intentar vincular a un proceso penal a un hombre llamado José Guadalupe N., alias “El More”, quien es señalado de haber encabezado con un grupo armado una importante invasión de tierras en el norte del municipio de Puebla. La sesión no se llevó a cabo porque el acusado presentó, de última hora, un certificado médico argumentando la sospecha de tener COVID-19. Una situación que no tuviera nada de extraño si no fuera porque se descubrió que el documento es falso y se suplantó la identidad de un médico para aparentar que había hecho tal diagnóstico.
Lo que llama la atención es que el documento viene de un consultorio de la empresa Fifty Doctors, la cual es una cadena de hospitales “boutique” y de torres médicas que, para el caso de Puebla, ha registrado un acelerado crecimiento al contar con tres complejos en un corto tiempo.
Fifty Doctors se destacó por el escándalo de hace un par de años en que se puso al descubierto que en un consultorio de esta firma atendía una mujer llamada Marilyn Cote, quien era una falsa médica que ejercía la Psiquiatría, cuyo caso se puso al descubierto por la denuncia de los pacientes a los que dañó, pues la empresa en donde atendía nunca pudo –o nunca quiso– detectar los fraudes que cometía esta mujer.
Ahora vuelve a aparecer el nombre de la firma Fifty Doctors en un caso de falsificación de la identidad de un médico.
Aunque el mayor cuestionamiento se tendría que dirigir contra el juez de Control Salvador Hernández Martínez, quien lleva el juicio por la invasión de La Covadonga, pues el togado aceptó un falso certificado médico a favor del acusado principal.
Una situación que debería ser objeto de investigación y sanción por parte del Consejo de la Judicatura, encabezado por Pedro Antonio Martínez Hernández, pues el juez no estaría garantizando el principio de legalidad en la actuación del Poder Judicial.
Este tipo de asuntos pone al descubierto que en el aparato de administración de justicia de Puebla hay una protección hacia el llamado “Cartel del Despojo”, que no es otra cosa que una red de abogados, grupos de choque, notarios púbicos y empresarios que se coluden para cometer robos de bienes inmuebles.
El falso diagnóstico
En la noche del 9 de febrero de 2025, se cometió una segunda invasión a los terrenos de la ex fábrica textil La Covadonga. Un grupo armado ingresó al lugar para apropiarse de las tierras y de paso, golpearon y privaron de la libertad a dos agentes de la Policía Auxiliar que vigilaban la zona. Los uniformados aparecieron en Tlaxcala dentro de la cajuela de un automotor.
Para el mes de marzo de 2025 se logró que se judicializara la demanda que se presentó ante el Ministerio Público y en la cual se señalaba que el despojo lo habría cometido José Guadalupe N., “El More”, quien hasta la fecha sigue teniendo bajo su posesión los terrenos invadidos, que se ubican en el norte del municipio de Puebla.
El pasado 25 de mayo se convocó a una audiencia judicial para intentar vincular a un proceso penal a “El More”, por los presuntos delitos de despojo y de agresiones físicas contra dos policías. El acusado no respondió al citatorio del juzgado, por lo cual se ordenó que fuera presentado con el uso de la fuerza pública.
Todo hacía suponer que, con esas condiciones, el pasado 22 de junio de este año, ahora sí se realizaría la audiencia en cuestión, tras una larga espera de 15 meses. Esa expectativa acabó en otra nueva suspensión.
El secretario del juzgado les comunicó a los abogados de la parte que denuncia la invasión que “El More” había presentado un certificado médico, en donde un galeno le ordena estudios específicos para detectar si está infectado con el virus SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19. Una situación que despertó fuertes sospechas en los afectados por el despojo de la ex fábrica La Covadonga.
Había algo que no cuadraba en el documento médico, pues al acusado supuestamente le recetaron Azitrocin y al mismo tiempo le diagnosticaban un posible contagio del SARS-COV-2, lo cual no es lógico, ya que el medicamento es un antibiótico de amplio espectro y en el tratamiento del COVID-19 no se usan antibióticos.
Eso llevó a que los abogados de la parte acusadora solicitaran la intervención del Ministerio Público, mismo que logró localizar al médico que firma el certificado, quien al comparecer declaró no conocer a José Guadalupe N., no haber emitido el certificado médico en cuestión y él mismo expuso que se falsificó su firma, algo que se evidencia, pues la rúbrica usada no se parece en nada a la suya.
Lo que no queda claro es cómo se obtuvo el papel membretado de la empresa Fifty Doctors.
En la imagen que hay sobre esta columna se ve en la parte izquierda la firma falsa y en la parte derecha la rúbrica real del médico, de quien se omite su nombre por motivos de seguridad.
Resulta entendible que alguien dedicado a invadir propiedades recurra a usar documentos falsos, pues es parte de su modus operandi.
Lo que no es aceptable es que el juez Salvador Hernández Martínez no haya verificado la autenticidad del certificado médico comentado con anterioridad.
Eso despierta la pregunta: ¿en el juzgado actuaron con negligencia o con complicidad?
