A veces camina lento. Muy lento. Tan lento que, según el reciente reporte de México Evalúa retomado por medios locales, dejó sin ejecutar una de cada tres órdenes de aprehensión emitidas durante 2024 y 2025.
Ese dato, por sí solo, debería encender todas las alarmas. Pero el problema no es únicamente estadístico. El problema es político, institucional y moral. La Fiscalía parece tener una velocidad para los casos que importan a la sociedad y otra muy distinta para los asuntos que interesan a diferentes actores.
Ahí está la diferencia. Cuando se trata de buscar al presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, las respuestas se vuelven lentas, vagas y parciales. Los ataques se acumulan, los ciudadanos viven con miedo, los vehículos aparecen con impactos de bala y las autoridades piden paciencia. Cuando se trata de explicar la realidad de la seguridad en Puebla, el discurso oficial busca administrar la percepción, matizar, contener y prometer que pronto habrá resultados. Pero cuando existe un interés de por medio “y no necesariamente el interés jurídico de las víctimas” la Fiscalía demuestra que sí sabe correr. Ahí no hay lentitud, ni burocracia, ni prudencia. Ahí sí aparecen los operativos, las órdenes, los agentes, los cateos, las patrullas, los despliegues y la eficacia exprés.
El contraste es brutal. Javier Millán, dueño de conocidos centros nocturnos, fue detenido de manera rápida bajo señalamientos graves. Posteriormente, su defensa alegó irregularidades y el caso abrió una discusión pública sobre la forma en que la Fiscalía arma, ejecuta y sostiene ciertos expedientes. La pregunta quedó sembrada: ¿se trataba de justicia o de presión? Meses después, otro empresario del mismo giro, Abraham R., propietario de Foxies Sport Bar & Men’s Club, fue asesinado a quemarropa en Puebla. El crimen fue directo, brutal y de alto impacto. Y hasta ahora, la autoridad no ha logrado despejar con claridad quién ordenó, quién ejecutó y qué red se encuentra detrás.
La Fiscalía corre para unos casos, se tropieza en otros y se luce cuando le conviene. Lo mismo ocurrió con el ataque en la Sala de Despecho. Tres jóvenes asesinados, una ciudad indignada y una narrativa oficial que al principio tuvo que abrirse paso entre versiones, sospechas y explicaciones insuficientes. Al final se habló de una confusión entre grupos criminales, de una célula delictiva, de detenidos y de una investigación rápida. Pero la herida pública permaneció. Cuando el caso golpea fuerte a la opinión pública, la Fiscalía parece más preocupada por controlar el relato que por reconocer las fallas del entorno de seguridad.
Y entonces aparece el caso que desnuda la contradicción: el de Socorro Romero Sánchez. Porque no fuera a tratarse de una carpeta impulsada en el entorno de la dirigente estatal de Morena en Puebla, para que la Fiscalía se moviera con una rapidez que en otros asuntos simplemente no aparece. Ahí sí hubo despliegue. Ahí sí hubo fuerza. Ahí sí hubo decisión. Ahí sí hubo aparato. Una carpeta que, según las versiones de la defensa y de los adversarios de Olga, había sido cerrada o desestimada en múltiples ocasiones por falta de elementos, terminó reactivándose con una energía difícil de explicar. Y de pronto, el estado apareció con todo su peso para detener a Estela Romero Bringas, una mujer de edad avanzada, y al notario Ramiro Rodríguez Maclub, dentro del pleito por la herencia de Socorro Romero Sánchez. El operativo no pareció proporcional, ni ordinario, ni casual. Soldados, marinos, agentes ministeriales, elementos de Seguridad Pública y presencia municipal formaron parte de un aparato institucional que contrastó con la lentitud que la Fiscalía muestra en otros expedientes donde las víctimas sí esperan justicia.
Ahí surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Por qué tanta fuerza para una disputa hereditaria? ¿Por qué tanta velocidad en una carpeta vinculada a una dirigente del partido en el poder? ¿Por qué tanto aparato para sacar de su domicilio a una mujer de edad avanzada, mientras otros casos de violencia real siguen sin recibir la misma contundencia? ¿Por qué la Fiscalía parece tan eficaz cuando el expediente toca intereses políticos?
La Fiscalía debe actuar por el interés público, no por el interés de una dirigente. Debe perseguir delitos, no resolver pleitos patrimoniales. Debe proteger a las víctimas, no construir ventajas procesales para personajes con poder. Debe cuidar la legalidad, no aparecer como brazo operativo de ambiciones particulares. Ese es el fondo. Porque la dirigente estatal de Morena pregona los valores de la cuarta transformación, pero en este caso la percepción pública apunta hacia otra cosa: hacia una deformación del poder. Una dirigente que habla de justicia social, pero aparece vinculada a una batalla por una herencia millonaria.
Una presidenta partidista que pide confianza ciudadana, pero cuyo nombre aparece relacionado con un conflicto donde la Fiscalía actuó con una velocidad que muchos ciudadanos jamás han visto en sus propios expedientes.
Esa contradicción le pega a Morena. Le pega al Gobierno. Le pega a la Fiscalía. Y le pega al discurso completo de legalidad. Porque no hay transformación posible cuando las instituciones parecen moverse al ritmo de los intereses de los poderosos. El problema no es que la Fiscalía investigue. Tiene que investigar. El problema es cuando se investiga con entusiasmo selectivo. El problema es cuando una orden se ejecuta con todo el aparato del estado porque conviene políticamente, mientras otras órdenes duermen en escritorios, carpetas, cajones o excusas. El problema es cuando una institución que debería ser técnica comienza a parecer política. Y eso, en Puebla, ya empieza a ser demasiado evidente. Los ojos deben estar puestos en la Fiscalía, no solamente por lo que hace, sino también por lo que deja de hacer. Por las órdenes que no ejecuta, por los homicidios que no esclarece, por las investigaciones que se anuncian y luego se enfrían, por los casos que se aceleran cuando hay un nombre político detrás y por los expedientes que parecen caminar más por recomendación que por derecho.
La administración estatal tiene frente a sí un reto enorme: demostrar que en Puebla la procuración de justicia no será utilizada como herramienta de presión, ni como aparato de venganza, ni como favor institucional para nadie. Porque si la Fiscalía quiere recuperar la confianza, tendrá que explicar por qué algunos casos se mueven como relámpago y otros se arrastran como piedra. Tendrá que demostrar que no trabaja para una dirigente. Tendrá que probar que no se presta a pleitos hereditarios. Tendrá que dejar claro que la justicia no se activa por apellido, por cargo partidista o por cercanía con el poder.
La justicia no puede ser selectiva. No puede ser rápida para los amigos y lenta para las víctimas. No puede ser eficaz para los intereses políticos y torpe para la seguridad ciudadana. No puede presumir resultados mientras una de cada tres órdenes de aprehensión queda sin ejecutarse. Y no puede pedir confianza cuando el ciudadano observa que, para algunos, la Fiscalía llega tarde; pero para otros, llega con todo el estado encima.
