Con el objetivo de establecer las bases conforme a las cuales se regularán los mecanismos institucionales mínimos para la prevención, atención y solución de conflictos derivados de la convivencia cotidiana, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa mediante la cual se expide la Ley de Justicia Cívica del Estado de Puebla y sus Municipios.
Este marco normativo está diseñado para sentar las bases generales de coordinación entre el Estado y los municipios; regular la organización y funcionamiento de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica; definir la estructura mínima de los Juzgados Cívicos; y reconocer derechos de las partes.
Además, establecer procedimientos ordinarios, simplificados y por queja; incorporar mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa; prever reglas sobre sanciones, medidas para mejorar la convivencia cotidiana, justicia itinerante, registros, capacitación, evaluación y medios de impugnación.
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De acuerdo con la iniciativa de la legisladora, uno de los elementos centrales de la propuesta consiste en definir con claridad las bases institucionales de la justicia cívica, a fin de superar esquemas municipales dispersos o incompletos.
Asimismo, regula el procedimiento ordinario, el procedimiento simplificado, el procedimiento por queja y el régimen de medios de impugnación, cuidando audiencia, defensa, contradicción, valoración racional de la prueba, resolución fundada y motivada y notificación legalmente suficiente.
Finalmente, a través de la iniciativa, la legisladora destaca que se incorpora, de manera expresa, una dimensión restaurativa, preventiva y comunitaria que trasciende el modelo tradicional de sanción administrativa, donde se prevén mecanismos alternativos de solución de controversias, medidas para mejorar la convivencia cotidiana, trabajo en favor de la comunidad, evaluación de riesgo psicosocial, programas de canalización, seguimiento de convenios y medidas restaurativas.
