El episodio que como primer actor tuvo al secretario de Educación Pública del Gobierno federal, Mario Delgado, exhibe sin duda alguna la enorme deuda que durante los últimos años tiene el sistema educativo en el país, tanto como la deuda que se tiene con el sector salud.
Esa lógica política usada por el secretario que condujo a la rectificación de la instrucción “acordada unánimemente” –dijeron– para ampliar el periodo vacacional derivado de la “ola de calor y de que está en puerta el Mundial del Fútbol” demostró la convicción del señor secretario que nada tiene que ver con el aprendizaje, como supondría ser, en la persona que le corresponde planear, coordinar y procurar una mejora continua en materia educativa.
Detrás de este fallido “acuerdo unánime”, prevalece sin duda una realidad preocupante, el desconocimiento de la realidad actual del sistema educativo y del papel que tienen las escuelas en el bienestar de las infancias.
Olvidaron que México arrastra un rezago educativo, que el promedio de escolaridad está entre los nueve u once años, según el Informe de Desarrollo Humano de las Juventudes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sitúa a México en una categoría de “sin progreso” educativo, alertando sobre un estancamiento en la calidad del aprendizaje y un retroceso en lectura.
Que hay un aumento en la deserción en secundarias, que expertos y expertas del PNUD en la materia señalan que sin una estructura escolar, muchos menores quedan a merced de la adicción a las pantallas, a la violencia familiar y sexual y a todos los riesgos en el entorno digital que son realidades que acechan a la niñez y a las juventudes mexicanas.
Tan solo en Puebla se difunde que 13 mil 024 estudiantes de primaria y secundaria de zonas rurales registraron su baja en el ciclo escolar 2024-2025 (Morales Calderón, e-consulta 17/05/2026).
Olvidaron también que un mes más de vacaciones implica no reconocer las pérdidas que tendría la microeconomía que existe alrededor de las escuelas: transporte, papelerías, comercio informal y la enorme responsabilidad de los cuidados hacia esa niñez durante ese periodo.
A todo, sumamos la persistencia de desafíos estructurales graves, como el reconocer que no todas las escuelas parten del mismo punto, que existe una alta desigualdad que amplía las brechas educativas, no solo entre instituciones de educación pública, también comparativamente con la educación privada, tan solo el dato 7 de cada 10 escuelas públicas no cuenta con Internet.
Declara el secretario del ramo que en el último mes de clases “se mantienen las aulas abiertas realmente sin propósito pedagógico, solo por cumplir” –dijo–; sin poner en duda sus palabras, esto no es problema de la niñez, ni del profesorado, ni de las madres trabajadoras que se responsabilizan de los cuidados, sino de una mala planeación que le tocaría a él haber corregido, es parte de sus facultades y pudo haberlo hecho desde el primer día del 1 de octubre del 2024 que rindió protesta como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Calificación de cero para el secretario en materia de planeación educativa y cero también en conocimiento de la realidad.
Ahora que pareciera que la soberanía es una obsesión de carácter político, debemos recordar como bien se ha escrito que “la soberanía no se pierde únicamente cuando otro país invade territorio. Puede también erosionarse lentamente cuando los países pierden la capacidad de producir, innovar, EDUCAR, gobernar, construir confianza, generar energía, garantizar seguridad y adaptarse a los cambios del mundo” (Treviño, Javier 2026).
Entre tanto, esos 478 mil millones de pesos de recursos públicos perdidos que tiene el quebranto de Pemex, cómo ayudarían para corregir esa creciente separación entre escolarización y educación que amenaza el objetivo de elevar y fortalecer el aprendizaje de estudiantes en México –o para apoyar al sector salud– porque justo esos 478 mil millones de pesos de recursos públicos perdidos equivalen al presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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