El Congreso del estado de Puebla volvió a abrir la discusión sobre el delito de ciberasedio después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la figura penal aprobada previamente por diputados locales.
La diputada por Nueva Alianza Leonela Martínez Ayala señaló que aunque la Corte invalidó el tipo penal, las conductas relacionadas con violencia digital continúan ocurriendo y existe necesidad de construir mecanismos legales que permitan proteger a víctimas de agresiones en entornos digitales.
La legisladora sostuvo que el tema deberá volver a analizarse, discutirse y cabildearse dentro del Poder Legislativo para construir una nueva propuesta que pueda resistir revisión constitucional. También afirmó que el estudio tendrá que realizarse de manera “sustanciosa y minuciosa” para evitar nuevamente observaciones jurídicas como las que derivaron en la invalidez de la reforma.
El debate también incorporó posicionamientos de otras fuerzas políticas. La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputada local, Fedrha Suriano Corrales, consideró que si se presenta nuevamente una iniciativa relacionada con ciberasedio, ahora sí deberán realizarse consultas ciudadanas, foros abiertos y procesos de socialización antes de su aprobación.
La legisladora señaló que uno de los principales cuestionamientos al proceso anterior fue precisamente la falta de discusión pública previa, por lo que pidió que especialistas, organizaciones, periodistas y ciudadanía puedan participar directamente en la construcción de cualquier nueva propuesta legislativa relacionada con violencia digital.
El tema del ciberasedio generó fuerte controversia en Puebla desde su aprobación debido a críticas de organizaciones civiles, colectivos defensores de derechos digitales y sectores periodísticos que advirtieron riesgos de censura, ambigüedad jurídica y posibles afectaciones a la libertad de expresión en plataformas digitales.
Tras la acción de inconstitucionalidad promovida contra la reforma, la SCJN invalidó el delito al considerar que presentaba problemas de precisión normativa y alcance jurídico.
