A doce años del feminicidio de Karla López Albert, uno de los casos que marcó un antes y un después en Puebla en la discusión sobre violencia contra las mujeres, Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión por el crimen, obtuvo su libertad tras una revisión de medida cautelar que desató indignación y cuestionamientos contra el Poder Judicial.
La decisión ocurrió el pasado 12 de mayo de 2026, cuando una auxiliar judicial autorizó sustituir la prisión preventiva por firma periódica, permitiendo que Forcelledo regresara a su domicilio mientras continúa el proceso judicial relacionado con el caso.
La resolución generó molestia entre familiares, colectivos feministas y ciudadanos, debido a que el mismo juez, Enrique Romero Razo, había dictado en 2021 la condena de 76 años de cárcel por feminicidio, aborto y violación equiparada.
De acuerdo con las versiones difundidas, Romero Razo solicitó licencia sin goce de sueldo del 11 al 14 de mayo, pese a que conocía previamente que el día 12 se celebraría la audiencia de revisión de medida cautelar correspondiente al proceso 109/2014.
En su ausencia, quedó habilitada la abogada Angélica Rodríguez Zamora como encargada de despacho, quien finalmente autorizó el cambio de medida cautelar. Además, trascendió que la audiencia se realizó sin sistema de grabación de audio y video, pese a que estos registros son obligatorios conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las circunstancias alrededor de la audiencia provocaron sospechas sobre posibles irregularidades en el procedimiento judicial.
El feminicidio que conmocionó a Puebla
Karla López Albert tenía 31 años y presentaba cinco meses de embarazo cuando fue asesinada entre el 30 y 31 de enero de 2014. De acuerdo con las investigaciones, su entonces pareja sentimental, Manuel Forcelledo Nader, no quería asumir la paternidad y le insistió en abortar, petición a la que ella se negó de manera rotunda.
Según el expediente judicial, Manuel citó a Karla en el salón de fiestas infantiles “Katz”, propiedad de su familia, presuntamente para hablar sobre el embarazo. Sin embargo, en el lugar ya se encontraban Rodrigo Solís Cano, alias “El Roko”, y Moisés Cordero Hernández, alias “El Moy”, señalados como sus cómplices.
Las investigaciones concluyeron que la joven fue sometida y estrangulada con rafia hasta perder la vida. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México y abandonado dentro de su automóvil. El cadáver fue localizado el 7 de febrero de 2014.
El caso causó conmoción nacional debido a que en aquel momento el término feminicidio todavía no era ampliamente utilizado en Puebla, convirtiéndose en uno de los primeros expedientes emblemáticos bajo esa tipificación en la entidad.
Familiares y colectivos cuestionan liberación
La salida de prisión de Manuel Forcelledo reactivó las críticas hacia el sistema de justicia poblano. Familiares de Karla señalaron anteriormente que la justicia permanecía “incompleta”, pues los otros implicados no habían recibido una sentencia definitiva.
Ahora, la liberación del principal sentenciado volvió a abrir heridas entre colectivos y ciudadanos que recuerdan el caso como un símbolo de la violencia feminicida en Puebla.
Además, el juez Enrique Romero Razo fue señalado nuevamente por presuntas irregularidades en otros procesos judiciales mediáticos. Diversas voces cuestionaron cómo un caso considerado emblemático terminó con el principal responsable fuera del penal apenas cinco años después de haber sido sentenciado.
En redes sociales, usuarios y activistas expresaron preocupación por el precedente que deja la resolución y por el mensaje que envía a las víctimas de violencia de género en la entidad.
