En Tehuacán y su región, el problema ya no es el conflicto social. Es quién lo provoca y con qué propósito. Lo ocurrido hace unas horas en Azumbilla y Chapulco no fue un estallido espontáneo ni una reacción técnica informada: fue un conflicto incubado, alentado y mal administrado desde la política.
El saldo es inaceptable: carreteras federales cerradas durante casi tres días, actos de violencia, transportistas afectados y una autoridad rebasada por un grupo que, en condiciones normales, no tendría capacidad de paralizar una vía estratégica.
El hilo conductor apunta a la intervención de la presidenta de Morena en Puebla. Se le atribuye haber activado una narrativa de confrontación contra proyectos vinculados a la familia Celis Romero.
Primero, un operativo de alto impacto, desproporcionado, para irrumpir en una empresa y detener a doña Estela Romero, adulta mayor con movilidad limitada. Después, abrió la puerta para que actores como Pedro Tepole promovieran una movilización social para clausurar invernaderos de Ecoterra, situación que viene generando desde hace tres semanas, justo cuando supo que iba a ser nombrado coordinador Agropecuario en la Región del Valle Tehuacán.
En política no hay casualidades. Cuando los hechos se encadenan, hay conducción.
El problema es de método y de control. Se construyó un discurso de sobreexplotación de agua cuando los invernaderos no estaban en operación. Se omitió que existe autorización de la Comisión Nacional del Agua y que el cultivo de arándano opera con riego por goteo controlado, uno de los sistemas más eficientes en consumo hídrico.
Es decir, se privilegió la consigna sobre el dato. Bajo el lema de que el pueblo manda, se realizaron clausuras de facto, sin soporte jurídico, sustituyendo al Estado por la presión de calle.
Pero el conflicto no se detuvo ahí.
El viernes por la noche, los presidentes de Azumbilla, Chapulco y Nicolás Bravo –respaldados por el grupo político de Pedro Tepole– ofrecieron un informe a los pobladores inconformes en el que aseguraron que el invernadero sería clausurado. De nueva cuenta, sin sustento legal, sin resoluciones administrativas y sin la mediación institucional de Gobernación. La política local volvió a prometer lo que jurídicamente no podía sostener.
El resultado fue previsible: escalamiento. Cierre de carreteras por casi 72 horas, interrupción logística, reportes de agresiones a transportistas y un deterioro inmediato de la seguridad jurídica. Gobernación quedó exhibida. El delegado Marco Antonio Balseca no logró articular diálogo ni desactivar el conflicto; peor aún, permitió que la situación derivara en un punto de quiebre donde terceros afectados amenazaban con retirar el bloqueo por la fuerza ante la inacción institucional.
Y cuando el vacío de autoridad se hizo evidente, la intervención posterior no corrigió el rumbo, lo agravó. El sábado apareció el subsecretario de Gobernación, Isauro Rendón, quien lejos de restablecer el orden legal, optó por “administrar” el conflicto con promesas sin sustento: anunció una supuesta clausura del invernadero con intervención de la Semarnat, sin procedimiento formal, sin garantía de audiencia y, lo más grave, vulnerando públicamente el derecho de defensa de la empresa, todo documentado en video.
A los pobladores se les ofreció un citatorio a dialogar con la empresa que ni siquiera contaba con acuse de recibido. Más simulación. Más atole con el dedo. Más evidencia de una operación política sin rigor jurídico ni capacidad técnica.
‼️ #IMPORTANTE ‼️ En estos momentos, sin previa mediación, sin presencia de la @Segob_Puebla y sin diálogo con la iniciativa privada, personal de Medio Ambiente del @Gob_Puebla, junto con pobladores de Azumbilla y Chapulco, se apersonan en el invernadero #Ecoterra para causar… pic.twitter.com/7dcrg8Bo2g
— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) April 20, 2026
Cuando la autoridad se suma a la consigna, renuncia a su función.
A este escenario se suma un componente aún más delicado: el uso del aparato institucional con fines que trascienden lo jurídico y se acercan peligrosamente a lo patrimonial.
Se proyecta la imagen de una Fiscalía respaldando actos de fuerza contra dos personas de edad avanzada, en un contexto donde subyace un interés económico vinculado a una herencia. La coincidencia de acciones no es menor. Una detención de alto impacto y, en paralelo, una movilización social dirigida contra activos productivos de la misma familia. No es percepción, es un patrón que merece análisis serio.
Lo que inició como una manifestación de no más de 10 personas, con vínculos políticos identificables, se salió de control y escaló a problema social. Ese es el punto crítico. La política activó un conflicto que no supo contener. Y cuando la contención falla, el costo se traslada al estado.
Hoy la narrativa dominante es preocupante: en Puebla, la legalidad parece flexible. Se puede ingresar con fuerza pública para detener a quien se decida y, al mismo tiempo, permitir que bajo el argumento del pueblo bueno se determine quién puede operar, invertir o generar empleo.
La pregunta es inevitable. ¿No es demasiada coincidencia que un mismo actor político esté presente en dos frentes distintos contra la misma familia? En política, las coincidencias no existen. Existen intereses, estrategias y errores de cálculo. Aquí hay de los tres.
La pregunta de negocio es inmediata. ¿Quién responde por los trabajadores de Ecoterra, por la cadena de suministro interrumpida, por los daños a terceros, por los millones de pesos perdidos en tres días, por la inversión realizada por esta empresa? La respuesta hoy es nadie. Y ese nadie es el mayor riesgo país a escala local: la incertidumbre.
Cuando la política se utiliza para presionar disputas patrimoniales y se cruzan intereses con movilización social, se desbordan los límites legales y se envía una señal inequívoca a la inversión: en Puebla, la regla puede ser sustituida por la consigna.
Este episodio no es un incidente aislado. Es un síntoma. La combinación de activación política, narrativa sin sustento técnico y ausencia de control operativo termina por debilitar lo que debería protegerse: la legalidad.
Porque cuando la política juega con fuego para ganar terreno, no solo quema al adversario. Termina debilitando al estado y dejando a todos –empresa, trabajadores y ciudadanos– indefensos y vulnerables.
