En política, los problemas no son los que existen, sino los que se salen de control.
Hay conflictos que, por su origen, parecen manejables, privados y contenidos; sin embargo, cuando se prolongan, se contaminan con poder y comienzan a involucrar instituciones, dejan de ser un asunto interno para convertirse en un problema político. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Puebla.
El caso de la herencia de Socorro Romero, que en su origen era una disputa patrimonial, hoy ya no puede analizarse en esa dimensión. Se ha transformado en un tema que impacta directamente a Morena, al Gobierno estatal y, eventualmente, al escenario electoral de 2027.
No por el monto en disputa, sino por lo que proyecta. En el centro de este conflicto aparece una figura clave: Olga Romero, dirigente estatal de Morena. Y es ahí donde el tema deja de ser jurídico para convertirse en político.
No es menor que quien encabeza un partido en el poder esté, al mismo tiempo, involucrada en un litigio de alto perfil que ha transitado por distintas instancias institucionales, generando cuestionamientos sobre tiempos, decisiones y actuaciones.
No es un tema de legalidad estricta, es un tema de percepción política. Para el gobernador Alejandro Armenta, el costo es evidente, aunque no sea directo, porque en política los entornos también cuentan. Cuando un conflicto de esta naturaleza crece dentro del mismo ecosistema de poder, inevitablemente impacta la narrativa de gobierno, aun sin responsabilidad formal.
El problema no es solo lo que ocurre, sino lo que parece estar ocurriendo. Y en ese terreno, Morena enfrenta un riesgo innecesario. Un partido que ha construido su identidad sobre la narrativa de transformación, combate a privilegios y cercanía con la gente difícilmente puede permitirse que una de sus principales figuras estatales esté asociada de manera recurrente a un conflicto que gira en torno a una herencia millonaria y a decisiones institucionales cuestionadas. No por la existencia del litigio, sino por la forma en que se percibe su conducción.
El fondo político es claro: ¿qué mensaje se envía hacia dentro del movimiento cuando la dirigencia está concentrada en una disputa personal de esta magnitud? ¿Qué señal se manda hacia afuera cuando ese conflicto parece escalar en paralelo con decisiones institucionales? Y, más aún, ¿qué impacto puede tener esto rumbo a 2027?
Las elecciones no se ganan solo con estructura, se ganan con narrativa. Y hoy, en Puebla, empieza a construirse una narrativa incómoda: la de un partido que, en lugar de cerrar filas en torno a su proyecto, se ve envuelto en conflictos internos que distraen, desgastan y generan dudas. No es un tema menor, porque las oposiciones no necesitan construir ataques cuando los propios conflictos internos generan materia suficiente. Y en política, los vacíos se llenan.
El otro punto es aún más delicado: la estabilidad. Cuando actores políticos con posiciones relevantes se involucran en disputas que escalan a nivel institucional, el riesgo no es solo mediático, es de gobernabilidad. No porque el sistema se rompa, sino porque se tensiona. Y cuando esa tensión es innecesaria, el costo se distribuye: al gobierno, al partido y al proyecto.
Morena en Puebla no enfrenta una crisis, pero sí enfrenta una advertencia, porque los líderes no se miden solo por la capacidad de ganar posiciones, sino por la capacidad de evitar conflictos que dañen al conjunto. Y hoy, el problema no es una herencia, es lo que esa herencia está empezando a significar políticamente.
Omar Pérez, un verdadero “dolor de cabeza” para el gobierno de Puebla
La actual secretaria de Agricultura y Desarrollo Social del gobierno de Puebla, Ana Laura Altamirano, debería tener mucho cuidado con lo que hace su actual delegado en la microrregión 18 que comprende los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, el cual responde al nombre de Omar Pérez.
Este personaje no solo desestabiliza políticamente la región y mete ruido, sino que también se han comenzado a recibir quejas de su mal trato hacia los productores del campo, a los cuales, se dice, les solicita su “milpa” para poder tener acceso a apoyos y programas por parte de esta dependencia.
Lo peor del asunto es que para esto, hace uso del nombre del gobernador Armenta y de la propia secretaria, quien ha hecho mucho para cuidar su imagen y no es justo que se manche su nombre con personajes de este tipo.
Las quejas ya llegaron al gobernador Armenta, quien no tarda en tomar cartas en el asunto.
