Muchos de los esfuerzos que se hacen para combatir la violencia de género, desde el ámbito institucional o de la sociedad civil, se topan con un muro infranqueable en el Poder Judicial poblano, pues hacia el interior del aparato de impartición de justicia no se combate ni se castiga las transgresiones que se cometen contra las féminas.
Para muestra de lo anterior, hay dos historias que están circulando en los corrillos del Poder Judicial que exhiben el alto grado de impunidad y misoginia que hay en muchas áreas de este poder público.
En donde se expone que el Consejo de la Judicatura, encabezado por Pedro Antonio Martínez Hernández, “no toma cartas” en asuntos graves de violencia de género. No ejerce su función de órgano rector que debe imponer sanciones disciplinarias a quien permite actos de agresión o maltrato hacia las mujeres.
Amenazan a una jueza por defender a una trabajadora
Se cuenta que en un juzgado de oralidad familiar de la ciudad de Puebla, que se supone es una instancia donde se protege la integridad de niñas, adolescentes y mujeres adultas, hay un caso grave de violencia sexual que no se ataca porque el presunto agresor es protegido por uno de los miembros del Consejo de la Judicatura.
En ese juzgado labora una joven de 25 años que ha resultado ser muy talentosa y que cumple con sus funciones. Todo iría bien si no fuera porque un alto funcionario del área administrativa de los juzgados familiares habría desplegado una campaña de acoso sexual contra esta mujer.
Primero habría empezado con tocamientos a la altura de la cadera, sin que fueran consentidos por la afectada.
Luego se dice que habrían seguido recados escritos que le ha dejado en su escritorio o en sus pertenencias, en donde le pide –o más bien le exige– sostener relaciones sexuales con él, utilizando la expresión de “pasar juntos la noche”, como una manera de que “le vaya bien” en sus actividades laborales.
La agraviada se armó de valor y expuso ante la titular del juzgado la situación que estaba ocurriendo. La togada la respaldó y le pidió presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura.
Pasaron los días y simplemente no hubo respuesta a la queja.
Se dice que el administrador goza de la amistad de un miembro del Consejo de la Judicatura y por esa razón se habría soslayado el señalamiento en su contra.
Dicen que a la jueza de apellido Reyes, que ha respaldado a la víctima de este caso de hostigamiento sexual, ya le habrían mandado el recado de que si insiste en la queja la podrían cambiar de adscripción.
Es decir, la mandarían a un juzgado lo más alejado de la ciudad de Puebla, como forma de castigo.
Mientras que a la joven afectada ya le dijeron que no le van a renovar el contrato.
Juzgado respalda a padre violento
Una mujer que es madre de un niño de 10 años y que padece autismo, desde hace muchos días no duerme en paz porque el padre de la criatura ha sido respaldado por el Poder Judicial para que a él se le quede el menor, pese a que tiene graves antecedentes de violencia.
El padre del pequeño –se dice– que en varias ocasiones ha enfrentado problemas con la justicia por acopio de armas de fuego.
No ha pisado la cárcel porque su abogado defensor, de origen libanés, es su padre y se asegura que tiene muchas influencias en el Poder Judicial.
Resulta que la mujer desde hace mucho tiempo decidió separarse del padre de su hijo, luego de que documentó supuestos actos de violencia contra el menor por parte del progenitor.
Eso le permitió obtener una orden de restricción contra su expareja.
El padre, no hace mucho, presentó un recurso legal reclamando la guardia y custodia del niño.
Para sorpresa de la madre, en un juzgado cuya titular tiene el apellido Hernández, se dio por válido un dictamen psicológico que emitió el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, en el cual se ignoran los antecedentes del padre violentador y se le da la razón para que a él se le quede el menor.
La madre acudió al Consejo de la Judicatura para exponer que no tiene lógica que con todo lo anteriormente ocurrido, ahora se dictamine por parte de un juzgado que ella es la de los problemas de violencia y que el padre es la víctima.
En el Consejo de la Judicatura no la quisieron escuchar.
La afectada mejor optó por ir a tocar la puerta de Citlalli Hernández, la secretaria de las Mujeres a nivel federal, para intentar frenar la barbaridad jurídica que el Poder Judicial poblano quiere cometer en agravio de su pequeño hijo.
