Aunque faltan seis meses para que formalmente arranque la organización del largo proceso de la primera elección de jueces y magistrados por la vía del voto popular, dentro del Poder Judicial poblano ya se ha desatado “una cacería de brujas” contra varios de los togados que, desde ahora, se perfilan como posibles candidatos en los próximos comicios. Todo hace suponer que hay un intento de buscar desprestigiarlos y hostigarlos para sacarlos del Poder Judicial, mucho antes de sus nombres aparezcan en las boletas.
De acuerdo con lo que se comenta en el Poder Judicial, esta “guerra sucia” estaría dirigida contra aquellos jueces que son considerados como “incómodos” para el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, como parte de una estrategia de que pueda colocar a personajes afines a sus intereses como candidatos a ser parte del Poder Judicial en el proceso de renovación que habrá el 1 de junio de 2027.
Lo grave de esta situación es que se supone que el Consejo de la Judicatura es el órgano central que administra los bienes del Poder Judicial y, sobre todo, cuida la disciplina y la ética interna de este poder público. Pero ahora se dice que sería desde esta instancia donde se estarían filtrando documentos y acusaciones contra los jueces que no son parte del agrado de Martínez Hernández.
El camino que se sigue para hostigar a los juzgadores “incómodos” es tildarlos de ser parte de “la vieja guardia”, término que se le quiere dar la connotación de que representan supuestamente la corrupción e ineficacia en el aparato de administración de justicia. Al mismo tiempo, se filtran documentos e historias para enmarcarlos en comportamientos de abusos, de torpezas o de presuntos actos de corrupción.
Tal situación plantea que no hay un afán de depurar, de “limpiar”, al Poder Judicial, sino de preparar una elección judicial controlada.
Entre algunos jueces que se sabe estarían en esa “lista negra”, se ha escuchado el nombre de Mario Cortés Aldama, cuyo “pecado” es que ya había comentado con sus colaboradores cercanos su interés de ser candidato y ser votado en la próxima elección judicial.
También estaría la jueza Rosalba Elena Zárate Herrera, quien fue parte del primer Consejo de la Judicatura durante el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta. Al parecer, ahora estaría interesada en contender por un cargo de magistrada.
Un tercer caso es el de Enrique Romero Razo, quien es un personaje de mucha relevancia en el Poder Judicial.
En el año 2014, en pleno sexenio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el togado Romero Razo era titular del Juzgado Noveno de lo Civil y fue presionado desde el Poder Ejecutivo para que emitiera un fallo en contra del empresario Ricardo Henaine Mezher, quien era odiado por el morenovallismo y enfrentaba un litigio por la disputa del club de fútbol Puebla de la Franja.
El juez actuó de acuerdo con las pruebas que había en el caso y como eso no gustó al Gobierno estatal, se desató una persecución en su contra que incluyó suspenderlo del Poder Judicial y que un día un grupo de maleantes entró a su vivienda, en donde se encontraba con su esposa, para ser salvajemente golpeado y ser advertido que esa agresión era consecuencia de su comportamiento en el juzgado.
Lejos de resignarse, denunció a nivel nacional que atrás de las agresiones estaba “la mano” de Moreno Valle y llevó su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en el año 2017, no solo amparó a Romero Razo sino obligó al Poder Judicial poblano a que lo reinstalara en su cargo de juez.
Ahora parecería que Romero Razo está en la “lista negra” del Consejo de la Judicatura y se han filtrado documentos en su contra, para aparentar un mal ejercicio en su función.
Y todo eso ocurre porque muchos lo ven como “un candidato natural” para postularse en la próxima elección judicial.
En las últimas semanas, el presidente del Consejo de la Judicatura ha aumentado su presencia mediática para otorgar entrevistas y dar a conocer que hay una cruzada contra la corrupción e ineficiencia en el Poder Judicial.
Hasta ahora, esas declaraciones solo suenan a un discurso de propaganda y no a un cambio real en este poder público.
Ejemplos hay muchos, como es el hecho de que los jueces que llevan los casos de invasiones de tierras importantes, como La Covadonga o la Ex Hacienda de San José Zetina, poco o nada hacen contra los autores de los despojos.
Algo que llama mucho la atención es que por un lado se ha creado esta campaña informal, dentro del Poder Judicial, de que se estaría combatiendo “a vieja guardia” del Poder Judicial. Pero por el otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura ha echado mano de administradores que pertenecen a los grupos de interés dentro del aparato de administración de justicia.
Son facciones que mucho conocen como “las mafias” del Poder Judicial y que serían dirigidas por los magistrados Daniel Iván Cruz Luna y César Iván Bermúdez Minutti.
Y resulta que Pedro Antonio Martínez nombró como administradores generales del Poder Judicial a Daniel Alonso Díaz Arellano, quien es parte del grupo de Bermúdez Minutti, y a Guillermo Valdés Luna, quien es cercano al magistrado Cruz Luna.
Eso exhibe que la renovación del Poder Judicial no es una realidad.
