Leo el fin de semana una noticia sobre la reducción de la percepción de inseguridad en México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2026 revela que en el primer trimestre de este año el 61.5% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad.
Si comparamos los datos con los reflejados en el mismo periodo del 2025 del 63.8%, hay una ligera disminución, Importante, sin duda, pero nada satisfactoria cuando se documenta todo tipo de violencias que diariamente se viven en el país y que superan esos datos.
Tan solo si abrimos las noticias de cualquier medio de comunicación, podemos enterarnos de los niveles de violencias que se están cometiendo a lo largo y ancho del país; tanto al interior de las familias, como en las escuelas, en el entorno comunitario, en la política, la ejercida por las redes de la delincuencia organizada y de la delincuencia común.
Esta Encuesta fue aplicada en 91 áreas urbanas del país y en todas, resalta el dato de que las mujeres muestran una mayor percepción de inseguridad, 67.2%, que los hombres, 54.6 por ciento.
Estos datos deben servir para afianzar políticas públicas de prevención y para reforzar las políticas de atención, ya que justo ahí hay muchas fallas institucionales, y poder así lograr reducir los porcentajes de impunidad que tenemos (93%).
Por eso es importante reconocer problemáticas, focalizar acciones y no continuar mintiendo sistemáticamente sobre ellas. Ojalá que pronto se entienda sobre el enorme riesgo que se provoca con tantas mentiras de todo tipo.
Que una persona se asolea en un balcón del Palacio Nacional, se responde que no es una imagen real y a los pocos días tuvieron que reconocer que era verdadera esa imagen.
Que el origen del derrame de petróleo que quisieron ocultar era provocado por unas salidas de chapopote –dijeron– incluso hubo declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno federal afirmando que “no habían encontrado daño ambiental severo” cuando se trata de un desastre ambiental que ha afectado, según datos, a 170 kilómetros de playas, lagunas y zonas marítimas, que ha paralizado la actividad económica de esa zona en detrimento de pescadores, comunidades indígenas y cooperativas de pescadores. Tuvo que pasar mes y medio para admitir que el petróleo derramado venía de las instalaciones de Pemex. Tal vez de haberse reconocido desde el inicio, se hubiera podido detener las consecuencias de este desastre.
Si se reconociera que aún no hay medicamentos en las instituciones de salud pública, se evitaría que semana con semana en las giras de la jefa de gobierno le sea reclamada la falta de medicamentos.
O el error de haber reformado la Constitución para elegir de forma directa a ministros/as, magistraturas y jueces/juezas del Poder Judicial Federal sin un procedimiento adecuado, pensado, construido con la ayuda de quienes saben, para que hubiera dado cauce a un sistema judicial mejorado, resultó todo lo contrario: ineficacia, ineficiencia y una gran incertidumbre en nuestro sistema de derecho. Este error ha sido reconocido tácitamente al presentarse una nueva reforma legislativa para ampliar un año más el plazo de elección del segundo paquete que habría que elegirse el próximo año, al mismo tiempo que las elecciones intermedias del país, esperamos que esto logre resarcir los errores cometidos en esa primera elección.
Tal vez si fuéramos erradicando las muchas mentiras, y reconociendo errores, poco a poco los datos que resulten de las diversas mediciones empiecen a ser creíbles.
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@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
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