En la medida que pasa el tiempo, se hace cada vez más evidente que existiría una protección de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial a la invasión de tierras en la ex fábrica textil La Covadonga, pues siempre que se avanza un poco en contra del presunto autor del despojo, surge algún factor desde la FGE o el Poder Judicial que frena el proceso legal.
El último episodio ocurrió hace unos días, en que se tenía programada la primera audiencia del juicio contra el acusado de apropiarse ilegalmente de los predios, pero de última hora el Ministerio Público (MP) impidió que se realizara ese acto jurisdiccional.
La Fundación Julita y Antonio ha ganado dos amparos para obligar al Poder Judicial y a la FGE a que se vincule a proceso y se juzgue a Jorge N., como presunto autor de la invasión de 8.5 hectáreas –ocurrida en abril de 2023–, pero aún con esos mandatos de la justicia federal, siempre se pone un freno al proceso judicial.
Ya son varios factores que hacen suponer que no son problemas burocráticos o actos de ineficiencia lo que no permite caminar al juicio. Se tiene la sospecha de que el tráfico de influencias es la constante que impide sancionar la apropiación ilegal de los predios de La Covadonga, que fue una de las fábricas textiles más notables de Puebla surgidas a finales del siglo 19.
El último factor para frenar el juicio raya en el absurdo. Resulta que el agente del Ministerio Público que originalmente tenía asignado al caso tuvo casi seis meses para notificar que ya no era el responsable de ese asunto, hasta que, faltando 48 horas para la última audiencia programada, mandó el escrito para comunicar que el tema ya no era de su competencia.
Razón por la cual se obstaculizó por enésima vez la continuidad del juicio.
Y ahora hay que esperar varios meses para que se programe la nueva audiencia.
Faltando dos días, el Ministerio Público frenó la audiencia
La invasión de los predios, tal como ya se mencionó, aconteció en el primer cuatrimestre de 2023 y 11 meses más tarde, el juez que le tocó conocer el caso, Enrique López Criollo, determinó que no había elementos para vincular a proceso penal al acusado de la invasión, que es un personaje identificado como Jorge N. Pero, además, declaró sobreseído el expediente judicial.
Es decir, para el juez no había pasado nada, pese a que la Fundación Julita y Antonio ha acreditado la propiedad de los terrenos, se presentaron evidencias de que un grupo armado entró a apoderarse de los predios y la parte acusada no ha podido aportar alguna prueba para alegar que adquirió legalmente la extensión de las tierras en disputa.
Un año más tarde al fallo de Enrique López Criollo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que no fue correcto el proceder del juez e invalidó la resolución que declaraba sobreseído el juicio.
Desde entonces, los abogados de la Fundación Julita y Antonio le pidieron al agente del Ministerio Público, Israel Andraca Huerta, que se continuara con la investigación de la invasión y el funcionario se negó sistemáticamente a esa petición.
El 9 de enero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal vuelve a cuestionar el proceder del juez Enrique López Criollo y ordena que se vincule a proceso a Jorge N., por el probable autor del delito de despojo.
Ya con anterioridad se había relatado en esta columna que, hace un mes, el Poder Judicial volvió a turnar al juez Enrique López Criollo a hacerse cargo del proceso contra Jorge N., lo cual a todas luces es una muestra de parcialidad del Poder Judicial el poner otra vez al togado que actuó incorrectamente al inicio del proceso.
Más allá de la controversia del regreso de Enrique López Criollo, se había logrado avanzar con la vinculación a proceso penal de Jorge N. y que se había fijado, para el pasado 7 de abril, la realización de la primera audiencia del caso. Parecía que ahora sí todo iba a avanzar.
El día 5 de abril, el agente del MP, Israel Andraca Huerta, le informa al juez que ya no es el responsable del caso de La Covadonga.
Eso era cierto, pero con el pequeño detalle de que lo habían retirado del asunto varios meses antes y lo grave de su comportamiento, es que no avisó a tiempo, sino faltando 48 horas para la audiencia.
Por tanto, el 6 de abril se notificó a las partes que como no había agente del Ministerio Público asignado, se cancelaba el acto programado para el día siguiente.
Lo grave de todo esto es que era mentira que no había agente del Ministerio Público representando a la FGE en el juicio.
Resulta que, desde meses atrás, ya se había nombrado al nuevo agente del MP, que es Gustavo Adolfo Torres Morales.
Y vaya dato curioso: al segundo agente del MP también “se le olvidó” avisar que era el nuevo representante de la autoridad ministerial en dicho proceso judicial.
Lo acontecido es una clara maniobra de dilación, el que dos funcionarios de la FGE no avisan que uno ya no está en el juicio y el otro, que es el nuevo encargado.
Y que el coordinador de los agentes del MP, Alfonso Michel Becerril, se “quede cruzado de brazos” ante esa maniobra que, no es ilegal, pero sí parece ser “un plan con maña” para que no camine el proceso de La Covadonga.
