En Puebla, el conflicto nunca llega solo. Llega acompañado y eso se llama complicidad.
Acompañado de consignas perfectamente sincronizadas, de indignación súbita y, sobre todo, de silencios institucionales que pesan más que cualquier bloqueo carretero.
Lo que hoy ocurre en Azumbilla y Chapulco no es nuevo, es familiar, demasiado familiar. No es la primera vez que una causa aparentemente legítima, el agua, el territorio, el medio ambiente, se convierten en bandera.
Tampoco es la primera vez que esa bandera termina ondeando en manos de quienes menos interés tienen en la causa y más en el control. La pregunta, sin embargo, no es qué está pasando. La pregunta es: ¿quién está dejando que pase? Cabe señalar que estas dos regiones del estado siempre se han caracterizado por ser cuna de movimientos políticos, sociales y de manipulación de la fe.
El Poder Judicial se encuentra en una transición que necesita territorio. Si el argumento central es la supuesta extracción ilegal de agua, el camino institucional es claro: peritajes, inspecciones, resoluciones. Pero aquí no hay nada de eso. Ni dictámenes públicos, ni clausuras formales, ni procesos transparentes.
Entonces, la gente se pregunta ¿dónde está el Poder Judicial del Estado de Puebla? La pregunta no es menor, pero tampoco puede analizarse sin contexto. Hoy, el Poder Judicial atraviesa un momento distinto. Hay un esfuerzo real por reconstruir su legitimidad, por elevar el estándar técnico de sus resoluciones y por romper inercias que durante años minaron su credibilidad.
No es un cambio menor, es probablemente uno de los procesos institucionales más relevantes en Puebla en los últimos años, pero toda transición tiene un reto central, trasladar el cambio institucional al territorio. Porque la justicia no solo debe ser correcta, debe ser oportuna y visible. Y en conflictos como el de Azumbilla, donde la narrativa crece más rápido que los procedimientos, la ausencia de una intervención clara deja espacio para que otros actores ocupen ese lugar.
No es un problema de falta de capacidad. Es un tema de timing. Y en política, el tiempo también es poder. Con una Fiscalía distraída mientras el conflicto escala. En paralelo, también vale la pena preguntar ¿qué hace la Fiscalía General del Estado de Puebla? Porque aquí no hablamos solo de protestas. Hablamos de posibles delitos: obstrucción de vías de comunicación, incitación a la presión colectiva, posibles mecanismos de coacción política. Pero la fiscalía parece estar más concentrada en su propia fragmentación interna que en ejercer presencia real en conflictos que ya tienen dimensión regional.0
En Puebla, la procuración de justicia no está rebasada, parece que está ausente en los momentos clave. Gobernación, permitiendo la omisión que se convierte en operación. En cualquier manual básico de gobernabilidad, este tipo de conflictos tienen nombre: riesgo de escalamiento regional. Y para eso existe Gobernación.
Aquí entra la responsabilidad directa del delegado regional, Marco Balseca, porque cuando un conflicto crece sin contención, no es espontáneo: es permitido. La omisión, en política, también es una forma de participación y de corrupción.
Para entender más el tema, es necesario tener en contexto quiénes son los protagonistas y es ahí en donde aparecen nombres clave, mismos que explican más que cualquier consigna: Rubén Tepole Huerta, Rubén Román Jiménez Cuevas, Ana Lilia Tepole, Michias Faustino Hernández Pérez y, escondido en la penumbra, Pedro Tepole Hernández.
El dato más delicado, la posible influencia de Miguel Ángel Celis Romero, incluso desde el penal de San Miguel. El mensaje real: aquí no basta la ley. Para cualquier inversión como Colorado Ecoterra, no basta con cumplir la ley. Hay que entender la política.
Conclusión: no existen espacios vacíos, siempre se llenan. Cuando el Poder Judicial avanza, pero no permea, la Fiscalía no actúa, y la Gobernación llega tarde, lo que queda es un espacio abierto. Y ese espacio siempre lo ocupan otros. Porque en Puebla, el conflicto no siempre se impone, a veces, simplemente se permite y, reitero, la omisión también es corrupción.
