El Pleno del Congreso del Estado aprobó este domingo la reforma impulsada por el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, que tipifica como delito el uso, fabricación, traslado o posesión de “ponchallantas” (artefactos diseñados para dañar neumáticos e impedir la circulación vehicular), con penas que van de 2 a 6 años de prisión y pueden agravarse hasta 9 años en casos específicos.
La iniciativa, que adiciona los artículos 192 Bis y 192 Ter al Código Penal del Estado de Puebla, busca frenar la práctica cada vez más común en vialidades como el Periférico Ecológico, autopistas y carreteras estatales, donde estos objetos se utilizan frecuentemente para forzar paradas y facilitar delitos como robos, asaltos o montachoques.
De acuerdo con la exposición de motivos presentada por Villegas —presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso—, la sanción base será de 2 a 6 años de prisión y multas económicas elevadas para quienes utilicen, fabriquen o distribuyan estos artefactos (como abrojos, estrellas metálicas, púas, erizos o cuchillas). La pena se incrementará hasta en una mitad o más (llegando a los 9 años) cuando el delito se cometa contra vehículos oficiales, de transporte público, de carga o, especialmente, contra elementos de las fuerzas armadas o de seguridad pública.
El legislador celebró la aprobación y explicó que la reforma mantiene la prohibición expresa del uso, traslado o posesión de estos instrumentos, al considerar que no existía una tipificación clara en la legislación local, lo que permitía impunidad en muchos casos.
“Esta ley anti-ponchallantas es un paso firme para proteger a los conductores y recuperar la seguridad en nuestras carreteras”, señaló Villegas tras la votación.
La dictaminación y aprobación se dio en el marco de un paquete de reformas en materia de seguridad, que incluyó también endurecimiento de penas por despojo de propiedades y otras medidas contra la delincuencia organizada.
Con esta reforma, Puebla se suma a entidades que ya penalizan estrictamente esta conducta, con el objetivo de disuadir a grupos delictivos que operan en vialidades. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar inmediatamente al 911 cualquier avistamiento de objetos sospechosos en la carpeta asfáltica. El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
