La presidenta Claudia Sheinbaum utilizó este jueves al municipio de Puebla como uno de los principales ejemplos al presentar el “Plan B” de la reforma electoral, una propuesta que busca reducir el número de regidores en cabildos grandes y establecer límites al presupuesto de los congresos locales.
El Ayuntamiento de Puebla tiene 23 regidores en total ,16 de mayoría relativa y siete de representación proporcional, además de un síndico y el presidente municipal. Según los datos expuestos durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, esa cifra coloca a Puebla como el segundo cabildo más numeroso del país, solo detrás de Monterrey.
El costo es significativo. Cada regidor percibe entre 93 mil y 110 mil pesos mensuales, más prestaciones como aguinaldo de 40 días, lo que representa un gasto anual por regidor de alrededor de 1.47 millones de pesos. El gasto directo en remuneraciones para los 21 regidores supera los 30 millones de pesos anuales, en un ayuntamiento cuyo presupuesto global para 2026 se ubica entre 7 mil 400 y 7 mil 470 millones de pesos.
El panorama en el Congreso local es similar. El Poder Legislativo de Puebla tiene 41 diputados —26 de mayoría relativa y 15 de representación proporcional— con una dieta mensual de poco más de 56 mil pesos por legislador. El presupuesto aprobado para el Congreso en 2026 es de 313.7 millones de pesos; sumando los recursos de la Auditoría Superior del Estado, el gasto consolidado del poder legislativo asciende a aproximadamente 560.7 millones.
El “Plan B” propone revisar estos números mediante leyes secundarias —evitando así el requisito de mayoría calificada que frenó la reforma constitucional el 11 de marzo en la Cámara de Diputados— y establecer criterios basados en población o promedios nacionales para fijar topes presupuestales a las legislaturas locales. Sheinbaum afirmó que muchas de estas posiciones responden a acuerdos políticos del pasado y que los recursos liberados deberían destinarse a infraestructura y servicios básicos como bacheo, drenaje o agua potable.
La iniciativa será enviada al Congreso federal el lunes 16 de marzo. Su aplicación en estados como Puebla dependerá de la aprobación de reformas legales y de ajustes en legislaciones estatales y municipales.
