El Gobierno de México reforzó la estrategia para desarticular redes de factureras, empresas fachada que emiten Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por operaciones inexistentes, con el objetivo de reducir ilegalmente el pago de impuestos.
Las llamadas EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) venden facturas por servicios o bienes que nunca se entregaron. Sus clientes, conocidos como EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas), utilizan esos comprobantes para inflar gastos, disminuir utilidades y pagar menos impuestos.
Aunque están constituidas legalmente, estas empresas carecen de activos, personal o infraestructura real para operar. Además del daño fiscal, el esquema es utilizado para el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas, lo que amplifica su impacto económico y en seguridad.
El impacto económico
Desde 2014, 11 mil 336 contribuyentes han sido integrados a la lista definitiva del SAT por simular operaciones. Tan solo en lo que va de 2025 se han detectado 422 nuevos casos, y en febrero de 2026 se incorporaron 60 empresas que no acreditaron su existencia material.
El uso de facturas falsas debilita la recaudación del Estado, distorsiona la competencia entre empresas formales y genera pérdidas estructurales para el erario, al permitir deducciones indebidas y evasión de impuestos.
De falta administrativa a delito grave
Con base en el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, expedir o adquirir facturas falsas puede implicar penas de 2 a 9 años de prisión. Las multas oscilan entre 55% y 75% del monto facturado, y cuando los recursos superan los 9.4 millones de pesos, el delito puede tipificarse como delincuencia organizada, con prisión preventiva oficiosa.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede además restringir el Certificado de Sello Digital, lo que impide a la empresa emitir facturas y paraliza su operación formal.
Estrategia federal y cooperación internacional
La ofensiva es coordinada por el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal. La UIF firmó un memorándum con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI) de Estados Unidos para rastrear flujos financieros ilícitos.
México también colidera el Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional junto con FinCEN, en colaboración con unidades de inteligencia de Argentina, Italia, Reino Unido y Suiza.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo es recaudar más recursos y combatir tanto a la delincuencia organizada como a los delincuentes de cuello blanco vinculados con factureras y lavado de dinero.
