O cuando el estado rompe el círculo de influencia.
El traslado de Miguel Ángel Celis Romero, alias “El Animal”, del penal de Tehuacán al de San Miguel en Puebla, no es una anécdota administrativa.
Es una decisión que debe leerse desde la óptica de seguridad penitenciaria, gobernabilidad institucional y contención de influencia económica.
Existe un principio elemental en la administración penitenciaria: ningún interno puede permanecer en el territorio donde conserva poder, estructura social o influencia financiera.
La cárcel no es una extensión del control territorial ni un espacio para preservar privilegios.
En el caso de “El Animal”, los hechos son contundentes:
Sus abogados promovieron recursos y posicionamientos públicos con información anticipada sobre su traslado, antes de que él fuera formalmente notificado.
En días pasados, a través de su defensa, se organizó en Tehuacán una manifestación con bloqueo de calles, generando caos vial y presión social como parte de su estrategia pública.
Las declaraciones mediáticas insistían en argumentar por qué no podía ser movido de Tehuacán, antes incluso de la ejecución formal de la medida.
Estos elementos revelan capacidad de movilización, filtración de información sensible y permanencia de influencia externa.
En términos penitenciarios, eso constituye un riesgo.
Si la defensa conocía el movimiento antes de su notificación formal, la pregunta institucional es inevitable: ¿quién informó y con qué propósito?
La sola posibilidad de filtraciones compromete la seguridad del penal.
El estado tiene facultades para reubicar internos cuando existan razones de seguridad, estabilidad social o gobernabilidad carcelaria.
Cuando un interno, quien quiera que sea, mantiene capacidad de generar presión externa mediante bloqueos y movilizaciones, la autoridad estatal no actúa por revancha; actúa por prevención.
Miguel Ángel Celis Romero no puede ser interno en su propio entorno de influencia. No puede estar recluido donde su nombre aún moviliza estructuras sociales o económicas.
El traslado no es castigo adicional. Es neutralización de privilegios.
Y si hoy enfrenta condiciones distintas, es porque su propia estrategia evidenció que el penal local no era un espacio neutral, sino un entorno donde su presencia generaba tensión social.
El Estado no está para proteger redes de influencia.
Está para garantizar orden y legalidad.
Así de sencillo.
