Dentro de los tres próximos meses se debe aprobar la reglamentación que posibilitará la elección del Poder Judicial poblano, misma que se llevará acabó exactamente dentro de año y medio. Sin embargo, desde ahora, en los pasillos del Poder Judicial se advierte que ya estarían “palomeados” los nombres de seis magistrados y un alto funcionario para supuestamente “ganar” las votaciones y repetir en los cargos que ostentan en la actualidad.
Una situación que, si así ocurre, le robará toda legitimidad el inédito proceso de elegir con el voto popular a los próximos integrantes del Poder Judicial, que pasa por una grave crisis de imagen y confianza por el avanzado deterioro del aparato de administración de la justicia.
Las estadísticas son contundentes: en Puebla solo se castigan –en promedio– cuatro de cada 100 delitos que se cometen y se denuncian, lo que muestra con claridad que la justicia en el estado es casi ausente.
Las reglas para la renovación de jueces y magistrados dependerán del Congreso local; la organización y el conteo de votos, del Instituto Estatal Electoral, y la credibilidad del proceso, en mucho, le corresponderá a Pedro Antonio Martínez Hernández, quien lleva apenas dos meses en el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano rector del Poder Judicial.
Martínez Hernández brincó de un cargo burocrático estatal a ser parte del Poder Judicial y convertirse, en menos de un año, en la cabeza de este poder público.
Ese meteórico ascenso se ha convertido en un factor que le resta legitimidad y confianza para ocupar esa responsabilidad.
Es un personaje sin carrera judicial, que le faltan cinco años para tener la edad mínima que se le exige como requisito a un aspirante a magistrado y no cumple con la norma de llegar a esa responsabilidad con una experiencia de 10 años como abogado titulado, toda vez que obtuvo el grado académico en 2018.
El problema no es que Pedro Antonio Martínez sea joven, sino se cuestiona que nunca había sido parte del Poder Judicial y que no se cumplieron las normas que regulan la elección de un magistrado, cuando se supone que la esencia del Poder Judicial es la rigurosa aplicación de la ley.
Tales antecedentes es lo que hace dudar que tenga la capacidad de ser un reformador del Poder Judicial, en un momento crítico en que urge tener un Poder Judicial confiable y eficaz para que puedan funcionar las estrategias diseñadas a atender la crisis de inseguridad y violencia que se vive en Puebla y el resto del país.
En ese sentido, queda claro que la “gran prueba de fuego” para Pedro Antonio Martínez Hernández será lograr que la próxima elección judicial sea real y creíble.
Que no acabe siendo “un gatopardismo”, consistente en que se renueven los cargos de jueces y magistrados, para que acaben funcionando los mismos grupos de interés que dominan a este poder público, que lo han llenado de corrupción, de tráfico de influencias e ineficiencia.
¿Por qué dudar desde ahora del desarrollo que pudiera tener la elección judicial? La respuesta es sencilla: es que “en el radio pasillo” del Poder Judicial se dice que ya se sabe cuál va a ser el esquema con el que va a operar la elección judicial, pese a que faltan 18 meses para su realización.
Se asegura que, desde ahora, ya estarían “palomeados” los nombres de los magistrados César Iván Bermúdez Minutti, Daniel Iván Cruz Luna, Martín Fuentes Morales, Guillermo Morales Rodríguez, Raúl Pineda y Fredy Erazo Juárez, para repetir en los cargos que ostentan.
Y el séptimo de la lista es el propio Pedro Antonio Martínez Hernández, quien no es magistrado, pero sí es el presidente del Consejo de la Judicatura.
Al mismo tiempo, se buscará que en los próximos meses se jubile un buen número de jueces y magistrados, de los que son llamados “de la vieja guardia”, como una manera de garantizar que no se van a inscribir en el proceso electoral en cuestión.
Mientras que a los togados que recientemente fueron nombrados se les obligaría a renunciar para que sus lugares sean ocupados por nuevos actores.
Todo ello con el propósito de controlar que los nuevos integrantes sean afines al grupo político dominante del Poder Judicial.
Por el bien de la justicia y de la estabilidad de Puebla, ojalá que ese prematuro acomodo de piezas en el Poder Judicial sea solo un bulo y no sea la definición de lo que acabará pasando en la renovación de jueces y magistrados.
Es una oportunidad única de sacar del Poder Judicial a los grupos que han vendido la justicia “al mejor postor”.
