En los poco más de dos años que lleva el litigio por la invasión de 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina –ubicada en el sur del municipio de Puebla–, el Poder Judicial había actuado bien, no solo porque ordenó la restitución de los predios a los legítimos propietarios, sino porque había presionado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que atendiera el mandato de desalojo, algo a lo que se ha resistido a acatar la autoridad ministerial. Ahora, en las últimas semanas, el juez que lleva la causa ha dado un viraje de 180 grados y ha entrado en un comportamiento de solapar los incumplimientos de la FGE.
Tal situación ha agravado el conflicto y ha llevado a que algunas de las víctimas del despojo en San José Zetina hayan tocado las puertas del Gobierno de la República para buscar una solución.
Eso ha llevado a que dicho asunto ya esté siendo analizado en la Secretaría de Gobernación federal, en donde se están atendiendo otros casos de invasiones y fraudes inmobiliarios en diferentes regiones del país.
El viraje del Poder Judicial
El 16 de noviembre de 2023, por primera vez un juez de Control ordenó a la FGE que restituyera los predios de la Ex Hacienda de San José Zetina a sus propietarios, luego de que los invasores no han logrado presentar una sola prueba que demuestre que son dueños de los terrenos.
Una dinámica que no ha cambiado un ápice en los últimos 25 meses, pues los autores del despojo no han aportado un solo dato pericial a su favor. Únicamente han logrado alargar el litigio con estrategias de desmayos de sus abogados, argumentar la pérdida de documentos o que necesitan de un traductor en lenguas indígenas.
En términos reales tienen perdido el juicio, desde hace mucho, pero no les pasa nada a los invasores porque, al parecer, los protegen desde la Fiscalía General del Estado.
A partir de la fecha de noviembre de 2023, se han registrado cuatro operativos de la FGE para recuperar los predios y en todas esas ocasiones, la Fiscalía argumentó cualquier nimiedad para suspender el desalojo de los invasores, pese a que los agentes policiacos y del Ministerio Público –en todas esas ocasiones– tenía enfrente a los llamados “paracaidistas”.
En todos esos intentos el juzgado le exigió a la FGE justificar por qué no había acatado la orden judicial de desalojar y, al mismo tiempo, le demandaba fijar una nueva fecha para cumplir con el mandato de restituir los predios.
Siempre que el juzgado le exigía a la FGE responder por su negligente actuación le daba plazos fatales de 10 días, como máximo, para ofrecer una respuesta.
Por eso se puede afirmar que había un comportamiento sereno y puntual del juez de la causa. Eso ya cambió.
El pasado 25 de septiembre hubo un “megaoperativo” de más de 700 policías y funcionarios ministeriales para que, por cuarta ocasión, se intentara recuperar los predios. Se canceló porque había unos ocho niños aventando piedras.}
Luego de ese hecho, los abogados de los dueños de los predios le han pedido al juez Salvador Hernández Martínez que les ofrezca algo que se llama “contestación a la vista”, que no es otra cosa que volver a reprogramar el desalojo de los invasores de los predios de San José Zetina.
El pasado 9 de octubre le presentaron –por escrito– la primera solicitud y el juez Salvador Hernández no contestó.
Dejaron pasar un mes y el 14 de noviembre de este año, se interpuso un segundo documento. Es la fecha que el togado no responde.
Un silencio del juez que ya inquieta y exaspera.
Nada de críticas a la FGE
Dato curioso: tal cambio de actitud se ha dado a raíz de que Pedro Antonio Martínez Hernández ha asumido el control del Consejo de la Judicatura del estado de Puebla que, es precisamente el órgano jurisdiccional donde se tendría que analizar las razones por lo que en cuatro ocasiones la FGE se ha negado a obedecer una orden judicial de desalojo de los predios de San José Zetina, ubicados en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.
Es necesario cuestionar si ha sido una simple coincidencia que por las mismas fechas en que el Consejo de la Judicatura cambió de presidente, el juez Salvador Hernández Martínez, quien es el que lleva al caso de San José Zetina, también cambió radicalmente de actitud.
¿O no será acaso que el nuevo titular del Poder Judicial ha llegado con la encomienda de no cuestionar, no presionar, no exigir a la FGE que cumpla con sus funciones legales?
La segunda pregunta surge a raíz del rápido deterioro que muestra la imagen de la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, que no lleva un año en el cargo y ya se observa que la Fiscalía General del Estado está rebasada por la crisis de ilegalidad y delincuencia que envuelve al estado de Puebla.
