Cuando se hablaba de disciplina financiera durante el barbosismo, pocos imaginaban que detrás del discurso de austeridad se escondía una de las operaciones más irresponsables y sospechosas del manejo del dinero público en Puebla.
Hoy, la inhabilitación por 20 años y la multa de 362 millones 997 mil 678 pesos impuesta a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas, destapa un capítulo que el gobierno del difunto Luis Miguel Barbosa Huerta intentó mantener bajo llave: el caso Banco Accendo.
Más de 600 millones de pesos del erario poblano fueron depositados en un banco que ya agonizaba. Un banco que la propia autoridad financiera federal había colocado en la lista de instituciones con riesgo operativo.
Aun así, desde la Secretaría de Planeación y Finanzas se decidió transferir los recursos públicos de los poblanos como si se tratara de un acto de fe o, peor aún, como si existiera la certeza de que ese dinero no debía regresar, ¡vaya! Como si nos sobrara el dinero y de tanto que había, pues decidieron “invertirlo”.
Durante el gobierno de Barbosa, todo giraba en torno al control político, absolutamente todo, incluidos los medios de comunicación, muchos de los cuales eran aplaudidores y que en su momento hicieron como que la virgen les hablaba cuando recién se dio a conocer este caso, pero que hoy ya critican y cínicamente hasta analizan.
Las decisiones se tomaban en un círculo cerrado, sin contrapesos, sin transparencia y sin explicaciones. María Teresa Castro Corro era una pieza leal de ese tablero: una funcionaria discreta, eficiente en la forma, pero obediente en el fondo. Su papel no era cuestionar, sino ejecutar. Y hoy, ese silencio administrativo la tiene en el centro de un escándalo de daño patrimonial que mancha la memoria de una administración que se decía incorruptible.
La Fiscalía General del Estado ya advirtió que hay más involucrados. Y es lógico: nadie mueve 600 millones de pesos de recursos públicos a un banco moribundo sin que varias manos firmen, autoricen y miren hacia otro lado. Esto no fue una omisión técnica, fue una cadena de decisiones donde la negligencia se confunde con la complicidad.
El barbosismo se jactó de haber limpiado la casa del morenovallismo, pero terminó cayendo en los mismos vicios: discrecionalidad, opacidad y arrogancia. El caso Accendo es la prueba de que la ética pública no se decreta, se ejerce. Y en ese gobierno, la ética fue sustituida por la obediencia ciega.
Hoy, el mensaje es claro: la austeridad sin transparencia es solo propaganda. De nada sirve presumir orden en las finanzas si el dinero público acaba enterrado en un banco quebrado. De nada sirve hablar de justicia social cuando las decisiones financieras se toman con el mismo patrón de impunidad que se juró desterrar.
El expediente de Accendo no solo exhibe a una exfuncionaria. Exhibe a todo un modelo de poder que usó la confianza ciudadana como moneda de cambio. Porque, al final, el verdadero daño no es solo de 600 millones de pesos, el verdadero daño es la pérdida de credibilidad de un gobierno que se autoproclamó distinto, pero resultó más de lo mismo.
En plena temporada de muertos, el fantasma de Accendo sigue rondando en Casa Aguayo. Y mientras la justicia hace su parte, si es que la hace, el mensaje político ya está escrito: la opacidad tiene precio y tarde o temprano les llegará la factura.
