Irene Olea, en la picota

Irene Olea Torres, la impresentable ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, enfrenta –por fin– un proceso judicial por su presunta responsabilidad en el delito de intimidación contra testigos en el caso de tortura sexual de dos periodistas, Natalie y Michelle Hoyos López, ocurrido en marzo de 2023.

Un juez de Distrito vinculó a proceso a Irene Olea Torres el 17 de junio de 2025, por supuestamente amenazar a testigos clave con perder su trabajo si declaraban ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de Irene Olea, otras 11 personas subordinadas a ella ya están vinculadas a proceso por diversos delitos relacionados con la tortura sexual, incluyendo presentación de informes falsos para encubrir los hechos.

En este, un caso de la máxima atención debido a las implicaciones políticas y en materia de derechos humanos que conlleva, cinco policías municipales y un juez calificador local también están vinculados a proceso por su participación directa en la tortura sexual contra las periodistas: Natalie es actualmente directora general de Sicom y una funcionaria cercana al gobernador Alejandro Armenta Mier.

Recientemente, el juez de Control otorgó dos meses para la investigación complementaria y decretó medidas cautelares para proteger a las víctimas.

La FGR continúa investigando y recopilando pruebas para fortalecer el caso contra Irene Olea y otros implicados. La exalcaldesa ha buscado evadir su responsabilidad creyendo que pertenecer a Morena, el partido en el poder, le da una patente de corso. Ha tocado muchas puertas pidiendo impunidad. Ninguna le ha sido abierta.

El caso se relaciona con la detención ilegal y tortura de las periodistas mientras cubrían para el diario The Mixteca Times –un medio de comunicación de gran influencia en la Mixteca, específicamente en las poblaciones con mayor número de migrantes a Estados Unidos– un evento feminista en Izúcar de Matamoros.

Durante su detención, fueron sometidas a agresiones físicas, psicológicas y verbales por parte de los policías municipales. Todo con el consentimiento de Irene Olea, otra odiadora profesional del periodismo.

Soberbia, prepotente e insufrible, la exalcaldesa ha intentado evadir cualquier acción legal en su contra, recurriendo a múltiples argucias en el sistema judicial; sin embargo, todo parece indicar que, guardando las proporciones, podría terminar de la misma forma que Mario Marín Torres, el ex gobernador poblano que hoy todavía sigue pagando los pecados cometidos en torno al caso de la periodista Lydia Cacho, un caso del que, increíblemente, pese a su impacto en materia de libertad de expresión, pocas lecciones sacó la clase política poblana.

Lo peor para la ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros es que sus problemas no empiezan –ni terminan– con su presunta culpabilidad en las agresiones en agravio de Natalie y Michelle Hoyos López.

Y es que su irresponsabilidad y abuso en el manejo de los recursos públicos que ejerció, la tienen, también, a un pie de la picota.

Más de 26.8 millones de pesos dejó en irregularidades, principalmente anomalías en contrataciones.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó en su informe de la cuenta pública del 2023, que Irene Olea sumó 22 observaciones.

Entre las irregularidades, la más alta fue la 0287-23-10/01-E-PO-11 por más de 3.9 millones de pesos, correspondientes a seis contratos que carecían de documentos que demuestren que el gasto fue “orientado a lograr resultados en beneficio de la población”.

Otra de las mayores anomalías fue la 0287-23-10/01-E-PO-19 por 3.7 millones de pesos en irregularidades en cuatro contrataciones que carecían de programa presupuestario y de tipo de gasto.

La tercera irregularidad más elevada fue la 0287-23-10/01-E-PO-22 por más de 2.9 millones de pesos por no entregar a los auditores los programas presupuestarios y de tipo de gastos.

Además de violentadora de derechos humanos de periodistas, Irene Olea huele, hiede, apesta a… corrupción.

No, su historia no tendrá un final feliz.