Aunque la defensa de Cecilia Monzón Pérez, en particular su hermana Helena, ha acusado de manera reiterada a los abogados de Javier López Zavala y sus cómplices en el feminicidio de la activista, de dilatar y alargar el juicio que se les sigue, lo cierto es que la Fiscalía General del Estado es, en buena medida, responsable de que el proceso siga estancado.
De los cerca de 80 testimonios en los que el Ministerio Público se basó para detener al excandidato priista a la gubernatura de Puebla como autor intelectual del feminicidio de la que fuera su pareja, y a sus cómplices Jair Mauricio Domínguez Rodríguez y Silvestre Vargas Ramírez, solo ocho han comparecido en el juicio.
¿Se imagina cuánto se prolongará el juicio si los que faltan son llamados a comparecer?
Otra cuestión que ha retrasado el juicio por el asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de hace tres años, es que la Fiscalía se ha rehusado a entregar la cadena de custodia que documenta la integridad y autenticidad de las pruebas, los medios para recolectarlas y las evidencias que el Ministerio Público obtuvo para presentar y detener a los acusados del delito de feminicidio.
Los abogados de los inculpados –José Óscar Lagunes Valdivia, Justino Cerezo y Jordan Bernabé– creen contar con elementos para echar abajo algunas acusaciones, por fallas en la cadena de custodia, requisitos y formalidades que se incumplieron en el debido proceso, así como por contradicciones entre lo que asentó el Ministerio Público y lo que han declarado ocho testigos, y por inconsistencias en la carpeta de investigación, las cuales fueron determinantes para la liberación de otro de los implicados en el caso, Santiago Bárcena Álvarez, ex secretario particular de López Zavala.
El juicio por feminicidio que se sigue en el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la región judicial centro poniente del Poder Judicial del estado, con sede en San Andrés Cholula, podría convertirse en una papa caliente para la actual Fiscalía y la gestión del gobernador Alejandro Armenta.
Y no porque la FGE a cargo de Idamis Pastor Betancourt o el mandatario estatal estén haciendo algo indebido o a favor de López Zavala, sino por lo que heredaron de la Fiscalía de Gilberto Higuera Bernal, por la relación que en el pasado tuvieron el excandidato a la gubernatura y Alejandro Armenta, cuando ambos eran militantes del PRI y funcionarios del gobernador Mario Marín Torres, y por la presión diplomática que viene ejerciendo Helena Monzón en contra del gobierno mexicano y el Poder Judicial de Puebla.
En estas circunstancias, para la Fiscalía de Idamis Pastor será complicado enmendar las pifias cometidas por los ministeriales de su antecesor en la cadena de custodia y el debido proceso que concluyeron con la detención y encarcelamiento de López Zavala y los otros dos acusados, aspectos en los que sus abogados están fundamentado su defensa.
Por la presión mediática y diplomática, la administración de Armenta también tendrá que justificar ante la opinión pública que no tiene ningún interés en facilitar la liberación de López Zavala o en ayudar a su defensa a conseguir una pena menor de 60 años, que pide la parte acusadora por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.
Para el gobierno de Armenta no será fácil desmarcarse de la figura de López Zavala, aun cuando nada tenga que ver con la conducta de este y sus cómplices en el feminicidio de aquella, ni con la integración de carpeta de investigación, ni con el proceso que se siguió para investigarlo, detenerlo y enviarlo a la cárcel, y tampoco con la supuesta tortura a la que fue sometido en Chiapas y Puebla uno de los presuntos autores materiales del crimen.
Documento La Corte by reportero econsulta
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Pariente de la jefa de Recursos Humanos de la SEP, a un tris de conseguir plaza
Un personaje que en los últimos días ha sido visto en las inmediaciones de la SEP es Gabriel González, supuesto familiar de la jefa de Recursos Humanos de esta dependencia, Reyna del Consuelo González Gutiérrez.
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Foto: Especial
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Las elecciones de directores en cinco unidades académicas de la BUAP y de consejeros universitarios que este lunes tendrán lugar en la máxima casa de estudios serán un buen termómetro de lo que podríamos esperar de las elecciones para rector, previstas para septiembre de este año.
Si las elecciones transcurren con normalidad, sin incidentes que violenten la voluntad popular de los universitarios, lo más probable es que esta situación se replique y que Lilia Cedillo Ramírez logre reelegirse por cuatro años más.
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