Desde La Yesca, Nayarit, durante la presentación de los avances del Plan de Justicia del Pueblo Wixárika, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el decreto a través del cual se restituyen 5 mil 956 hectáreas de tierras comunales en San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, como parte de la esencia de la cuarta transformación, que devuelve territorios que fueron arrebatados a los pueblos originarios durante los gobiernos neoliberales.
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“Por eso hay tanta unidad entre gobierno y pueblo, en los gobiernos del periodo neoliberal, ese que vino de 1982 a 2018, esos gobiernos se caracterizaban por algo: le quitaban al pueblo. Los gobiernos de la cuarta transformación nos caracteriza una cosa: nosotros le damos al pueblo. Nosotros dejamos de quitarles los territorios, el agua, nosotros le devolvemos su territorio y sus aguas; porque somos uno solo, porque no puede haber divorcio, porque el gobierno representa al pueblo de México y al representar al pueblo de México, representa a los pueblos originarios.
”Por eso el día de hoy, la primera vez que vengo con ustedes, vengo con algo en nuestra mano y en nuestro corazón, le regresamos 5 mil hectáreas al pueblo wixárika que le fue arrebatado durante muchos periodos, porque esto viene desde la colonia, desde la invasión española y después de muchos gobiernos que no reconocieron la importancia de los pueblos”, destacó.
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Recordó que el Plan de Justicia del Pueblo Wixárika incluye la construcción de escuelas, centros de salud y el rescate de las tierras sagradas pendientes en el estado de San Luis Potosí.
“Espero poder regresar con ustedes para poder cumplir con las 10 mil hectáreas que tenemos comprometidas con el pueblo y a través de Adelfo Regino, que es el director del INPI, poder dar continuidad a las solicitudes que nos están haciendo”, anunció.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que la reforma constitucional impulsada por la titular del Ejecutivo federal reconoce los derechos de los pueblos originarios, entre los que se encuentra la libertad de ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de manera directa en las obras que consideren prioritarias.
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, agregó que la recuperación de más de 5 mil 900 hectáreas fue a través de 22 predios que se adquirieron en años anteriores y 20 predios en 2025, en un tiempo récord de menos de seis meses.
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El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que la inversión realizada para la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika asciende a 4 mil 998 millones de pesos, distribuidos en diversas acciones, entre ellas el reconocimiento y preservación de cinco lugares sagrados: Teekata y Xapawiyameta en Jalisco, Tatei Haramara en Nayarit, Hauxa Manaka en Durango y Wirikuta en San Luis Potosí, el cual está pendiente y será implementado este año.
En materia de educación indígena destacó el apoyo a 6 mil 683 niñas y niños en 72 casas y 20 comedores, la construcción de una Universidad Intercultural en Bajío del Tule y el Programa la Escuela es Nuestra en beneficio de 215 escuelas en 2023 y 95 más en 2024, además de la obtención de una concesión de Radiodifusión de Servicio Público que transmitirá desde Ocota de la Sierra, Jalisco.
Añadió que el decreto firmado hoy representa un avance del 58% en la restitución de tierras y dio a conocer que ya se firmó el convenio para avanzar en la construcción de cuatro caminos artesanales en Jalisco, cinco en Nayarit y siete en Durango, con una inversión total de 950 millones de pesos en este 2025.
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, Misael Cruz de Haro, reconoció los resultados del Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika y confió en el liderazgo de la presidenta de México para seguir brindado justicia social.
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El gobernador tradicional de San Sebastian Teponahuaxtlán, Carlos Hernández Valdez, celebró la reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce los derechos de los pueblos originarios, pues afirmó que “los pueblos originarios de esta región consideramos que la vida material es importante, pero no tiene sentido si no se fortalece nuestra vida espiritual, nuestras lenguas y nuestros valores”.
Finalmente, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, precisó que el Gobierno de México ha invertido mil 547 millones de pesos para saldar esta deuda histórica con la restitución de tierras, el reconocimiento de autoridades tradicionales, con caminos de agua, de vivienda, de educación, salud y respeto a los lugares sagrados.
Acompañaron a la presidenta de México en La Yesca, Nayarit, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy Ramos; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina; el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández; la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad, Griselda Martínez Vázquez; el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera.
Así como el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Morales Reza; el director general del Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, Samuel Peña Garza; el director en jefe del Registro Nacional Agrario, Luis Cruz Nieva; el gobernador tradicional de Tuxpan de Bolaños, Eutimio Díaz Bautista; el gobernador tradicional de Santa Catarina Cuescomatlán, Florentino Robles Carrillo; la integrante del Consejo de Mayores y Comunera de los Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, María Montes de la Cruz; el comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, Alfredo Salvador Carrillo, y la presidenta municipal de La Yesca, Rosa Elena Reyes Jiménez.
