Un grupo de personas antiaborto se manifestó afuera del Congreso de Puebla para solicitar al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que no se publique en el Periódico Oficial del Estado el decreto de las reformas al Código Penal para la despenalización del aborto.
En conferencia de prensa, integrantes de las agrupaciones Iniciativa Ciudadana, Frente Nacional por la Familia y Civilitas se pronunciaron en contra del dictamen aprobado por el Congreso el 15 de julio pasado.
José María Sánchez, activista antiaborto, dio a conocer que a través de la plataforma Actívate.org.mx han reunido 5 mil 900 firmas de personas que están en contra de la despenalización del aborto en Puebla.
“El tema de la despenalización del aborto, por la reforma que le hicieron al Código Penal, mucha gente está inconforme, en esa plataforma de Actívate actualmente tenemos 5 mil 900 personas que han firmado, donde están inconformes con esto”, dijo el representante de Actívate.
Personas anti-aborto se manifiestan afuera del @CongresoPue contra las reformas al Código Penal para despenalizar el aborto en Puebla.
A través de la plataforma Actívate reúnen 5,900 firmas para pedir al gobernador @SergioSalomonC que no se publique el dictamen.@retodiariomx pic.twitter.com/INfXJssKVB
— Berenice Martínez (@bereymar) July 30, 2024
Sánchez leyó una carta dirigida al gobernador Sergio Salomón Céspedes en la que sostienen que la decisión tomada por el Congreso de Puebla ha ignorado la voz y los valores de una gran parte de la población “atentando contra el derecho fundamental a la vida”.
Consideró que la despenalización del aborto no es una solución que apoye verdaderamente a las mujeres y a sus hijos, en lugar de “ofrecer una salida que termina con una vida”.
Señaló que estas agrupaciones —de derecha— necesitan políticas y proyectos que brinden apoyo a las mujeres embarazadas, asegurando su bienestar y el de sus hijos.
El 15 de julio, el Congreso de Puebla aprobó con 29 votos a favor reformas a los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del estado para eliminar las penas de prisión a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo.
