Integralia dio a conocer esta semana su reporte final sobre violencia política electoral.
La empresa de consultoría en riesgo político, asuntos públicos y planeación estratégica, encabezada por Luis Carlos Ugalde, ex presidente del extinto IFE, ofrece un interesante balance de lo sucedido en ese preocupante rubro antes y durante la jornada del pasado 2 de junio.
Coloca a Puebla como uno de los estados con más casos: tercer lugar en número de víctimas totales y primer lugar en ataques contra candidaturas.
Se desconoce si Integralia incluyó en su análisis las pantomimas de los candidatos del PAN, que inventaron “atentados” y fabricaron “amenazas” para ganar votos y/o victimizarse.
El caso es que, más allá de eso, el reporte de la consultoría -que consumen los tomadores de decisiones del país- sirve para prender un foco rojo -muy rojo- en cuanto al problema de la violencia electoral y la intromisión -cada vez más evidente- del crimen organizado en la elecciones:
“El proceso electoral 2023-2024 ha sido el más violento de la historia moderna: de septiembre de 2023 al día de la elección, Integralia Consultores documentó 889 víctimas de violencia política, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos. Las víctimas de violencia política incrementaron 197.3% en comparación con 2021 y 132.7% frente a 2018. El problema se concentró en entidades del centro, occidente y sureste del país, principalmente Guerrero, Michoacán y Chiapas.
“El crimen organizado sometió a muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad: 75% de los ataques contra candidaturas se concentró en el ámbito municipal. Del mismo modo, 92% de las candidaturas asesinadas buscaban un puesto de elección en dicho nivel de gobierno, principalmente presidencias. Los datos sugieren que la violencia política fue un factor determinante en algunos resultados de elecciones locales.
“Después de las elecciones, habrá más territorios con menores oportunidades de desarrollo, competitividad y libertad: los grupos criminales ejercen violencia político-electoral para poner a los nuevos gobiernos a su servicio e incrementar su control sobre los territorios locales. Después de las elecciones, habrá más regiones bajo las reglas del crimen organizado, lo que incrementa de forma cotidiana los riesgos políticos, económicos y sociales para comunidades, organizaciones y empresas.
“El nuevo gobierno tiene una oportunidad para el cambio: la nueva presidenta Claudia Sheinbaum podría ejecutar una política nacional para contrarrestar el control territorial del crimen organizado por varias rutas: disolución de las bases sociales del crimen, neutralización de generadores de violencia y desmantelamiento de mercados ilícitos. Lo anterior, al considerar que la profesionalización policial, la inteligencia y la prevención social basada en evidencia fueron elementos clave para la reducción de la violencia en la CDMX, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, quien comandará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Con 889 víctimas, el proceso electoral 2023-2024 es el más violento de la historia moderna. Las elecciones, en el ámbito local, son un medio eficaz para que los grupos criminales accedan al ejercicio del poder político. Las estadísticas sugieren que, después de los comicios, existen más territorios donde los grupos criminales dictan las reglas de la vida económica y la convivencia social“.
Dos premisas para contrarrestar el control territorial del crimen organizado
Integralia señala:
“El control territorial del crimen organizado requiere atención sostenida a largo plazo. No es posible contrarrestarlo únicamente con más Guardias Nacionales. Es necesario revertir procesos profundos que facilitan la proliferación y operación del crimen, como la polarización política, la desigualdad social, la corrupción o la debilidad institucional del Estado.
“Lo anterior, demanda un amplio consenso político y social. La transformación de procesos requiere la suma de voluntades y recursos del sector político, económico y social; liderazgos de todos los partidos políticos, los tres niveles de gobierno, universidades, empresarios y organizaciones de la sociedad civil deben participar en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las estrategias. Claudia Sheinbaum cuenta con el poder político y la legitimidad social para convocar y liderar dicho esfuerzo”.
Tres acciones clave para contrarrestar el control territorial del crimen organizado
“Implementación de una estrategia de control territorial operada por la Guardia Nacional con base en inteligencia y dos pilares de acción: neutralización de generadores de violencia y desmantelamiento de estructuras operativas de grupos criminales. Bajo un enfoque reductivo y de derechos humanos es necesario atender primero a los sectores poblacionales y económicos más vulnerables en territorios prioritarios.
“Desmantelamiento de las bases sociales del crimen organizado a partir de políticas de prevención no penal del delito sustentadas en evidencia y adaptadas a las distintas realidades regionales del país. Es fundamental la creación de oportunidades que permitan a la población satisfacer sus expectativas sociales evitando que las carreras delictivas se vuelvan atractivas para el desarrollo.
“Reforma político-electoral que permita la anulación de elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado en cualquiera de sus modalidades: violencia política, imposición de candidaturas, financiamiento de campañas, movilización o desmovilización del voto, intervención en casillas”.
