La activista Socorro Quezada Tiempo impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el acuerdo del Instituto Electoral del Estado (IEE) en el que se aprobaron los registros de Alejandro Armenta Mier, Eduardo Rivera Pérez y Fernando Morales Martínez como candidatos a la gubernatura de Puebla, pues en su opinión incumple la paridad de género.
La ex diputada local, ex dirigente estatal del PRD e integrante de la Red Plural de Mujeres de Puebla promovió un juicio ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, a fin de combatir una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que confirmó el acuerdo del IEE relacionado con los registros de los candidatos a la gubernatura para el proceso electoral 2023-2024.
El expediente fue remitido a la Sala Superior, la máxima autoridad en materia electoral, donde se integró el asunto SUP-JDC-636/2024, pues la Sala Regional pidió determinar si tiene competencia para conocer y resolver el juicio promovido por Socorro Quezada.
La activista sostuvo que el acuerdo del IEE vulnera el principio constitucional de paridad de género, ya que gane quien gane la elección, será nuevamente un hombre quien gobierne el estado de Puebla, lo cual tiene un efecto diferenciado sobre las mujeres.
“Me causa agravio, debido a que, con este acuerdo, se replica todos los días en medios digitales, redes sociales y en la vox populi el discurso androcéntrico, las imágenes que circulan solo son de hombres, invisibilizando el quehacer de las mujeres y otras personas o grupos poblacionales, y si se registran imágenes de mujeres solo son porque tienen un papel secundario ya sea en vocerías o eventos “a favor” de las mujeres reforzando el machismo que vivimos laceradamente en la sociedad poblana”, alegó.
Asimismo, Socorro Quezada señaló que el acuerdo le causa agravio dado que, con la decisión de postular solo a hombres, los partidos políticos y el Consejo General del IEE están sepultando años de lucha de miles de mujeres para llegar a la paridad de género. Este principio establecido en la Constitución obliga a las fuerzas políticas a postular a mujeres en la mitad de las candidaturas.
