El Congreso del estado de Puebla iniciará formalmente el análisis de la solicitud de revocación de mandato presentada contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, quien deberá comparecer ante el Poder Legislativo para presentar pruebas de descargo y responder a los señalamientos realizados por integrantes del Cabildo.
La petición fue entregada por regidores del Ayuntamiento el pasado 19 de junio y será presentada ante el Pleno del Congreso el próximo 25 de junio para su posterior envío a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, instancia encargada de revisar la procedencia del caso.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, explicó que el procedimiento comenzará con una revisión jurídica de los documentos y pruebas anexadas por los promoventes, quienes acusan a la alcaldesa de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Entre los señalamientos contenidos en la solicitud destacan presuntas faltas de legalidad, opacidad en el uso de recursos públicos, ausencia de gobernabilidad y problemas relacionados con la tranquilidad del municipio.
De acuerdo con el legislador, una vez que la comisión analice la documentación presentada, podrá solicitar información complementaria si considera que los elementos son insuficientes para emitir una determinación. Posteriormente, la presidenta municipal será citada a una audiencia para ejercer su derecho de defensa.
Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado de Puebla. Foto: Óscar Rodríguez / EsImagen
“Si las pruebas son suficientes se inicia el proceso y se convoca al funcionario a una audiencia y ofrecer pruebas de descargo (…) el proceso no obedece a procesos políticos”, señaló Pavel Gaspar.
Congreso revisará investigaciones y auditorías
Por su parte, el director jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama, precisó que no existe un plazo definido para resolver la solicitud de revocación de mandato, ya que el análisis dependerá también de información proporcionada por otras autoridades.
El funcionario explicó que los diputados tomarán en consideración posibles investigaciones o procedimientos que puedan existir en instancias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla).
“El tema de revocación no depende del Congreso, sí la resolución, pero el proceso no (…) la simple presentación no actualiza la procedencia, revisamos la solicitud, hay anexos, pero no dictámenes”, subrayó.
Además, el Congreso prevé la realización de una auditoría extraordinaria al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio para revisar el manejo de recursos públicos y detectar posibles anomalías administrativas. En caso de encontrarse irregularidades, podrían ser llamados a comparecer funcionarios municipales y la propia alcaldesa.
Regidores mantienen exigencia de revocación
Los regidores que promovieron la solicitud afirmaron que el procedimiento legislativo seguirá su curso, independientemente de las mesas de diálogo sostenidas recientemente con autoridades estatales.
La postura fue reiterada luego de una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado, en la que se acordaron diversas acciones para atender la situación política y administrativa del municipio.
Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la ratificación de la salida del secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Alberto Domínguez López, así como la permanencia de la seguridad pública bajo responsabilidad de la Policía Estatal. También se confirmó la separación de Álvaro Cruz Martínez de la Secretaría General del Ayuntamiento.
Asimismo, se determinó la realización de una auditoría extraordinaria al gobierno municipal, la homologación salarial del personal del Ayuntamiento y la instalación de mesas ciudadanas para recibir denuncias relacionadas con la administración municipal.
Con el inicio del proceso legislativo, el Congreso de Puebla deberá analizar las pruebas presentadas por ambas partes antes de determinar si existen elementos suficientes para avanzar en un procedimiento de revocación de mandato contra la alcaldesa de Acatlán de Osorio.
