La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debería realizar una revisión administrativa sobre los señalamientos que involucran a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, por la supuesta posesión del 98% de una empresa inmobiliaria vinculada a contratos con el Gobierno estatal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que es importante verificar si dicha participación accionaria fue incluida en las declaraciones patrimoniales de la gobernadora y determinar si pudo existir un conflicto de interés derivado de las actividades de la empresa.
“Sí vale la pena investigar y revisar si esto fue declarado en sus declaraciones patrimoniales o si hay conflicto de interés por alguna acción que se haya realizado por el gobierno. Lo primero es la revisión administrativa”, expresó Sheinbaum al referirse al caso.
Reportaje detonó cuestionamientos sobre patrimonio de la mandataria estatal
La polémica surgió tras una investigación periodística publicada por SinEmbargo, en la que se señala que Maru Campos declaró poseer el 98% de las acciones de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, S.A. de C.V., sociedad relacionada con una propiedad conocida como la “Mansión Dorada”, ubicada en un exclusivo fraccionamiento de la capital del estado.
El reportaje también expone que la empresa habría celebrado contratos de arrendamiento con dependencias gubernamentales durante la administración encabezada por la gobernadora panista, lo que ha abierto el debate sobre un eventual conflicto de interés y la necesidad de transparentar el origen y manejo de esos recursos.
Hasta el momento, la mandataria estatal no enfrenta acusaciones formales relacionadas con estos señalamientos ni existe una investigación penal anunciada por el Gobierno federal sobre este tema.
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La ASF, la primera instancia para una revisión administrativa
Sheinbaum subrayó que la Auditoría Superior de la Federación es la instancia que debe encabezar una eventual revisión administrativa del caso, mientras que cualquier investigación de carácter penal dependería de la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía correspondiente.
“Lo primero es la revisión administrativa”, insistió la presidenta, al señalar que la función de la ASF permitiría determinar si hubo irregularidades en la declaración patrimonial o en la asignación de contratos relacionados con la empresa inmobiliaria.
Nuevo episodio en la confrontación política entre Chihuahua y la Federación
El pronunciamiento ocurre en medio de una relación tensa entre el Gobierno federal y la administración de Chihuahua. En semanas recientes, Maru Campos rechazó acusaciones de persecución política derivadas de las investigaciones de la Fiscalía General de la República sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la entidad.
En ese contexto, Sheinbaum ha insistido en que las indagatorias federales no obedecen a motivos partidistas y que cualquier revisión sobre el patrimonio o las actividades de funcionarios públicos debe realizarse conforme a los mecanismos legales y administrativos establecidos.
La posible intervención de la ASF en el caso de la empresa inmobiliaria abre un nuevo frente político y jurídico en Chihuahua, donde la oposición y el oficialismo mantienen un intenso intercambio de acusaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y uso de recursos públicos.
