La Justicia Federal de Brasil anunció este miércoles que bloqueará el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el ataque al Tribunal Supremo, las Cámaras del Congreso y Palacio de Planalto, sede de Presidencia, el pasado 8 de enero.
De esta manera, el despacho de Justicia avaló la solicitud de la Procuraduría General de la República. La medida busca sufragar los daños causados a la Plaza de los Tres Poderes por los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
Por ejemplo, entre los sancionados se encuentra Ademir Luis Graeff, empresario de Paraná, a quien se le decomisó un auto de lujo; mientras que a un empresario de Santa Catarina le bloquearon otros cinco vehículos. A Gran Brasil Viagens e Turismo, empresa de Minas Gerais, se le decomisaron siete autobuses.
Sin embargo, a las empresas y personas que les fueron incautados bienes podrán defenderse en un proceso judicial, que, en el caso de salir inocentes, el Gobierno de Brasil les devolverá su patrimonio.
1400 atacantes vinculados a proceso
Mientras tanto, la Corte Suprema de Brasil anunció que le otorgó prisión preventiva a 140 de los 1400 atacantes de la Plaza de los Tres Poderes. Ya que se les acusa de perpetuar un intento de golpe de Estado.
El magistrado encargado del caso, Alexandre de Moraes, señaló que estas 140 personas fueron detenidas in fraganti, por lo que se les concedió prisión preventiva, esta medida cautelar no estipula un plazo fijo para dictar una sentencia. Agregó que esta disposición se tomó para garantizar el orden público.
Señaló que los detenidos están implicados en actos de terrorismo, destrucción de predios públicos, asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático y golpe de Estado.
Por otro lado, 60 personas que estaban detenidas fueron liberadas de manera provisional, gracias a la defensa de sus abogados, aunque continúa el proceso en su contra por estas mismas acusaciones.
Los que obtuvieron su libertad condicional tienen prohibido salir del país, así como de sus ciudades de domicilio; además tendrán que acudir ante las autoridades cada semana; también, llevarán un aparato localizador en el tobillo.
La Corte de Brasil agregó que el viernes se decidirá la situación legal de más de 1200 personas que hasta este momento permanecen detenidas.
Los 1459 detenidos entre los días 8 y 9 de enero ya pasaron por sus primeras audiencias. Solo 684 personas fueron liberadas de los cargos por tratarse de personas mayores, embarazadas, enfermos o niños.
El pasado 8 de enero miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro destrozaron las instalaciones del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, pues acusaron que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se robó las elecciones, pues ganó por un margen de 2 millones de votos. Con este acto, pedían que Lula da Silva fuera destituido y se rehicieran las elecciones presidenciales.
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