Un grupo de 12 constructores fue objeto de un fraude consistente en pedirles diferentes cantidades de dinero –en su conjunto por un monto superior a los 3 millones de pesos– como condición para que les asignaran obra pública dentro y fuera del estado de Puebla, tanto del ámbito municipal como federal. Los recursos que aportaron se destinaron al financiamiento de la campaña de Guillermo Velázquez Gutiérrez, quien fue director del Instituto de Asistencia Pública del Estado (IAPEP) y es el actual candidato del PAN a diputado federal por Atlixco. Al final, a los aportantes no les otorgaron los contratos comprometidos y tampoco les devolvieron los recursos.
Los 12 constructores que fueron timados no se conocían entre ellos hasta que funcionarios del IAPEP y el propio Guillermo Velázquez los reunieron para pedirles las aportaciones a la campaña electoral. Cada uno ha buscado sus propios medios para intentar recuperar el dinero. Por lo menos tres decidieron denunciar ante la Dirección para la Atención de los Delitos Relacionados con los Servidores Públicos Procuraduría General de Justicia de Puebla, en donde las investigaciones avanzan con paso de tortuga, tal como siempre ocurre en casos en que están involucrados políticos del partido en el gobierno.
Uno de esos recursos es la averiguación previa 38/2021/DGSP, la cual se ratificó el 28 de marzo de 2012, y ahí se acusa a Guillermo Velázquez, junto con Hugo Sánchez Torres, quien fue el encargado de las farmacias del IAPEP y fue despedido hace un par de meses; junto con Víctor Manuel Aguilar Herrera, quien fue director del Panteón de la Piedad y actualmente es el encargado del Monte de Piedad. En la denuncia se acusa que los tres usaron sus cargos e instalaciones del Instituto de Asistencia Pública del Estado para cometer el fraude.
Como parte da la acusación se presentaron las copias de seis cheques, del Banco Santander, que se le expidieron a Hugo Sánchez Torres como parte de los pagos exigidos para otorgar obra pública. Abajo se presenta la copia de uno de ellos.
Lo relevante es que Hugo Sánchez Torres es cuñado Salvador Escobedo Zoletto, el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social y ex director nacional del Programa Oportunidades. Y Guillermo Velázquez es hermano del director de Obra Pública del ayuntamiento de Puebla y ex edil de Atlixco.
La historia del timo es la siguiente: El 31 de mayo de 2011, en el hotel Aristos de la ciudad de Puebla, ubicado a media calle del IAPEP, los 12 empresarios son reunidos por primera vez. Ahí Hugo Sánchez Torres, quien es hombre de todas las confianzas de Guillermo Velázquez, les ofrece que a cambio de que financien la campaña del entonces director del Instituto de Asistencia Pública del Estado les podrán conceder millonarios contratos de obra pública en Puebla y a nivel federal.
El dinero solicitado fue de 250 mil pesos por cada constructor y desde un principio les dijeron que quien más aportara tendría los contratos de mayor cuantía. Se sabe que algunos de los participantes habrían dado cantidades mayores al monto mínimo que se pidió.
Luego de ese primer encuentro, en las posteriores reuniones, se sumó Guillermo Velázquez, quien les dijo a los asistentes de que había el proyecto que en 2012 sería candidato del PAN a Senador de la República. Y que contaba con el apoyo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para ser edil de Atlixco, pues un año antes lo había hecho un lado para poner en la alcaldía de esa ciudad a Ricardo Camacho Corripio, pero el mandatario estaba arrepentido por el desempeño del actual edil, razón por la cual le había ofrecido hacerlo presidente municipal en el año 2013.
En un principio hubo desconfianza de los asistentes, hasta que días más tarde, en el Vip’s de la avenida Juárez, les presentaron las posibles obras en concreto que se podían construir. Eso animó a los asistentes a interesarse en la propuesta. A ese encuentro se incorporaron dos personas más: Víctor Manuel Herrera, que en ese entonces era director del Panteón de la Piedad, y un ingiero llamado Octavio Viveros Corona, quien era el gestor de los proyectos y supuesto enlace con áreas de la Secretaría de Desarrollo Social federal.
El asunto pintaba todavía mejor, cuando en otras reuniones, ahora realizadas en las oficinas del Panteón de la Piedad, a los constructores les presentaron en una computadora una serie de fotografías de los lugares y los proyectos de las obras prometidas. Eso hizo que surgiera el compromiso de que entre junio y julio de 2011 se depositaría el dinero, la mitad en cheques, la otra mitad en efectivo, más 17 mil pesos para tramitar los padrones de obras. De esa forma, en agosto estarían asignados los contratos.
Al llegar a los meses acordados se entregó el dinero por parte de los 12 constructores. Los recursos se guardaron en la caja fuerte del IAPEP. Como parte de ese pago se expidieron los cheques 454, 455, 456 –de la chequera de uno de los afectados– por concepto de 125 mil pesos, que el 2 de junio de 2011 se entregaron a Hugo Sánchez Torres, pues este exigía que los documentos fueran por montos pequeños.
15 días más tarde, el mismo constructor, le dio los cheques 470, 471 y 472, por otros 125 mil pesos. Siendo ejemplos de como se les entregó el dinero.
Una vez que pasó octubre no se cumplieron las promesas. Ante la insistencia de qué había pasado, empezó a surgir una actitud ríspida entre Guillermo Velázquez y el supuesto gestor de las obras Octavio Viveros, a tal grado, que frente a uno de los empresarios estafados en una ocasión discutieron y cada uno de ellos se acusó de quedarse con una parte del dinero y de no tramitar los proyectos ofrecidos.
A partir de noviembre de 2011 Víctor Manuel Herrera se negó a hablar con los constructores y posteriormente Hugo Sánchez Torres amenazó a algunos de los afectados diciéndoles que dejaran de reclamar, que se estaban metiendo contra un futuro senador –Guillermo Velázquez–, que el dinero sí sería utilizado en su campaña y que si no se tranquilizaban el Cisen iba a investigar a sus empresas para dañarlas.
Pese a esas amenazas, se sabe que la mayoría de los constructores, cada uno por su lado, está buscando por vías legales o de la presión política recuperar su dinero. A ninguno se le cumplió con los contratos prometidos. Y tampoco a ninguno se le han dado los aportes económicos.
