Cuitlatlán
Por:Fermín Alejandro García
En diciembre pasado en Amozoc, se descubrió un importante centro de almacenamiento de combustible robado. La información obtenida acerca de la manera en que operaba ese lugar, la actuación de las autoridades y los propietarios del inmueble podía abrir líneas de investigación para demostrar la colusión de miembros del ayuntamiento, de la familia de un ex alcalde y de policías municipales con las bandas de huachicoleros que operan en la región. Sin embargo por razones desconocidas no se procedió y tuvieron que pasar ocho meses para que cayeran servidores públicos de dicha comunidad dedicados a proteger a las mafias que ordeñan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Queda claro que existe una protección a las bandas de huachicoleros que va más arriba de las autoridades y los policías municipales.
Y hasta ahora, el gobierno del estado se ha resistido –por razones nada claras– a desmantelar las cúpulas de esas mafias y las estructuras financieras que se utilizan para lavar las enormes sumas de dinero que deja vender combustible robado, en un mercado negro en donde los hidrocarburos se comercializan a 60 por ciento de su precio oficial.
Por eso la intervención de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado contra un reducido grupo de policías municipales de Amozoc –que fueron detenidos en la madrugada del jueves– y probablemente contra uno o dos regidores, que están bajo sospecha, está muy lejos de ser un golpe profundo contra las mafias huachicoleros. Todo aparenta que fue un hecho casual –la detención de ocho policías municipales–, que no va a frenar el desbordado negocio del robo de hidrocarburos.
De acuerdo a lo que ha trascendido, el negocio del hurto de hidrocarburos lo empezó a desarrollar en el estado el cártel de los zetas y en los últimos años, este negocio ilícito ha sido controlado por las organizaciones Cartel Jalisco Nueva Generación y la organización de los hermanos Beltrán Leyva, además de la banda de Los Rojos, que es originaria de Guerrero y ha tenido en Atlixco su centro de operación.
Para que estos grupos actúen en territorio poblano se necesita que “compren las plazas” en donde actúan, y eso no lo hacen con pequeños cuerpos de policía de los municipios o solamente con funcionarios de los ayuntamientos.
Estos grupos delictivos se cuidan de corporaciones de seguridad con mayor poder, como son las policías estatales o federales.
Y hasta ahora no se percibe que se estén investigando los posibles vínculos de autoridades de altos niveles con los cárteles del robo de hidrocarburos. Mientras eso no ocurra no se podrá frenar dicha actividad.
Tampoco se está investigando por qué ha sido exactamente en este sexenio cuando se incrementó de manera brutal el robo a los ductos de Pemex.
En diciembre pasado en Amozoc se descubrió en un inmueble varios bidones llenos de gasolina robada, junto con una enorme cisterna de almacenamiento.
Ahí se detuvo a una pareja que cuidaba el inmueble. Los encontró la Policía Municipal.
Según cuentan los vecinos que a la pareja la habrían torturado para que acusaran a un jefe policiaco de mandar a las bandas de huachicoleros. No lo lograron.
Era parte de una lucha entre dos facciones de la Policía Municipal.
El inmueble resultó ser propiedad del hermano de un ex presidente municipal.
Mucha gente de la comunidad percibía el fuerte olor a gasolina en ese lugar. Era un secreto inocultable que ahí siempre almacenaban gasolina robada y las autoridades locales no hacían nada.
Al final solamente se procesó a la pareja que cuidaba la casa en cuestión.
¿Por qué no se investigó más?
¿Fue negligencia o protección?
