El gobierno federal ha sido rebasado por el movimiento magisterial y ante el riesgo de que los maestros disidentes impidan en algunos puntos del país el inicio del nuevo ciclo escolar, la autoridad debe asumir la firmeza que le falta y de ser preciso, usar la fuerza pública para que los menores ingresen a sus planteles y tomen clases, demandó la vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Cecilia Romero.
Tajante, la congresista acusó que el Ejecutivo Federal no ha querido cumplir su obligación de ejercer la fuerza pública ante las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por “tibieza”, por una “falsa prudencia” e incluso, por “cobardía”.
“Y digo yo, la obligación de usar la fuerza pública es del gobierno cuando es necesario. No lo ha hecho por temor, no lo ha hecho por cobardía o por tibieza, por una falsa prudencia. No es porque lo diga la iniciativa privada o lo diga quien yo diga, es obligación del gobierno usar la fuerza pública si es necesario para que se cumpla la ley, pero son timoratos, son miedosos, no se atreven a ejercer sus facultades, no se atreven a ser gobierno”, recriminó.
A escasos días del inicio de las clases, lo que debe ocurrir el próximo lunes 22 de agosto, la panista subrayó que también existe el peligro de que grupos de padres de familia molestos con la CNTE, intenten confrontarse directamente con ésta, para impedirles que bloqueen la entrada de sus hijos a la escuela.
La diputada Romero Castillo enfatizó que el siguiente lunes, la autoridad tiene la oportunidad de hacer cumplir la ley y sancionar a los profesores que no acudan a clases, o bien, retirarlos con el uso de la fuerza pública si físicamente buscan impedir el acceso a los planteles.
“Por supuesto que debe usarse la fuerza pública, y evidentemente el uso de la fuerza pública no quiere decir uso de violencia, pero parece que no entienden estas cosas y traen un temor muy grave a que se les diga represores de derechos humanos. ¡No, estamos defendiendo los derechos humanos de los niños a estudiar!”, puntualizó.
Consideró que en torno a la reforma educativa, lo adecuado es avanzar en su implementación en los hechos, a fin de hacer una evaluación sobre su grado de efectividad y en caso contrario, hacer las reformas legales que sean necesarias.
Manifestó que esa normatividad tardará muchos años en rendir frutos, porque se trata de un proceso complejo en el que deben participar maestros, alumnos, padres de familia, autoridades y la sociedad en su conjunto.
Se podrá decir que la reforma dio resultado, cuando todas las escuelas del país tengan la infraestructura necesaria, los profesores no falten a clases por ir a manifestarse contra la norma, cuando la calidad educativa a nivel nacional sea una realidad y cuando termine la corrupción en las cúpulas magisteriales.
