Las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García Cabeza de Vaca rumbo a las elecciones de 2030 enfrentan un posible impedimento constitucional, de acuerdo con la explicación ofrecida por Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.
Durante la conferencia matutina, Zaldívar señaló que una persona que se encuentre en el supuesto de prófuga de la justicia no puede ser candidata a la Presidencia de la República, una situación que, de acuerdo con sus declaraciones, podría aplicar al exgobernador de Tamaulipas.
El funcionario explicó que el artículo 38 de la Constitución contempla diversos escenarios en los que se suspenden los derechos político-electorales. Entre ellos se encuentran estar en prisión preventiva, cumplir una sentencia condenatoria privativa de la libertad, tener suspendidos los derechos mediante una sentencia, ser prófugo de la justicia y contar con una condena por determinados delitos.
¿Qué ocurre con el caso de Cabeza de Vaca?
Zaldívar precisó que una orden de aprehensión por sí sola no implica automáticamente la suspensión de los derechos político-electorales. Para considerar a una persona como prófuga de la justicia deben presentarse elementos adicionales.
Explicó que debe existir un elemento normativo, relacionado con la emisión de una orden de aprehensión, y uno material, consistente en que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. Esto implica que existan evidencias de que las autoridades han intentado localizarla o detenerla sin conseguirlo.
En el caso de García Cabeza de Vaca, Zaldívar señaló que, si tiene una orden de aprehensión, no ha comparecido ante un juez y permanece fuera del país, podría ubicarse en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y, por ello, no podría ser candidato.
El exgobernador de Tamaulipas es requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se ha solicitado a Estados Unidos su extradición.
También debe cumplir requisito de residencia
Otro de los aspectos mencionados por Zaldívar es el requisito de residencia previa en México para competir por la Presidencia. Explicó que, llegado el momento, también tendría que revisarse el cumplimiento de esta condición constitucional.
No obstante, el funcionario aclaró que una denuncia, investigación o imputación no impide por sí misma que una persona sea candidata, debido al principio de presunción de inocencia.
En caso de una vinculación a proceso, explicó, la situación depende de las medidas cautelares impuestas. Si existe prisión preventiva, pueden suspenderse los derechos; si el proceso se lleva en libertad, la persona puede conservarlos.
Zaldívar subrayó que cada caso debe analizarse de acuerdo con sus circunstancias y con la interpretación de las autoridades judiciales y electorales, por lo que las reglas no se aplican de manera automática a todos los procesos.
