Idamis Pastor Betancourt todavía no cumple dos años al frente de la Fiscalía General del Estado y ya arrastra mucho desgaste. Llegó a esta dependencia el 20 de diciembre de 2024 con 34 votos del Congreso, el discurso de la transformación y el mérito histórico de convertirse en la primera mujer en encabezar la institución, desde que se transformó en fiscalía, ya que antes Blanca Laura Villeda ocupó el cargo de Procuradora.
Su imagen creció rápidamente.
Después se fortaleció.
Luego comenzó a desmoronarse.
Hoy conserva el cargo, pero cada vez resulta menos claro cuánto conserva del poder.
Al principio, las salidas de personal fueron presentadas como una limpia. En apenas siete meses dejaron la institución 254 trabajadores, incluidos fiscales, agentes, ministerios públicos, peritos y mandos administrativos. Idamis aseguró que había encontrado redes criminales y corrupción infiltrada.
El discurso funcionó.
Hasta que la corrupción comenzó a aparecer entre la gente que ella misma llevó.
En noviembre de 2025 salieron ocho funcionarios de áreas estratégicas. Algunos procedían del Estado de México; otros habían sido compañeros de maestría de la fiscal. Las remociones ocurrieron después de que empresarios denunciaron cateos irregulares, extorsiones y amenazas con carpetas por supuesto lavado de dinero.
Idamis dijo que no eran sus amigos.
Solo los conocía, los invitó a Puebla, les entregó áreas sensibles y después tuvo que separarlos.
Nada grave.
El episodio más escandaloso fue la detención de Javier Milián Mora, propietario de Mamitas y 40 Grados. Durante el cateo, agentes ministeriales habrían sustraído dinero, relojes y joyas por varios millones de pesos. Después, un juez calificó de ilegal la detención y ordenó liberar al empresario y a sus socios.
La Fiscalía terminó investigando a la Fiscalía.
También apareció un audio atribuido a Miguel Ángel Pérez Lugo, entonces mando de la institución, en el que justificaba cobros de entre cinco y diez mil pesos para liberar vehículos asegurados. “Está barato”, se le escuchaba decir.
Barato para ellos.
Carísimo para una institución cuya única moneda debería ser la legalidad.
Idamis respondió removiendo funcionarios y anunciando investigaciones. El problema es que cuando los escándalos dejan de ser excepciones y comienzan a convertirse en método, ya no basta con despedir subordinados.
La responsabilidad política sube por la escalera.
Los resultados tampoco ayudan. Información obtenida por Transparencia mostró que las vinculaciones a proceso pasaron de 248 en 2024 a solo 61 durante 2025. Una caída de aproximadamente 75% en uno de los indicadores directamente relacionados con la capacidad del Ministerio Público para sostener sus investigaciones ante los jueces.
Menos resultados.
Más escándalos.
Y luego apareció Olga Romero Garci-Crespo.
La Fiscalía reactivó una denuncia relacionada con la herencia de Socorro Romero que ya había tenido antecedentes en 2016 y 2021. La carpeta promovida por la dirigente estatal de Morena avanzó con una velocidad desconocida para miles de poblanos que llevan años esperando una diligencia.
El asunto incluso pasó de Delitos Patrimoniales a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género.
Después vino el operativo.
Ejército, Marina, Guardia Nacional y agentes investigadores fueron movilizados para detener a Estela Romero Bringas, una mujer de 85 años, enferma y en silla de ruedas; al notario Ramiro Rodríguez Maclub y a Efrén Tlapanco Garmendia.
Una producción de película para una disputa hereditaria.
Idamis dio la cara institucional por la operación y el costo terminó alcanzándola. Activistas se manifestaron frente a la Fiscalía, solicitaron que se investigara su actuación y pidieron su posible destitución por el presunto trato privilegiado otorgado a Olga Romero.
Desde entonces, a la fiscal le han despedido colaboradores, sustituido mandos y llenado espacios con nuevos personajes. Oficialmente, todo forma parte de una reestructuración.
Políticamente, parece un cerco.
Cada nombramiento puede presentarse como una decisión de Idamis. La pregunta es cuántas decisiones todavía son realmente suyas y cuántas ha tenido que aceptar para conservar el puesto.
Nadie quiere pedir abiertamente su salida porque hacerlo implicaría reconocer el fracaso de una designación que debía durar hasta 2031. Es más cómodo reducirle el margen, quitarle operadores y esperar que sobreviva sin controlar demasiado.
Idamis Pastor sigue siendo fiscal.
Pero ya no parece mandar como fiscal.
Y en una institución encargada de perseguir delitos, no existe señal más peligrosa que una titular rodeada por los errores de su gente, las sospechas de sus aliados y los intereses de quienes descubrieron que una carpeta puede avanzar más rápido cuando lleva apellido político.
La justicia no debería cercar a la fiscal.
Pero sus decisiones ya lo hicieron.
