Hay jueces que se ganan el respeto por sus sentencias. Y hay jueces que se ganan la fama por sus calcetines. En Puebla tenemos al segundo tipo, y se llama Venustiano Islas López.
Empecemos por lo que sí quedó en actas oficiales, no en chisme de pasillo.
En el primer trimestre de 2020, cuando Islas López estaba adscrito al distrito judicial de Tepeaca, el Consejo de la Judicatura documentó que otorgó libertad bajo caución a un imputado por un delito considerado grave. Por esa “generosidad” jurídica le impusieron una suspensión de 15 días sin goce de sueldo. No es una acusación de redes sociales: está en las actas publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Antes de eso, en 2018 y 2019, su nombre ya aparecía en el radar de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dentro de una indagatoria del Consejo de la Judicatura Federal sobre presuntos vínculos de varios funcionarios judiciales poblanos, “magistrados incluidos”, con Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, señalado como operador de huachicol. Un juez rozando una investigación por robo de combustible no es precisamente el perfil que uno esperaría ver custodiando el Estado de derecho, pero en Puebla las coincidencias abundan.
Y luego llegó Ciudad Serdán, en 2022, donde Islas López encontró su verdadera vocación: la venta de calcetines.
No es broma. Como titular del Juzgado Mixto, exigía a su personal comercializar cajas de calcetines de la marca “Finat”: a 300 pesos la caja, a 50 el par, incluso en horario laboral, bajo amenaza de represalias si no cumplían la cuota. Se anunciaba él mismo como distribuidor en redes sociales. Un juez convertido en gerente de bodega, con jornada doble: por las mañanas imparte justicia; por las tardes, coloca inventario.
No fue lo único que se le acumuló ese año. Empleados lo acusaron de presentarse a laborar en estado de ebriedad, de exigirles pagos personales y de mentir en respuestas a solicitudes de transparencia: negó tener expedientes extraviados cuando, según los propios reclamos, había al menos cinco carpetas perdidas.
También se le señaló de mover personal del juzgado sin autorización del Consejo de la Judicatura, pese a instrucción expresa de no hacerlo. El Poder Judicial, fiel a su tradición de mirar para otro lado, lo respaldó inicialmente. Cuatro meses y 12 días después, sin embargo, terminó removido y reasignado a Tepexi de Rodríguez, “una especie de exilio administrativo que en Puebla equivale a un ascenso disfrazado de castigo”.
Uno pensaría que ese bonito historial (huachicol, suspensión por delito grave, explotación laboral con causa de lucro personal) bastaría para mantener a un funcionario lejos de cualquier asunto sensible.
Pero no en esta entidad, donde trasciende que la carpeta de un litigio con tintes muy politizados, el que enfrenta a la dirigente estatal de Morena,Olga Lucía Romero Garci-Crespo, “Monina”, por una herencia multimillonaria, ha terminado, según versiones que circulan en los pasillos del Poder Judicial, en manos afines a este mismo juez.
¿Casualidad? ¿Coincidencia de agendas? El lector poblano, curtido ya en estas artes, sabrá sacar sus propias conclusiones en el entendido de que, en política, no hay coincidencias.
Porque si de algo puede presumir Venustiano Islas López es de una virtud poco común entre los juzgadores: la versatilidad. Sirve para liberar presuntos delincuentes de delitos graves; sirve para que lo investiguen por presuntos nexos con huachicoleros, y sirve, sobre todo, para vender calcetines a la fuerza.
Lo único que todavía no ha demostrado, con hechos, es que sirva para impartir justicia sin condiciones.
Pero bueno, así es como se calienta una “línea” en Puebla: con un juez que ya sabe vender, y una clienta que sabe exactamente qué comprar.
