El gobierno de Rusia dio un nuevo paso en su confrontación con Pavel Durov, fundador de Telegram, al acusarlo formalmente de “colaborar con actividades terroristas”, bajo el argumento de que la aplicación de mensajería habría sido utilizada por agentes de inteligencia ucranianos y otros grupos para organizar ataques y acciones de sabotaje dentro del territorio ruso. La medida incluye su incorporación a una lista internacional de búsqueda, lo que representa una de las acciones más severas emprendidas por Moscú contra el empresario tecnológico.
De acuerdo con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la investigación sostiene que Telegram permitió la difusión y coordinación de actividades vinculadas con el terrorismo al no retirar contenido que, según las autoridades, era utilizado para reclutar personas, planificar atentados, cometer fraudes cibernéticos y facilitar operaciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania. Los fiscales aseguran que la plataforma fue empleada por servicios de inteligencia ucranianos para contactar ciudadanos rusos con fines de sabotaje.
Hasta el momento, Pavel Durov no ha emitido una respuesta pública sobre las nuevas acusaciones. Sin embargo, Telegram reaccionó de manera indirecta a través de su cuenta oficial en la red social X con una publicación que fue interpretada como un desafío a las autoridades rusas. En ocasiones anteriores, el empresario ha sostenido que las acusaciones en su contra forman parte de intentos para limitar la privacidad de los usuarios y aumentar el control estatal sobre las comunicaciones digitales.
El caso se desarrolla en medio de una relación marcada por años de confrontación entre Durov y el Kremlin. En 2018, Rusia intentó bloquear Telegram luego de que la empresa se negara a entregar claves de cifrado y datos de usuarios a los servicios de seguridad. Aunque el veto fue levantado posteriormente, las tensiones nunca desaparecieron y se intensificaron tras el inicio de la guerra en Ucrania, cuando la plataforma se convirtió en uno de los principales canales de información utilizados tanto por autoridades rusas y ucranianas como por periodistas, analistas y ciudadanos.
La ofensiva contra Telegram también coincide con el impulso del gobierno ruso para promover MAX, una aplicación de mensajería respaldada por el Estado y concebida como alternativa a los servicios extranjeros. Diversos analistas consideran que las acciones judiciales contra Durov forman parte de una estrategia más amplia para reforzar el control sobre el ecosistema digital ruso y reducir la dependencia de plataformas independientes.
Paralelamente, Durov enfrenta un proceso judicial en Francia, donde continúa siendo investigado por presunta falta de cooperación con las autoridades en casos relacionados con actividades ilícitas cometidas a través de Telegram, entre ellas delitos vinculados con explotación infantil y narcotráfico. No obstante, las investigaciones francesas son independientes de las acusaciones formuladas por Moscú y responden a marcos legales distintos.
La decisión del Kremlin ha generado nuevas críticas de organizaciones defensoras de los derechos digitales, que advierten sobre el creciente endurecimiento del control gubernamental sobre internet en Rusia. Al mismo tiempo, especialistas subrayan que Telegram continúa siendo una herramienta de comunicación ampliamente utilizada dentro del país, incluso por funcionarios, militares y medios afines al gobierno, lo que evidencia la complejidad del papel que desempeñan las plataformas tecnológicas en conflictos armados y escenarios de alta tensión política.
