El desperdicio de alimentos continúa siendo uno de los mayores retos para México, donde cada año se pierden y desperdician alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos, equivalentes a 34% de la producción nacional, mientras millones de personas enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria. El fenómeno no solo representa un problema social, sino también económico y ambiental, al implicar pérdidas por cientos de miles de millones de pesos y un elevado impacto sobre los recursos naturales.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta cantidad de alimentos desperdiciados genera 36 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, consume cerca del 40% del agua utilizada para la agricultura y representa un costo económico superior a 400 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, 27.5 millones de personas en México viven en condiciones de inseguridad alimentaria, lo que evidencia la contradicción entre el desperdicio y la necesidad alimentaria existente en el país.
Foto: Leslie Flores / EsImagen
El problema se presenta en toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola y el transporte hasta la comercialización y el consumo en hogares, restaurantes y establecimientos. A nivel mundial, la FAO estima que alrededor del 14% de los alimentos se pierde antes de llegar al consumidor, mientras que otro 19% se desperdicia en comercios, servicios de alimentación y hogares, una situación que impacta directamente en el cumplimiento del objetivo de Hambre Cero de la Agenda 2030.
Una problemática con impacto económico y ambiental
Especialistas coinciden en que el desperdicio alimentario implica mucho más que tirar comida a la basura. Cada alimento desechado representa también agua, energía, fertilizantes, mano de obra, transporte y recursos económicos desperdiciados, además de incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su producción y descomposición.
La FAO advierte que entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están relacionadas con la pérdida y el desperdicio de alimentos, por lo que reducir estas prácticas constituye una de las acciones más efectivas para enfrentar el cambio climático y mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
Gobierno, empresas y consumidores, actores clave
Ante este panorama, organismos internacionales y autoridades mexicanas impulsan estrategias para rescatar alimentos aptos para el consumo, fortalecer bancos de alimentos, mejorar la logística de distribución y fomentar hábitos de consumo responsables.
Uno de los casos más representativos es el de la Central de Abasto de la Ciudad de México, considerada el mercado mayorista más grande de América Latina, donde se desarrollan programas para recuperar productos que aún pueden consumirse y destinarlos a personas en situación de vulnerabilidad, reduciendo al mismo tiempo la generación de residuos orgánicos.
Asimismo, la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, publicada en México, incorpora principios para prevenir el desperdicio de alimentos, promover un mejor aprovechamiento de la producción y garantizar el derecho a una alimentación suficiente y nutritiva.
Reducir el desperdicio, una meta pendiente
La ONU y la FAO sostienen que disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos es indispensable para fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la presión sobre los recursos naturales y avanzar hacia sistemas de producción más sostenibles.
Especialistas consideran que alcanzar ese objetivo requerirá una mayor coordinación entre gobiernos, productores, distribuidores, comercios y consumidores, así como políticas públicas que incentiven el rescate de alimentos, mejoren la infraestructura de almacenamiento y promuevan una cultura de consumo responsable. En un país donde millones de personas aún enfrentan dificultades para acceder a una alimentación suficiente, cada tonelada de alimentos recuperada representa una oportunidad para combatir el hambre y reducir el impacto ambiental.
