Carlos Eduardo Ramos es un empresario poblano que en su momento era líder en el ramo restaurantero y de discotecas, no solo en Puebla sino en varias partes del país. De manera sorpresiva, en el año 2023, todo se acabó para él, pues fue detenido y lo señalaron de ser parte del crimen organizado, lo cual derivó que pasara casi un año en la cárcel. Hace unos días logró una sentencia definitiva en la que lo absuelven de todos los cargos y se exhibe cómo el sistema judicial permite inventar procesos penales graves, sin que se tenga el sustento jurídico.
Los problemas reales de este empresario se reducen a que en el periodo crítico de la pandemia de COVID-19 tuvo que cerrar sus negocios por una orden oficial, dejó de tener ingresos y no pudo afrontar un crédito abusivo de un fondo de inversión extranjero.
Era un asunto que se debía resolver con un juicio civil, pero por un tema de tráfico de influencias el proceso legal lo plantaron ilegalmente por la vía penal y, por si fuera poco, lo señalaron de ser parte del crimen organizado, sin que hubiera la más mínima prueba en ese sentido.
Tres años le costó obtener un fallo judicial que reconoce los abusos en su contra, pues un juez estableció que nunca hubo dolo de su parte en haber dejado de pagar una parte de un crédito que no pudo solventar a causa de la parálisis económica que hubo durante la emergencia sanitara de COVID-19.
El abuso judicial
Eduardo Ramos es originario de la ciudad de Puebla y creció en la colonia San Manuel. Al llegar a la edad adulta empezó a incursionar en los negocios y en un lote baldío, ubicado atrás de la Universidad de las Américas, puso su primer establecimiento, que era una discoteca llamada La Roca, que se volvió muy exitosa entre estudiantes de colegios privados.
Eso le permitió al paso de los años crear el grupo empresarial Entre Fuegos que, en el caso de Puebla, llegó a tener restaurantes grandes como La Textilera y La 3ª Ronda. Al mismo tiempo, se empezó a expandir a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y principalmente a Cancún, en donde tuvo su mejor desarrollo.
En el año 2019, Ramos recurrió a Baransi, una sociedad financiera de objeto múltiple que se especializa en otorgar créditos a corporativos de pequeñas y medianas empresas, con la que contrató un crédito.
Con ese préstamo pretendía renovar las cocinas de 12 restaurantes, perteneciente al Grupo Entre Fuegos, que en ese entonces tenían en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y en Cancún. Además, quería terminar un edificio ubicado frente la Estrella de Puebla.
Todo iba bien, hasta que en el año 2020 se desata la emergencia sanitaria de COVID-19 y por disposición del Gobierno federal se tuvieron que cerrar los restaurantes de dicho grupo empresarial. Un año más tarde, solo les permitieron funcionar a un tercio de su capacidad.
Una situación complicada porque se dejaron de tener ingresos económicos y Eduardo Ramos tuvo que responder a responsabilidades laborales con mil 400 trabajadores.
Para finales de 2021, se buscó reestructurar la deuda con Baransi, empresa a la que nunca se le dejó de pagar. El problema es que se le erogaban montos que estaban debajo de las cantidades de dinero programadas.
El 28 de febrero de 2023, cuando Carlos Eduardo Ramos salía de uno de sus negocios fue detenido por agentes ministeriales, pese a que tenía un amparo a su favor que supuestamente lo libraba de ser aprehendido.
Lo acusaron de los delitos de fraude y de abuso de confianza.
Por tratarse de un asunto relacionado con el pago incompleto de un crédito, el juicio en su contra tenía que haber sido mercantil y sin que lo privaran de su libertad.
Ocurrió todo lo contrario, lo encarcelaron, le iniciaron un juicio penal y lo señalaron de ser parte del crimen organizado.
De pronto, en medios de comunicación de Puebla y de Cancún “se regó como pólvora” la versión de que el empresario estaba detenido por ser parte de las mafias relacionadas con delitos de alto impacto.
Durante el año que estuvo en la cárcel, su proceso no avanzó nada. No lo sentenciaron y nunca se agotó el periodo de la presentación de pruebas.
Tras una ardua lucha legal, le permitieron enfrentar en libertad el juicio iniciado en su contra.
Y hasta apenas hace unos días, ha logrado una sentencia absolutoria, pues un juez estableció que nunca hubo dolo de su parte al dejar de pagar el crédito. Eso implicó que no procedieran las acusaciones por fraude y abuso de confianza.
Por el asunto de crimen organizado, nunca presentaron alguna prueba o alegato en su contra.
Además, consiguió que se frenara la pretensión de la empresa que le concedió el crédito que le cobrara réditos no justificados por más de 100 millones de pesos.
Todo hace suponer que las anomalías cometidas en el juicio fueron por un tráfico de influencias de quien le prestó el dinero.
Un asunto que le hizo perder todo: negocios, capital y sufrir graves problemas familiares.
