El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo aseguró que jurídicamente no es viable concesionar los pozos comunitarios de agua potable a la empresa Agua de Puebla para Todos, debido a que la propia Ley General de Aguas reconoce el carácter social y comunitario de estos sistemas de abastecimiento.
El legislador explicó que el Capítulo Tercero de la Ley General de Aguas, particularmente los artículos 40, 41, 42 y 43, establece el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua potable y saneamiento ubicados fuera de la cobertura de organismos municipales, intermunicipales o metropolitanos.
Con ello, pueblos, comunidades y juntas auxiliares pueden administrar de manera directa pozos comunitarios destinados al uso doméstico y personal, siempre bajo un esquema sin fines de lucro.
💧 #Puebla | ¡En defensa del agua! @acarvajalh Hidalgo anunció que jurídicamente no es posible concesionar los pozos de agua potable en la entidad. ⚖️🚫
El argumento señala que, al ser pozos comunitarios, su concesión implicaría que pasaran a formar parte de la empresa… pic.twitter.com/Qxh3lC1NQe— RETO diario (@retodiariomx) May 11, 2026
Carvajal Hidalgo señaló que este reconocimiento legal tampoco implica que dichos sistemas puedan incorporarse al título de concesión de Agua de Puebla ni ser transferidos a empresas privadas, ya que históricamente los pozos han sido construidos y financiados por las propias comunidades.
No obstante, precisó que estos sistemas sí deberán sujetarse a mecanismos de regulación y supervisión relacionados con la extracción del agua, monitoreo de calidad, transparencia en el cobro de cuotas y rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar un uso sustentable y equitativo del recurso hídrico.
En ese sentido, sostuvo que ni el Ayuntamiento de Puebla ni la concesionaria tendrían facultades para absorber o administrar los pozos comunitarios, debido a que la legislación federal protege su operación comunitaria y social.
Senado realizará foro sobre Ley General de Aguas
El diputado también informó que el próximo 14 de mayo se llevará a cabo en el Senado de la República el foro “Avances de la Ley General de Aguas”, organizado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
Durante el encuentro participarán especialistas técnicos de la Comisión Nacional del Agua y legisladores federales en mesas de trabajo enfocadas en ordenamiento de concesiones, sistemas comunitarios y uso agrícola del agua.
Economía mexicana mantiene bajo crecimiento
En otro tema, Carvajal Hidalgo advirtió que la economía mexicana mantiene un desempeño débil, luego de registrar un crecimiento anual de apenas 0.2% durante el primer trimestre de 2026.
El legislador indicó que México retrocedió del lugar 13 al 15 en el ranking de economías elaborado por el Fondo Monetario Internacional, mientras que las metas de crecimiento planteadas en el denominado Plan México aún se encuentran lejos de cumplirse.
Entre los factores que afectan el desempeño económico mencionó la desaceleración en sectores estratégicos como la manufactura y la industria automotriz, además de las tensiones arancelarias internacionales y la caída de la inversión, que acumula 17 contracciones anuales consecutivas.
Asimismo, señaló que la incertidumbre global derivada del conflicto en Irán y los cambios institucionales internos han generado presión sobre la inversión y el empleo.
Ante este panorama, consideró necesario impulsar esquemas de inversión mixta, acelerar proyectos de energías renovables y fortalecer la posición de México rumbo a la revisión del T-MEC.
Proponen aplazar elección judicial hasta 2028
Respecto a la reforma judicial, Alejandro Carvajal informó que el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa para aplazar hasta 2028 la elección de jueces y magistrados.
La propuesta, respaldada por declaraciones atribuidas a la presidenta Claudia Sheinbaum, busca evitar que el proceso coincida con las elecciones intermedias de 2027, cuando también se renovarán diputaciones federales, gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos.
Según Ramírez Cuéllar, el objetivo es contar con más tiempo para perfeccionar el nuevo modelo de elección judicial, establecer filtros más rigurosos para las candidaturas y fortalecer la información que recibirá la ciudadanía antes de emitir su voto.
