La batalla legal por una fortuna millonaria en Tehuacán, Puebla, entró en una fase decisiva, luego de que un juez confirmara que la empresaria Estela Romero Bringas y el notario Ramiro Rodríguez deberán enfrentar un proceso penal por presunto fraude, en un caso que reaviva una disputa familiar que lleva más de una década y que gira en torno al testamento de Socorro Romero Sánchez.
La resolución se dio tras la audiencia celebrada ayer en Tehuacán, donde la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para que ambos enfrenten el proceso penal por la presunta falsificación de un testamento que involucra una fortuna estimada en 600 millones de dólares.
Medidas cautelares y avance del caso
Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó que Estela Romero Bringas acuda a firma periódica mensual, mientras que el notario deberá hacerlo cada 15 días. Además, ambos están obligados a entregar sus pasaportes y documentación notarial considerada clave para la investigación.
Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) y las partes involucradas podrán aportar nuevas pruebas.
Inicialmente, tras su detención el pasado 9 de abril en operativos coordinados por fuerzas federales y estatales, se les había impuesto arraigo domiciliario; sin embargo, esta medida fue modificada durante el proceso.
La audiencia presentó interrupciones debido al estado de salud de la empresaria, de 85 años, quien requiere oxigenoterapia permanente.
El origen del conflicto
El caso se remonta a la muerte de Socorro Romero Sánchez en diciembre de 2009. La empresaria, fundadora de un emporio avícola, dejó como heredera universal a su sobrina, Estela Romero Bringas.
No obstante, desde 2012 otros familiares han impugnado la autenticidad del testamento, al señalar posibles irregularidades en su elaboración, presuntamente firmado dos días antes del fallecimiento.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían alterado el documento testamentario para apropiarse de inmuebles, acciones y empresas vinculadas al grupo empresarial.
Denuncias y disputa familiar
La denuncia fue promovida por Olga Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena, quien acusa la falsificación de firmas y diversas inconsistencias en el proceso testamentario.
En contraste, la defensa de Estela Romero ha sostenido que el conflicto ya había sido resuelto en 2023 y atribuye la reactivación del caso a nuevos intentos por impugnar el testamento.
“Pareciera que tenemos herederos que pretenden impugnar el testamento desde el 2009. Ha sido una conducta reiterada y es por ello que la familia se ha visto envuelta en este tema de cuestiones judiciales”, declaró el abogado Adolfo Pérez Velázquez.
Por su parte, Olga Romero Garci-Crespo rechazó que el caso tenga tintes políticos y pidió evitar especulaciones: “es desinformación y querer politizar un asunto que no es politizable”.
Un litigio complejo y de alto impacto
El caso ha cobrado relevancia no solo por el monto de la herencia, sino por su complejidad legal y los múltiples procesos judiciales que ha generado durante más de una década.
Con la vinculación a proceso, el litigio entra ahora en una etapa clave en la que se determinará si existen pruebas suficientes para llevar a juicio a los implicados, en medio de una pugna familiar, económica y política en Puebla.
