En el Poder Judicial poblano no se percibe un interés mínimo de combatir los despojos inmobiliarios sino por el contrario, pareciera que hay una protección a las mafias que cometen tales ilícitos. Una muestra es la siguiente: a principios del año 2024 un juez se negó a procesar al acusado de invadir los terrenos de la ex fábrica textil de La Covadonga y hace unas semanas los propietarios ganaron un amparo obligando a reponer el procedimiento, por la parcialidad del togado, pero de manera sorprendente, el Poder Judicial vuelve a asignar al mismo juzgador para que se encargue del caso.
Eso sin contar que el juez tardó dos años en judicializar la carpeta de la investigación por la invasión de 8.5 hectáreas de la exfactoría, que se creó en 1897 y ahora en lugar de ser un lugar emblemático de la industria textil, es un sitio que ha sido objeto de varios despojos.
Enrique López Criollo es el juez que está en medio de esta polémica, pues fue quien se negó a proceder contra el principal autor de la invasión de La Covadonga y ahora, de manera anómala, lo vuelven a poner al frente del caso para determinar la responsabilidad penal del acusado de apropiarse de los predios de la ex factoría.
Lo correcto era nombrar a un nuevo juez para hacerse cargo de dicho asunto, sobre todo porque un tribunal colegiado del ámbito federal determinó que fue incorrecto no vincular a proceso al principal responsable del despojo de los predios.
Solo por no encontrar la calle en el mapa
Todo inició cuando un grupo armado se apoderó de más de ocho hectáreas de La Covadonga el 9 de abril de 2023.
De inmediato, los directivos de la Fundación Julita y Antonio –que es propietaria de los terrenos de la ex fábrica textil de La Covadonga– interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, misma que integró una carpeta de investigación en donde se señala a Jorge N. como el presunto autor del delito de despojo.
Once meses más tarde, el juez Enrique López Criollo decidió no vincular a proceso a Jorge N., pero no porque no hubiera pruebas en su contra, sino por una nimiedad.
Resulta que la calle en donde están domiciliadas las hectáreas en cuestión antes se llamaba Antigua Carretera Federal a Tlaxcala y en años recientes, el Ayuntamiento de Puebla le cambió el nombre de Emilio Carranza.
En ese sentido, el juez indicó que no podía localizar en un mapa la calle en donde la denuncia indicaba que se había cometido el despojo, razón por la cual decidió que no había motivos para proceder contra el presunto autor de la invasión de tierras.
Con ello desechaba todas las evidencias que había, desde testimonios de cómo se cometió de manera violenta el despojo, así como imágenes de la invasión y se aportaban datos de cómo los autores del ilícito habían lotificado las tierras y estaban vendiendo los predios, engañando a los compradores al hacerles creer que son los auténticos propietarios.
Luego del fallo del juez López Criollo, la parte agraviada presentó un recurso de apelación ante la Décima Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Poder Judicial de Puebla, misma que declaró el caso sobreseído.
Ante ese fallo, la Fundación Julita y Antonio inició un juicio de amparo directo. En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito les dio la razón a los quejosos, por lo cual ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio.
El asunto regresó a la cancha de la misma sala del Poder Judicial de Puebla, que declaró improcedente el fallo de calificar sobreseído el juicio, pero no vinculó a proceso al responsable de la invasión.
Otra vez la Fundación Julita y Antonio recurrió a un juicio de amparo indirecto, mismo que ganó el 9 de enero de este año.
Con este último fallo, se le ordena a la Décima Primera Sala del Poder Judicial de Puebla que haga los siguientes cambios: que se revoque la resolución del juez Enrique López Criollo en la que no vinculó a proceso a Jorge N. y se dicte un nuevo resolutivo, tomando en cuenta todas las pruebas que aportó el Ministerio Público contra el presunto autor de la invasión de tierras.
Lo que parecía ser un atisbo de que ahora sí se haría justicia, resultó ser un episodio oscuro del Poder Judicial poblano porque se volvió a nombrar al juez Enrique López Criollo para que emita un nuevo fallo.
Todo hace suponer que la designación del nuevo juez fue una gestión que lograron los abogados del presunto responsable del despojo.
Es decir, en el Poder Judicial le hacen más caso al acusado que a las victimas de un delito.
